Los tratados de la discordia disgustan en Panamá

Este debate, que aún no ha trascendido en su verdadera medida a la opinión internacional, se ha agudizado en las últimas semanas, con el retorno a Panamá de docenas de exiliados políticos y la promesa del general Omar Torrijos de iniciar una apertura política. En la primera declaración pública hecha por los exiliados (desde los panameistas del ex presidente Arnulfo Arias hasta los ultraizquierdistas de la Liga Socialista), hay coincidencia en el rechazo a los tratados, «lesivos a la soberanía y a la dignidad nacionales» y en la exigencia de un nuevo plebiscito por considerar que los tratados «son enteramente distintos a los que originalmente fueron negociados».Aunque »nunca se ha reconocido oficialmente, diplomáticos acreditados en Panamá aseguran que el propio presidente de la República, Demetrio Lakas, mantiene diferencias con el jefe del Gobierno, Omar Torrijos, sobre este terna. Según dichas fuentes, Lakas considera, en efecto, que los tratados que han sido ratificados por el Senado son enteramente distintos en el espíritu y en la letra a los que fueron sometidos a plebiscito a finales del pasado año y que, por a tanto, precisan de una nueva consulta popular. Torrijos estima, por el contrario, que el nuevo referéndum no es necesario, pues las reformas introducidas por el Senado de los EEUU no son sustanciales.

En la postura de Torrijos, incomprensiblemente respaldada por la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, existen lógicas razones. Si en octubre de 1977, a pesar de la masiva propaganda oficial a favor del sí y las graves limitaciones sufridas por los partidarios del voto negativo, los que dijeron «no» a los tratados sumaron cerca del 35 % de los votantes, un nuevo plebiscito sobre los tratados, seriamente mutilados por el Senado norteamericano, tendría muy pocas posibilidades de salir adelante con éxito; y menos con la presencia activa de la oposición en el país, en virtud de la tolerancia de Torrijos.

La argumentación de los juristas panameños, integrados en el Movimiento de Abogados Independientes contempla tres puntos básicos, que coinciden con las tres sustanciales reformas introducidas por los senadores estadounidenses en los primitivos tratados.

El acuerdo verbal Torrijos-Carter

El 14 de octubre de 1977, Carter y Torrijos se reunieron en Washington con objeto de dialogar sobre la grave oposición suscitada en Estados Unidos contra los tratados sobre el canal. El presidente norteamericano, presionado por los republicanos y por el ala derecha de su propio partido, necesitaba obtener de Torrijos alguna concesión verbal que calmara a los agitados legisladores. La tesis de éstos era que se hacía precisa una aclaración del tratado de neutralidad para que éste permitiera a Estados Unidos mantener permanentemente abierto y libre el tránsito por tan importante vía marítima.

Torrijos, por su parte, no podía acceder por las buenas a una petición de este tono, que en el fondo equivalía a la perenne aprobación de la intervención norteamericana en el canal. El conflicto se resolvió de manera sibilína: Carter y Torrijos, en una declaración conjunta, aseguraron que las facultades concedidas a Estados Unidos para mantener expedito el canal no significaban intervención en los asuntos internos panameños.

Aunque, formalmente, la introducción en el tratado de neutralidad del acuerdo verbal Carter-Torrijos, significaba una reforma de los tratados, los expertos panameños que cuestionan los ac tuales tratados conceden a ese punto mucha menos importancia que a la enmienda que prevé la posibilidad de que Panamá después del año 2000, otorgue a Estados Unidos derechos a mantener bases militares en territorio panameño.

El artículo quinto del tratado de neutralidad señala expresamente que después de la entrega del canal a Panamá, en el año 2000, solamente este país «podrá mantene fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio. La reforma introducida, desconociendo la letra y el espíritu de este artículo, señala expresamente la posibilidad de que Estados Unidos obtenga autorización panameña para la instalación de bases.

La reserva "De Concini"

Para la mayoría, esta enmienda, introducida a última hora por el senador De Concini, es la que de forma más descarada consagra la posibilidad intervencionista de Estados Unidos en Panamá. La enmienda concede a Norteamérica el derecho a tomar cuantas medidas estime oportunas, incluida la de usar fuerzas militares, para mantener abierto el canal cuando este hecho se vea amenazado por cualquier tipo de alteración. En la enmienda se señala que este derecho no deberá ser entendido como una intervención estadounidense en los asuntos internos de Panamá.

Carlos Iván Zúñiga, dirigente socialista panameño y portavoz del Movimiento de Abogados Independientes, explicaba muy gráficamente el significado de la «reserva De Concini»: «Es como si yo le digo a usted que puedo pegarle una bofetada, pero que, si llego a hacerlo, no deba entender que le he pegado.»

Estas son las tres bases más firmes en las que s e apoyan quienes consideran que los tratados originales que, sin duda, significaban un paso importante en el proceso descolonizador del canal, han sido sustancialmente modificados durante las discusiones del Senado y que tal circunstancia impone la convocatoria de un nuevo plebiscito.

Torrijos, presionado por Estados Unidos, no podrá aceptar nunca un nuevo referéndum, pues no tiene ninguna garantía de ganarlo. Pero, de forma paralela, deberá hacer muy notables esfuerzos para neutralizar la cada día mayor fuerza de los grupos que latrocinan la nueva consulta. Y en todo el proceso, el papel que juegue Estados Unidos ha de ser vital. La presión de los partidos puede acabar con la salida de Torrijos del poder, pero será muy difícil que Estados Unidos consienta la desaparición de un aliado que, demagogias aparte, se ha mostrado tan condescendiente y sumiso frente a las exigencias del poderoso vecino del Norte.