Consenso sobre veinte artículos que reglamentan las Cortes Generales

A falta de acuerdo sobre el polémico tema del artículo 63 -la regulación en la Constitución de la proporcionalidad de los escaños del Congreso respecto a la población-, la Comisión Constitucional inició en la mañana de ayer la aprobación de un paquete de veinte artículos sobre cuestiones relativas a las Cámaras legislativas y la elaboración de las leyes.

Con espíritu de consenso, aunque en tono menor, de acuerdo con la entidad de los temas tratados, fue aprobada prácticamente por unammidad la regulación de las causas de inelegibilidad de diputados y senadores; la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria; la autonomía presupuestaria de las Cámaras; los períodos de sesiones de las Cortes y el funcionamiento en pleno y en comisión; las diputaciones permanentes; el sistema de votaciones, y la publicidad de las sesiones plenarias. Asimismo, se aprobó la definición de lo que serán leyes orgánicas; la delegación legislativa al Gobierno, y el procedimiento de tramitación de los proyectos y de las proposiciones de ley,La primera innovación introducida ayer sobre el texto del anteproyecto se debió a una enmienda in voce de Unión de Centro Democrático sobre el tema de la inviolabilidad parlamentaria. El criterio de UCD, defendido por José Pedro Pérez Llorca, y aceptado por diecinueve votos favorables, ninguno en contra y diez abstenciones socialistas, consistía en admitir la inviolabilidad absoluta de los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, mientras que, en lo que se refiere a sus actos, será una ley orgánica la que regule tal inviolabilidad. El texto del a nteproyecto no distinguía entre los actos y las opiniones, a efectos de inviolabilidad.

En lo que se refiere a la autonomía presupuestaria y normativa de las Cámaras, fue aceptada una enmienda socialista que añadía a lo establecido en el número primero del artículo 67 que «los reglamentos serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta».

Por los socialistas, Virgilio Zapatero justificó la exigencia de esta votación cualificada, en la importancia del reglamento para fijar las reglas dejuego de las Cámaras.

Por el Grupo Mixto, Emilio Gastón defendió, sin éxito, que la Constitución especifique no sólo que el presidente del Congreso presidirá las sesiones conjuntas de ambas Cámaras, sino también que será presidente de las Cortes Generales. Se opuso a esta pretensión, por UCD, Gabriel Cisneros, quien señaló que la alusión al presidente de las Cortes se hará, en todo caso, en una disposición transitoria. La enmienda fue rechazada con el único voto favorable del Grupo Mixto; diecinueve en contra -UCD, AP, comunistas y Minoría Catalana- y con doce abstenciones, de los socialistas y el PNV.

En la explicación del voto del artículo 67, el señor Fraga aludió a la necesidad de alcanzar la autonomía presupuestaria para evitar situaciones como la actual, en que los grupos parlamentarios viven de milagro, mientras que, según sus noticias, el Consejo de Estado había rechazado un crédito extraordinario solicitado por las Cortes. (Se refería, al parecer, a uno por importe de 845 millones de pesetas, de los que 542 tienen como destinatarios a los grupos parlamentarios y 305 para sostenimiento de las Cortes, incluidos cien millones para dietas.)

La reducción en un mes de los períodos ordinarios de sesiones -a propuesta del ucedista señor Martín Oviedo, concluirán en junio, en lugar de en julio, como había aceptado la ponencia-, dividió a la Comisión en partidarios de trabajar en verano (socialistas, comunistas y AP, en total catorce votos) y de concluir las tareas legislativas en junio (UCD, PNV y Minoría Catalana, diecinueve votos).

Un artículo nuevo, al que se numeró como setenta bis, fue aprobado como consecuencia de la aceptación, en parte, de un voto particular de Alianza Popular, relativo al derecho de petición a través de las Cámaras. En cambio, fue rechazada -con los dos votos de AP a favor, quince en contra de las restantes minorías y dieciséis abstenciones de UCD- la segunda parte, por la que Alianza Popular pretendía que las comisiones pudieran recibir «delegaciones de grupos legítimos de intereses».

El comunista señor Solé advirtió del peligro de constitucional izar los grupos de presión, y el socialista señor Zapatero denunció la posibilidad de que, a través de tales grupos, se torpedeara el funcionamiento normal de las Cámaras.

En el debate sobre el artículo 75, el apartado primero fue redactado de acuerdo con una enmienda in voce de UCD, que defendió José Luis Meilán, y el sexto, según otra enmienda del aliancista Licinio de la Fuente, quien expresó su preocupación ante el peligro de que la suspensión de la legislación delegada pudiera dar lugar a inseguridad jurídica en perjuicio de los derechos adquiridos en función de ésta. La sesión fue suspendida hasta la tarde, y, al reanudarse, la ponencia ofreció una fórmula que obtuvo la aprobación general.