Más sobre el federalismo del PSOE

En un interesante artículo titula do « La autonomía de los antiguos y la autonomía de los modernos» (EL PAIS, del 18 de mayo), el diputado socialista Gregorio Peces-Barba desarrolla -a propósito de la reciente conmemoración de la gesta comunera en Villalar y de la exposición, hecha por el diputado nacionalista vasco Javier Arzalluz, (le la tesis del pacto (es cribe Peces-Barba), «entre el pueblo vasco y la Corona»- una teoría, con arreglo a la cual la autonomía concebida al modo de quienes tienen nostalgia del movimiento de las comunidades de Castilla o del pacto entre las entidades históricas de Vasconia y la Corona, es una «autonomía de los antiguos propia de la organización política medieval», y contrapone a ella una concepción distinta, que llama «autonomía de los modernos», la cual es, a juicio suyo, la adecuada para nuestro tiempo.

La base de las autonomías

Para el diputado socialista, «la autonomía de los modernos se establece por la Constitución. Esta, con su función de legitimación, fundamenta jurídicamente la autonomía de las nacionalidades y regiones. No se puede hablar -sigue diciendo- de pactos con la Corona, porque por salvaguardar una relación tradicional históricarnente válida en otro momento, se trastoca toda la trayectoria política actual y se piensa en una Corona, entre medieval y absoluta ». Dice después: «El esquema de los fueros es medieval y hoy hay que ir a una autonomía de las nacionalidades y regiones como autogobierno constitucionalmente establecido y garantizado. La legitimación del derecho a la autonomía ( ... ) se produce jurídicamente por la Constitución, de la misma forma que los restantes poderes del Estado, sin exclusión alguna.» Y termina así: «La autonomía de los modernos se adquiere con su reconocimiento constitucional.» confirman las aprensiones y los temores que, acerca del espíritu federativo del PSOE, manifesté ya en mi artículo «El PSOE y el federalismo», aparecido en estas mismas columnas el 31 de enero pasado.

Tiene razón este autor cuando aboga por un planteamiento nuevo de la cuestión, ya que -como muy bien dice- «hoy la Corona no tiene un fondo de soberanía, ni dirige la política del Estado, ni legisla ni hace justicia». En efecto: la Corona no es ya «el soberano », el rey no es ya la personificación de la soberanía; los atributos que la Corona tuvo antaño, especialmente, en la época del absolutismo, han sido transferidos al pueblo, el cual los ejerce, o bien directamente por medio de elecciones y referéndums, o bien indirectamente a través de unas autoridades democráticamente designadas. Incluso en el caso de que el rey tuviese atribuciones ejecutivas, legislativas o judiciales, las tendría por delegación del pueblo; y, si pactase algo que pudiese obligar al Estado, lo pactaría no en nombre propio, ni en nombre de la Corona, sino en nombre del Estado, como órgano institucional de éste, sometido en cuanto tal al orden constitucional; no como dueño de un orden constitucional que estuviese sometido a su regia voluntad.

La base de la Constitución

Tiene también razón cuando dice que la Constitución fundamenta jurídicamente las autonomías, ya que éstas son actualmente inconcebibles al margen e en contra del ordenamiento constitucional. Pero el análisis de Peces-Barba es insuficiente. Se queda en la superficie del tema porque no profundiza hasta formular la pregunta siguiente: ¿quién legitima, quién fundamenta jurídicamente la Constitución? Y hasta dar a semejante pregunta la adecuada respuesta.

Decir que es la voluntad popular la que legitima la Constitución y proporciona a ésta su fundamento juridico, sería una respuesta demasiado poco concreta y, en nuestro caso, inadecuada. Porque la voluntad popular podría muy bien, en 1978, optar como ha optado en otras ocasiones- por dar a España una Constitución unitaria, una estructura política centralizada (aunque no, necesariamente, tan centralizada como ha estado a lo largo de los últimos cien años). Si así fuese, y según la tesis del diputado socialista, las autonomías carecerían de base jurídica.

