Las minorías autonomistas, contra la obligatoriedad de conocer el castellano
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de Diputados concluirá hoy el estudio del artículo tercero del anteproyecto de Constitución, por el que se regula la oficialidad del castellano en todo el Estado, y de las demás lenguas en las respectivas comunidades autónomas. El punto más polémico del artículo se aprobará con facilidad, a pesar de la oposición de los grupos autonomistas, dada la conformidad inicial de UCD y PSOE. Establece para « todos los españoles» el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo.
La regulación de esta materia, a tenor del texto del anteproyecto y de las posiciones de los grupos parlamentarios y enmendantes individuales, ofrecerá, con ligeras variantes, la siguiente redacción: «El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. »Frente a esta última parte del precepto, los grupos parlamentarios autonomistas -PNV y Minoría Catalana- defenderán enmiendas contrarias al establecimiento imperativo del deber ciudadano de conocer el castellano y el derecho a usarlo. La minoría catalana aceptaba, en principio, que la Constitución dijera que el castellano «será la lengua oficial de los órganos del Estado», pero sobre la base de que todas las lenguas nacionales sean oficiales en sus respectivos territorios. Esta última precisión fue considerada excesiva el pasado viernes en la Comisión Constitucional por la propia minoría citada, en nombre de la cual el diputado Ramón Trías Fargas retiró la enmienda en lo referido a este punto.
El grupo parlamentario vasco (PNV) considera, por su parte, que no debe figurar en el texto constitucional el deber de conocer el castellano, «que en ocasiones puede ser de muy difícil cumplimiento».
En el artículo tercero del anteproyecto figura también un segundo apartado por el que se establece que «las demás lenguas de España serán también oficiales en las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos». La oposición a este precepto procede de la derecha unitarista y contraria a la consagración constitucional de las nacionalidades. Los diputados Antonio Carro (AP) y José Miguel Ortí (UCD, si bien este diputado no conecta con el criterio general de su grupo, en esta como en otras materias) coinciden en suavizar el carácter cooficial de las lenguas vernáculas, al propugnar que podrán ser oficiales en los respectivos ámbitos autonómicos.
El diputado ucedista llega más lejos en sus objeciones a las lenguas vernáculas cuando propone que la Constitución establezca que, en principio, «a nadie se le podrá elegir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional». En la argumentación de su enmienda, que hoy reiterará probablemente, el señor Ortí apela a la Constitución republicana de 1931.
Compensación
El artículo tercero de la Constitución concluye con un apartado -que en medios parlamentarios se considera como una compensación política a la obligatoriedad del conocimiento del castellano-, según el cual «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».El abanico de enmiendas presentadas a este precepto van desde las que, como la del señor Ortí, piden que se suprima la alusión al respeto -«sólo se protege aquello que se respeta», argumenta-, hasta las de los grupos y diputados autonomistas, que consideran insuficiente su enunciado. La Minoría Catalana pide que se vaya más lejos y tal respeto y protección alcance una mayor concreción a través de «su uso efectivo en la estrategia administrativa y de educación». El PNV solicita, por su parte, que se garantice también la promoción de las lenguas vernáculas. Carlos Güell de Sentmenat (Grupo Mixto) propone que tales modalidades lingüísticas sean objeto de «especial respeto, enseñanza y protección», y el diputado aragonés del mismo grupo, Emilio Gastón, defiende que el carácter de cooficialidad de aquéllas lo adquieran también «en los municipios, comarcas o ámbitos en que se utilicen normalmente y lo soliciten los órganos representativos correspondientes a cada ámbito».
Partidos y sindicatos
Una vez que la Comisión Constitucional apruebe el artículo tercero, los debates parlamentarios abordarán, en los próximos días, la regulación de los partidos políticos -expresión del pluralismo democrático, manifestación de la voluntad popular e instrumento fundamental para la participación política-, libertad sindical, características de la bandera de España y posibilidad de reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, y el establecimiento de Madrid como capital del Estado.
