La orden del 18 de julio sobre la promoción directa de viviendas

Del Equipo Lur

Dentro de la economía de mercado no existe solución al problema de la vivienda de las capas de población con menores recursos. La iniciativa privada no tiene en cuenta para nada el que la vivienda sea un bien indispensable, residiendo su interés en la acumulación de beneficios a partir de las capas más solventes. Esto hace qué, en épocas de crisis económica como la actual, la intervención estatal sea un requisito imperioso para atender no sólo a las necesidades de alojamiento de parados, jubilados, chabolistas, sino también para amplios sectores de la población trabajadora, para quienes la adquisición de una vivienda supone empeñarse a largo plazo.

El respaldo del Estado supone la formulación de programas según necesidades concretas de acuerdo con unos plazos de tiempo y prioridades establecidas, la dedicación de presupuestos a corto y medio plazo y una gestión pública para ejecutar los planes. Pero es que, además, la promoción estatal directa es la única vía de vivienda barata, puesto que el precio debe ser igual al coste de construcción y la financiación puede ser a largo plazo, contándose con créditos baratos y subvenciones a fondo perdido.

A pesar de las múltiples razones que se podrían añadir, lo cierto es que la promoción directa ha sido relegada desde la aparición del Plan de Viviendas Sociales en el verano del 76. Para el ministro Lozano, padre del Plan, la intervención directa del Estado era paternalismo propio de regímenes autoritarios. Para su sucesor, Garrigues, en una economía liberal no es lícita la competencia del Estado con la empresa privada, siendo causa de la inflación y freno del desarrollo económico: los reducidos presupuestos del Estado sólo permiten aliviar las condiciones de financiación.

El Plan de Viviendas Sociales recogía estos criterios. Pero el fracaso estrepitoso del mismo, debido al desinterés de los agentes privados de llevarlo a cabo como banca y promotores, a lo que hay que añadir el rechazo de estas viviendas por los barrios populares, ha obligado a los poderes públicos a dar otra respuesta a un tema tan extenso, acuciante y conflictivo, después de dos años de acumular error tras error.

Desgraciadamente, la orden ministerial del BOE del 18 de este mes sobre la promoción directa no supone ningún compromiso para el Estado sobre el tema. A los ocho meses de firmados los pactos de la Moncloa, en los que se recogía la intención de intensificar la promoción directa, pero sin especificar las bases sobre las que se desarrollaría, ni trazar un programa fijando condiciones o plazos de tiempo, la concreción de los pactos en este tema no va más allá de fijar el precio del metro cuadrado construido. Todo lo demás queda en la más absoluta discrecionalidad del Instituto Nacional de la Vivienda.

Si tenemos en cuenta que en el tiempo transcurrido desde los pactos no había ningún tipo de reglamentación sobre la promoción directa, pues tan sólo se ha actualizado en el mes de febrero el precio de los módulos de la legislación que había sido derogada por el decreto de las viviendas sociales y, por otra parte, que el Ministerio se ha visto obligado a calificar de promoción directa a la recompra de viviendas sociales a empresas privadas, vemos la necesidad de englobar en un marco legal promociones aisladas en marcha. Por lo demás, con los 53.000 millones aprobados en presupuesto especial para la promoción directa en los próximos tres años para todo el país, es imposible atender ni tan siquiera las necesidades más urgentes.

Entrando ya en un análisis más en detalle del contenido de la orden ministerial del BOE de 18 de julio, podemos señalar los siguientes aspectos:

a) Se ha tratado el tema con menor entidad legal que el Plan de Viviendas Sociales, regulado por decreto-ley.

b) El módulo fijado es muy alto, resultando para Madrid provincia un precio de 17.745 ptas /M.2 construido, sin incluir los equipamientos.

c) Las subvenciones son a libre criterio del INV, pudiendo llegar al 30%.

d) No se fijan plazos de financiación, establecida en un 75% sin interés y un 25% a un 5% de interés.

e) Se marca un tope para las viviendas en alquiler de un 2% como mínimo del precio de venta, con lo que quedarán excluidas las familias con menores medios.

Como exponíamos al comienzo, la promoción directa debe significar para conseguir una vivienda barata un precio igual al coste de construcción, lo que no parece que entiendan así los responsables del gabinete Garrigues. Comparando el precio fijado con el de las viviendas sociales, vemos que es ligeramente inferior, cuando estas viviendas habían sido denunciadas reiteradamente como caras. Pero es que, además, en los últimos seis meses supone el nuevo módulo de promoción directa un aumento de nada menos que del 55 % (11.440 en enero, 13.454 en febrero, 17.745 en julio). Las razones que pudieran haber motivado la aparición del nuevo módulo resultan claras después de una descomposición de costes. Utilizando precios medios actuales de unas 11.500 ptas/m2, construido y una repercusión de la urbanización de unas 800 ptas/m2 la diferencia de estas cantidades con el módulo fijado supone un 30% del mismo. Aunque esta cifra se debe entender con un cierto margen, por ejemplo, entre el veintitrés y 30%, las conclusiones que podemos sacar son de varios tipos:

- Que el INV no da realmente ninguna subvención al haber inflado el precio de la vivienda.

- En el caso de viviendas promovidas por empresas privadas o mixtas y recompradas, este excedente iría a cubrir los gastos de promoción de las mismas.

- Si el INV cuenta con suelo cedido gratuitamente, o adquirido a bajo precio por expropiación forzosa, le queda en sus manos una cierta cantidad para comprar nuevo suelo a precios de mercado y potenciar las operaciones de compraventa de solares.

Estos son los aspectos más relevantes de una orden ministerial que supone un fraude a las aspiraciones de los trabajadores, que reclaman la intervención del Estado en el tema para conseguir una política de vivienda barata. Pero ni el Estado está dedicando fondos a la misma ni es capaz de parar las subidas de los precios. Esto nos parece consecuencia de que la política actual prioriza la reactivación del sector garantizando los beneficios de los promotores con ayudas públicas. En segundo lugar, a que se dedican los recursos públicos a potenciar un mercado de lujo o semilujo (protegidas del grupo I y de renta libre hasta 125m2). Pero el también consecuencia de una política de los partidos de izquierda parlamentaria de pactos y de consenso sin denunciar ni ofrecer ningún tipo de resistencia a los intereses capitalistas en el sector. Y dentro ya del movimiento ciudadano, es de reseñar la absoluta parálisis de la Federación de Asociaciones, quien después de dos años presenta ahora su primera batalla contra Visomsa, exigiendo su disolución, pero sin ofrecer ningún tipo de alternativa ni tan siquiera pedir la derogación del dedreto de Viviendas Sociales.

En esta situación está claro que ante la omnipotencia del INV para resolver a su antojo en cada caso, o al no haber garantías ni medidas de ningún tipo, las condiciones concretas que consiga cada barrio serán consecuencia de su lucha en defensa de un derecho Intocable, pero que la Constitución política deja en un tópico plano humanitario por encima de los intereses de las distintas clases sociales.