Las medidas británicas de restricción monetaria y fiscal no contentan a nadie
Como ampliación de las medidas económicas contempladas en el presupuesto para 1978-79, presentado al Parlamento en abril, el ministro de Hacienda británico ha introducido un paquete de medidas de restricción monetaria y fiscal destinado a atajar la crisis de confianza de los mercados financieros. Las nuevas disposiciones del señor Healey ya han provocado un duro ataque de la oposición, que pretende «crucificar» en el Parlamento, el miércoles próximo, al canciller del Exchequer.Los tres puntos fundamentales de este minipresupuesto son la elevación en un punto, al 10%, del tipo de descuento del Banco de Inglaterra, el refuerzo de los controles encaminados a restringir el crédito bancario y el aumento de un 2,5 % en las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social. La City y la libra esterlina han reaccionado favorablemente a las medidas del señor Healey, dirigidas, en sus propias palabras, a equilibrar un presupuesto malherido por los recortes impositivos impuestos por conservadores y liberales, y a controlar el crecimiento de la masa monetaria.
Los cuatro grandes bancos británicos elevaron al 10% su tipo de interés, e idéntico camino han seguido los préstamos hipotecarios que conceden las building societies, instituciones privadas que canalizan el mercado hipotecario de este país y actúan corno sociedades de inversión.
Como sucediera con el presupuesto, la Confederación de Empresarios ha reaccionado rápida y vivamente, acusando al canciller de incompetencia y señalando que el método elegido para obtener quinientos millones de libras suplementarios -el aumento de sus cuotas- es el peor. Para su presidente, Sir John Mftven, la medida costará 100.000 puestos de trabajo, reducirá la competitividad de la industria y aumentará los costos y, consiguientemente, los precios. Este diluvio de desdichas podría haberse evitado si el Gobierno se hubiera inclinado por aumentar el impuesto sobre el valor añadido, como querían los empresarios. Algunos líderes sindicales, de otra parte, ya han mostrado su preocupación por unas medidas que pueden suponer un frenazo a la inversión y a la creación de puestos de trabajo, cuando el país soporta un paro cercano al millón y medio. Políticamente, las nuevas medidas afrontarán su primera prueba el miércoles, cuando sean sometidas a un debate de emergencia en los Comunes, solicitado por la jefa de la oposición. La hipótesis de acorralar al Gobierno mediante un voto de confianza, inicialmente barajada por la señora Thatcher, se ha disuelto en lo que será seguramente una moción personal (petición de traslado o de disminución de sueldo) contra el señor Healey. Es muy improbable que los liberales, que en su momento patrocinaron el aumento de las cuotas empresariales, se alíen ahora con la oposición conservadora, en un intento de provocar una crisis de Gobierno. La debilidad alarmante del partido del señor Steel le convierte en víctima propiciatoria de cualquier alteración seria del statu quo.
El paquete laborista, en última instancia, ha provisto a los conservadores de una providencial munición preelectoral, de la que tan necesitado está el partido de la señora Thatcher después del descenso relativo en su apreciación por los electores que muestran los últimos sondeos de opinión.
