Esta semana debate constitucional sobre la enseñanza

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso llegará esta semana al polémico artículo veintiséis, en el que se regula el derecho a la educación y la ayuda estatal a los centros docentes. Fue precisamente este artículo -o, mejor dicho, las modificaciones que en última instancia intentó introducir UCD- el que provocó la retirada del representante socialista, Gregorio Peces-Barba, de la ponencia constitucional.Los debates constitucionales han demostrado hasta el momento -con los veinte primeros artículos aprobados- que el consenso aparece y desaparece en los trabajos de la Comisión de forma intermitente. El jueves pasado corrió el peligro de romperse definitivamente a propósito de una enmienda in voce presentada por UCD y posteriormente retirada, y a propósito también de la actitud del partido gubernamental sobre la abolición de la pena de muerte y la mayoría de edad a los dieciocho años.

El Grupo Socialista interpretó, según manifestaría después el secretario general del PSOE, Felipe González, que se podría tratar de una auténtica ofensiva centrista para introducir en el último minuto -y mediante el apoyo de AP- enmiendas que podían modificar e espíritu de la Constitución. Por ello, la reacción fue dura y amenazante. El viernes, UCD se esforzó en demostrar que no era tal su propósito y las aguas parecieron volver momentáneamente a su cauce.

El debate del artículo veintiséi puede volver a enconar las postu ras si el partido gubernamenta consigue, no de forma negociada sino mediante simple acuerdo cor Alianza Popular -lo que le de mayoría aritmética de diecinueve contra diecisiete- introducir la enmiendas que tiene formuladas UCD consiguió ya que el ante proyecto recogiera la sustitución d la «libertad de creación de centro docentes», que figuraba en el primer borrador, por la «libertad de establecer y dirigir centros docentes». Propone ahora introducir la palabra eficazmente en el apartado nueve, en el que se dice que «lo po eres públicos ayudaran a lo centros docentes que reúnan lo requisitos que la ley establezca»

Quiere igualmente dejar estableci do que «el Estado asegura la financiación a todos los alumnos e igualdad de condiciones, con independencia del centro en el que estén escolarizados». Finalmente propone remitir a una ley la participación de los profesores, padre y, en su caso, alumnos, en el contro y gestión de losocentros sostenido por la Administración pública. To das estas modificaciones desper tarán con seguridad la oposición de los socialistas y de la izquierda.