El PCE propone que el transporte se municipalice y sea pagado por el beneficiario
La propuesta del PCE para «una reestructuración del transporte en Madrid y su Area Metropolitana» difiere en casi todos los puntos sustanciales de las directrices mantenidas por UCD. Así, mientras UCD mantiene que la competencia en materia de transportes radique en organismos estatales, el PCE sostiene que sea una mancomunidad de municipios quien controle y planifique el sector. La financiación sería a cargo del beneficiario y no sólo del usuario, sistema seguido por el Gobierno en la desprivatización del Metro, y frente a la política de mantener las concesiones de líneas privadas, el PCE propugna su municipalización o metropolitarización a largo plazo.
Simón Sánchez Montero, Ramón Tamames, Emilio Ramón y José Luis Martín Palacín presentaron ayer el documento en cuestión, en el transcurso de una rueda de prensa. Básicamente, los temas más importantes descritos son la creación de una mancomunidad de municipios que controlara el sector, una vez celebradas las elecciones municipales que aseguren ayuntamientos democráticos y donde se agruparían el Metro, la EMT, las líneas periféricas, las regulares de viajeros a pueblos y la red de cercanías de Renfe.La financiación de las mejoras necesarias correría a cargo de los ayuntamientos, potenciados por una reforma fiscal municipal efectiva. Del Estado, que pagaría impuesto de radicación de los numerosos organismos oficiales asentados en Madrid. Del usuario, a través del precio del billete, y de los beneficiarios. Este último concepto viene siendo objeto de estudio por el PCE, y en él se engloban empresas industriales, locales comerciales y administrativos, empresas inmobiliarias y similares. El argumento es simple. Una empresa industrial se beneficia de que el transporte público asegure el traslado de sus trabajadores, aunque sea en condiciones antihigiénicas, un gran almacén busca su ubicación en las zonas con una red de comunicaciones densa, y las inmobiliarias suben los precios de los pisos en función de que cerca de ellos existan líneas de cercanías o bocas de Metro. Por tanto, aunque no sean directamente usuarios, el PCE les incluye como beneficiarios y sujetos al pago de un impuesto especial. La suma de estos recursos permitiría la implantación de tarifas sociales a los viajeros, aunque hubiera ciertas subidas.
El tercer capítulo de la propuesta versa sobre la zona suroeste del Area Metropolitana donde el mayor peso del servicio correría a cargo de Renfe, mediante una trama de líneas de cercanías, de las cuales la mayoría ya tienen realizada la infraestructura necesaria. Si bien es cierto que al estar infrautilizadas desde hace años serían necesarias obras de ampliación y mejoras.
Competencia municipal
El PCE tratará de que el actual Ministerio de Transportes y Comunicaciones ceda sus competencias de control, fijación de precios y planificación de líneas en favor de la citada mancomunidad, que sería soberana en cuanto a planeamiento urbanístico, equipamientos y transportes. Para este último sector se crearía una sociedad administrativa tarifaria, de la que formarían parte las diferentes entidades. En el caso de Renfe, la propuesta matiza de que la trama del área metropolitana fuera autónoma, en cierta medida, del resto de la red nacional. En cuanto a compañías privadas, deberían respetar y asumir las directrices emanadas de este órgano de gestión. Por último, los trabajadores tendrían también una participación directa en el mismo.Respecto a los movimientos ciudadanos, su labor, más que de participación a priori, sería de fiscalización a posteriori, para lo que se darían cuentas públicas y facilidades en la información, así como una continua transparencia en la gestión administrativa y decisoria.
Desprivatización del Metro
El Metro fue uno de los temas más tocados en la rueda de prensa. Junto con la necesidad de municipalización a largo plazo de las concesiones privadas (ahora no habría recursos económicos para comprar las concesiones), el PCE defiende la desprivatización adoptada por el Gobierno, aunque con varias matizaciones importantes.La primera sería evaluar la situación económica del Metro, incluyendo los beneficios de la Inmobiliaria Metropolitano, empresa muy ligada a la Compañía Metropolitano y que se ha beneficiado siempre mediante la compra de solares y su posterior construcción por zonas donde sabían que iba a extenderse la red. En segundo lugar debe permitirse la participación de los vecinos de los partidos políticos parlamentarios en el órgano de intervención, y, por supuesto, el servicio no sería administrado por el Estado, sino por la mancomunidad, cuando ésta exista.
A lo largo de la rueda de prensa se habló luego de la previsible resistencia que opondrán las compañías privadas a su posible municipalización, resistencia que dependerá de la correlación de fuerzas que los partidos, de izquierda y derecha, impongan en las elecciones.
El PCE defendió la idea de que el transporte debe estar en manos públicas, y rebatió el argumento de que las líneas privadas obtienen beneficios y la EMT no. Esto ocurriría actualmente -se dijo- por la sobreexplotación de los trabajadores de las líneas privadas, porque éstas han escogido los itinerarios con más afluencia de viajeros y porque cuando los organismos oficiales se hacen cargo de empresas hasta entonces privadas (EMT), lo hacen en unas condiciones tan deplorables que sacarlas a flote es muy dificultoso. Todo esto sin contar con que la actual gestión de la EMT no se ha caracterizado por su transparencia y se desconocen los fallos empresariales cometidos.
