Reacciones encontradas en la enseñanza privada por el artículo 26

El sector de la enseñanza privada reaccionó ayer de distinta manera respecto a la aprobación del artículo 26 del proyecto constitucional que trata el tema de la educación, mientras el padre Martínez Fuertes, líder de la patronal de centros docentes privados, considera aceptable dicho texto, la Federación de Religiosos de la Enseñanza (Fere) ha expresado su resuelta oposición al mismo.«Después de meditar largamente la redacción del artículo 26 del anteproyecto de Constitución debo decir, en mi condición de senador y presidente de la Confederación Española de Centros Docentes, que considero fundamental la inclusión expresa del reconocimiento de la libertad de enseñanza, que supone también que recoja el texto constitucional todo lo que el Derecho Internacional establece en torno a este tema», dijo ayer el padre Angel Martínez Fuertes.

Según el padre Martínez Fuertes, el texto del artículo 26 no es un texto perfecto, pero es aceptable, «dado que el consenso define los artículos para que puedan soportar distintos plante am ientos ». No ocultó que esperaba que el Senado «observe con la atención debida» la redacción de este artículo, y dijo que suponía que se modificarían ligeramente algunas expresiones que a su parecer, han quedado confusas.

«Debo decir, sin embargo -añadió- que el sector de enseñanza no estatal, con el que he contrastado el tema esta mañana acepta el texto actual.»

Oposición de la Fere

Por el contrario, la Federación de Religiosos de la Enseñanza (Fere) se ha mostrado mucho más preocupada por el tratamiento constitucional dado al tema, y ayer hizo pública una nota en la que manifiesta su oposición al mismo. Critica la supresión del derecho de las personas físicas y jurídicas a dirigir los centros que creen, «con lo cual parece dejarse abierto el campo a la autogestión», la no admisión del derecho de los padres a elegir «el tipo de educación y la promoción de centros no estatales» entre otras cuestiones.

Igualmente, la Fere critica la previsión constitucional de que la subvención a la enseñanza privada se otorgará «con los requisitos que la ley establezca», y considera, en general, que el texto aprobado es ambiguo y que «podrá permitir, en su día, implantar la escuela única, y por eso se ha eliminado del texto constitucional todo lo que pudiera poner límite a ese tipo de escuela».

En otro orden de cosas, el vicepresidente primero del Congreso y diputado del PSOE, Luis Gómez Llorente, manifestó ayer a Europa Press que los dos puntos esenciales del texto constitucional sobre educación son la introducción de la planificación y la gestión democráticas de los centros educativos. Se refirió a la introducción del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral como un hecho importantísimo, porque «cierra la historia de la escuela laica como escuela excluyente de la religión»; pero si se hubiera introducido también el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza para sus hijos, «se habría metido de contrabando una pieza de un principio reaccionario: la subvención reaccionaria a todos los centros».