Frente común de UCD y AP contra la sindicación y afiliación política de los jueces

Unión de Centro Democrático y Alianza Popular se unieron ayer para hacer fracasar todas las tentativas de socialistas, comunistas y de la Minoría Catalana de introducir en la Constitución el derecho a sindicarse y a afiliarse a partidos políticos de jueces, magistrados y fiscales.

Abrió el debate el socialista Ruiz Mendoza, quien defendió una enmienda en el sentido de que los jueces y magistrados no pudieran desempeñar cargos directivos de partidos políticos pero sí afiliarse a ellos o sindicarse. Explicó que para los socialistas los jueces y magistrados son funcionarios y analizó el derecho de éstos a la sindicación al través de la historia. Dijo que en Francia se había reconocido ya y que, si bien era cierto que España iba siempre a remolque, era el momento oportuno para imitar a este país. «Los magistrados son unos funcionarios más -añadió- que entran por oposición y que tienen un escalafón. Son hombres preparados, hombres con carrera; ¿por qué dudamos de su integridad moral?»El señor Ruiz Mendoza dijo que en otro artículo de la Constitución se reconocía a todos los españoles el derecho a sindicarse, excepto a los militares, «lo que nos parece bien porque en el estamento militar opera la disciplina, pero en el judicial no debe operar este principio, si no el de respeto al ordenamiento jurídico». Señaló más adelante que llevando a su extremo el razonamiento de UCD, contraria a la afiliación de los jueces, habría que prohibirles también que tuvieran creencias religiosas «porque si un juez es musulmán, puede condenar a un cristiano, o viceversa».

En contra de esta propuesta intervino Manuel Fraga, de Alianza Popular, quien rechazó la idea de justicia de clase y dijo que los -servidores de la justicia no son defensores de ninguna clase social en concreto. «Son hombres revestidos de símbolos -añadió- que pasean solos en los pueblos y no van al casino. Hombres que se mantienen por encima de toda sospecha.» El señor Fraga dijo que la justicia es a como la mujer del César, que no sólo tiene que ser honrada, sino parecerlo. «Los jueces no, pueden pertenecer a partidos ni a sindicatos -terminó- La Constitución les deja la puerta abierta para que puedan crear asociaciones profesionales.»

El Grupo Comunista defendió una enmienda similar a la del Socialista, cuya exposición corrió a cargo del señor Solé Barberá. Afirmó que la prohibición a sindicarse no se extendía a las fuerzas de orden público, «garantes de las libertades públicas»,o a los miembros del Tribunal Constitucional. Mencionó al movimiento de Justicia Democrática y acudió en defensa de sus argumentos a una cita de don Juan Carlos de Borbón en la que el Rey de España hacía una invitación a la sindicación y asociación en términos generales.

Unión de Centro Democrático se mostró resueltamente en contra de las enmiendas formuladas. El diputado Gil Albert señaló que no se había expuesto ninguna justificación suficiente ni existía solvencia en los argumentos esgrimidos hasta ese momento en defensa de la sindicación. «No estamos negando de manera arbitraria un derecho a ciudadanos preeminentes, y admitimos la coincidencia de militancia política - integridad profesional», afirmó. Según Gil Albert, el problema no reside en los jueces, sino en el justiciado, en el Impacto psicológico que produciría en los españoles la idea de la militancia política de los miembros de la carrera judicial. «Es injusto que se diga que existe por nuestra parte una discriminación -añadió-, porque en las mismas enmiendas que aquí se han defendido se dice que no se les permitirá desempeñar cargos directivos en los partidos políticos y eso supone ya un trato especial.»

La última tentativa fue realizada por Miguel Roca, de la Minoría Catalana, quien solicitó que se reconociera el derecho a la sindicación y a la afiliación política por coherencia constitucional. «En el artículo 6 hemos dicho que los partidos son un instrumento de participación política, y en el 26 se ha constitucional izado el derecho de todos a sindicarse», dijo. El diputado catalán afirmó que quería jueces sólidos, libres y arraigados en la sociedad en la que ejercitan su alta función, «jueces que puedan pasear por donde quieran y que no tengan un carril especial para ellos».

Las enmiendas socialista y comunista fueron derrotadas por 170 votos en contra, 133 a favor y una abstención. Igual suerte corrió la enmienda catalana, que obtuvo 162 votos en contra, 133 a favor y una abstención. A petición del Grupo Socialista se votó por separado la frase del dictamen de la Comisión por la que se prohíbe a los jueces, magistrados y fiscales ejercer este derecho. Esta frase fue aprobada por 167 votos a favor, 133 en contra y una abstención, mientras que el resto del apartado y del artículo obtuvo unanimidad.