El Diputado Arzalluz habló en la comisión del Congreso, el 5 de mayo, de «la integración consensual de los e cites políticos vascos en la Corona por medio del pacto foral» (lo que es mucho más exacto, histórica y jurídicamente, que hablar de «pacto entre el pueblo vasco y la Corona», ya que el pueblo vasco, en cuanto tal, no ha pasado nunca con nadie). Si. en la era liberal, la Corona ha sufrildo una transformación sustancial; si sus prerrogativas esenciales han quedado trasferidas al Estado -en este caso concreto, al Estado español-, con el consentimiento pleno de los titulares de la propia Corona, en cambio los entes políticos vascos están todavía por dar su consentimiento a las transformaciones sustanciales que les han sido impuestas contra su voluntad. El ignorar la voltintad propia de unas entidades históricas que no han perdido su identidad respectiva y que han manifestado sin cesar (salvo cuando han estado amordazadas) su deseo de conservar esta identidad y de tener y hacer valer sus respectivas voluntades autónomas el anegar éstas en una vaga y confusa «voluntad popular» atribuida al conjunto de los pueblos de España, es abusivo y, por ende, inadmisible. Ni siquiera es admisible anegarlas en una «voluntad popular» exclusivamente vasca, común a todas ellas (y esa es, entre otras, la principal razón que impide la inclusión de Navarra en un ente autónomo vasco mientras la voluntad de Navarra en ese sentido no haya sido inequívocamente manifestada).

La novación del pacto

El problema puede resolverse de dos maneras. Una de ellas -la rigurosamente federativa, que cabe esperar de los miembros del PSOE, ya que este partido se proclama federalista- consiste en fundamentar la Constitución sobre un pacto entre los pueblos de España: pacto que puede ser expreso o tácito. Los pueblos de Navarra, de Alava, de Guipúzcoa y de Vizcaya aceptarían, al aprobar en referéndum la nueva Constitución, la novación del pacto foral: al pacto con la Corona, sucedería el pacto con los demás pueblos españoles, y tal sería el fundamento del orden constitucional, el cual pasaría a ser el nuevo orden foral, el fuero nuevo.

La otra manera no puede ser sino el pacto con el Estado (o, si se prefiere, con las instituciones representativas de ese Estado, del que navarros, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos forman parte): ese pacto tendría entonces que constar en la Constitución (para lo cual, varias fórmulas son posibles). Se trataría de dar -¡por fin!- rango formalmente constitucional al pacto con Navarra, que es constitucional por una materia, pero que por su forma -s meramente legislativo, dada la naturaleza de la disposición que lo sanciona; y de establecer - ¡también por fin: al cabo de 140 años de tensiones y conflictos!- pactos análogos con las tres provincias vascongadas. Luego, estas tres, o las cuatro -si es que Navarra lo desea-, se arreglarían entre sí para constituir, en el marco de la Constitución foral (y permítaseme calificarla así porque, de hecho, si los vascos la aceptasen en esa forma merecería este adjetivo), una entidad autónoma homologable con las otras entidades autónomas de España.

Si el diputado Peces-Barba y los demás parlamentarios del PSOE quieren salvar el principio federativo para el conjunto de España, hay que esperar de ellos que tratarán de encontrar la fórmula mediante la cual la Constitución puede interpretarse (pero interpretarse claramente, no mediante ambigüedades, ni forzando el sentido de los términos,) como un pacto entre los pueblos españoles. Pero, si no quieren hacerlo, o si su intento no prospera, al menos, hay que esperar de ellos que no pongan obstáculos al empeño de que la Constitución consagre un pacto entre las entidades vascas por una parte, y por otra el Estado en su calidad de heredero de las prerrogativas soberanas de la Corona. Esta es la única diferencia que puede haber entre la autonomía «de los antiguos» y la actual. Es, en cambio, inadmisible que so pretexto de anacronismo- se eche por la borda la idea del pacto: en otras palabras, que se consagre la violación unilateral de éste. En el caso de un movimiento partidario del régimen federativo -como dice ser el PSOE-, rechazar la idea del pacto, que es la base y la esencia de toda federación, sería además. tan absurdo, que nos impediría tomar en serio su etiqueta de «federalista».