Hacia una nueva política hidráulica

Diputado del PSOE

España ha ocupado en varias épocas un lugar prominente por sus obras y aprovechamientos hidráulicos. Las presas y acueductos romanos acreditan un adelanto en estas realizaciones superior al de otros países del imperio. Durante la dominación musulmana, los regadíos se desarrollaron y alcanzaron un gran florecimiento. Pero fue en el Renacimiento cuando España ocupó, sin duda, el primer lugar en la ingeniería hidráulica. De esto dan prueba las presas de Almansa, Tibi, Relleu y Alicante en la vertiente mediterránea y las de Castellar, Feria, Zalamea, y otras varias en Extremadura, así como los canales de Castilla e Imperial de Aragón, ambos para navegación y riego.

En tiempos de la Ilustración, se reanudan las actividades hidráulicas descuidadas por los últimos Austrias. Al final del siglo pasado se renueven estas actividades; y ya en el actual, tras las predicaciones de Costa y los planes de Gasset, se inicia la etapa de trabajos hidráulicos que con algunas detenciones, pero ritmo creciente, llega hasta nuestros días.

Como hito importante de esta etapa hay que señalar la creación en 1926 de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ideada por Lorenzo Pardo y establecida por el ministro Guadalhorce. Poco después se establecían Confederaciones análogas en las cuencas del Duero, del Guadalquivir y del Segura. Con la creación de estos organismos para resolver los problemas de una cuenca con visión de conjunto, España se adelantó a Estados Unidos, cuya «Autoridad del Valle de Tennessee», muy celebrada por la magnitud de sus obras y por el poderío e influencia de aquel país, fue fundada en 1932, seis años después que la Confederación del Ebro.

En los primeros años de la República, siendo ministro Indalecio Prieto, se formula el primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas, bajo la dirección de Lorenzo Pardo; se intensifican estas obras y se extienden a todas las cuencas españolas, incluso a las más olvidadas. En 1932 comienzan los estudios y obras en el Guadiana desde la presa de Cijara a la frontera portuguesa, anunciados más tarde como «Plan Badajoz».

Después de la guerra civil y, especialmente, a partir de los años cincuenta, tuvo lugar una reactivación de los trabajos hidráulicos, tan intensa como desfasada en ciertos aspectos con respecto a las modalidades de la época. El agua se había convertido ya en el elemento natural más escaso y los conceptos y técnicas de su explotación y empleo habían cambiado radicalmente. Sin embargo, el aprovechamiento de los recursos hidráulicos se abordaba únicamente por medio de grandes construcciones para regular y transportar las aguas de superficie.

Como ingeniero hidráulico, estoy satisfecho de los avances logrados en mi especialidad pero lamento la postergación de otras técnicas ya por entonces aplicadas en países cuya competencia en materia de aguas tenían menos tradición que la nuestra.

Según un informe reciente de Obras Públicas, el riego consume de un 85 a un 90% del agua utilizada en las cuencas de la Península (con excepción de las vertientes cantábrica y galaica), mientras que del 15 y el 10% restante se dedica a suministros urbanos, industriales y otros usos. Esta absorción por los regadíos de la mayor parte de los caudales disponibles es común a otras cuencas en paises con clima y desarrollo parecidos a los nuestros, por lo cual sus técnicos han concentrado sus esfuerzos en averiguar cómo y dónde es posible ahorrar agua en el riesgo.

Los progresos conseguidos en esto han sido extraordinarios, pero la política hidráulica de la dictadura los ha ignorado y la actual apenas los toma en cuenta. Para cubrir nuestro déficit de productos agrícolas creando nuevos regadíos, todavía propone como única salida la construcción de grandes obras de embalse y conducción del agua y los trasvases de unas cuencas a otras.

Las soluciones basadas en economizar agua deben ocupar un lugar preferente en nuestro futuro.

La nueva política a implantar debe centrarse en el uso económico del agua y valerse plenamente de las nuevas técnicas de investigación, explotación y utilización de los recursos hidráulicos.

Para lograr estos objetivos es indispensable reformar las leyes y prácticas vigentes, pues tanto unas como otras no se avienen con los conceptos del ciclo hidrológico ni con las técnicas actuales. Así, las aguas subterráneas son jurisdicción del Ministerio de Industria, la investigación y la concesión de las aguas superficiales son realizadas por el Ministerio de Obras Públicas por medio de las Comisarías de Aguas y su regulación y explotación corresponden a las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas.

El resultado de esta repartición de funciones dista mucho de ser satisfactorio. Además, las Confederaciones han perdido la amplitud de visión, de objetivos y de especialidades que tuvieron en su primera época y están hoy a considerable distancia del puesto de vanguardia que ocuparon entonces.

En conclusión, la persistencia por inercia o fácil continuismo, de la política hidráulica heredada puede originar explotaciones inmoderadas y abusivas de las aguas superficiales y subterráneas, provocar conflictos entre regiones, agotar nuestros recursos hidráulicos y causar graves contaminaciones y daños ecológicos. Urge, por tanto, corregir los defectos de esa política y recuperar el puesto destacado que tuvimos en otras ocasiones. Esta empresa requiere grandes esfuerzos pero yo creo que nuestro país cuenta con personas capaces de llevarla a buen término y que éste es el momento de hacerlo.