Unanimidad sobre el Estado social y democrático de derecho

El consenso parlamentario de las principales fuerzas políticas presidió la sesión matinal de ayer, cuando la Comisión Constitucional inició la discusión del articulado del anteproyecto de Constitución. A la hora de las votaciones prosperó el criterio favorable de tales fuerzas para definir el Estado y atribuir la soberanía. Sin embargo, a lo largo del debate se produjeron escaramuzas dialécticas, la más importante de las cuales enfrentó a los partidarios de la soberanía popular (socialistas y minorías Catalana y Vasca) y de la soberanía nacional (UCD y AP).

Al margen de estas posiciones, que se reflejaron en las votaciones, los diputados que sólo tienen voz, por ser enmendantes, pero no voto, por no pertenecer a la comisión, esgrimieron argumentos que se separaban considerablemente de lo aprobado, tanto por la izquierda como por la derecha. Tal fue el caso de los señores Letamendía, contrario a la alusión a España -que solicitaba fuera sustituida por «Estado español»- y Barrera, partidario de decir que el Estado español está formado por una «comunidad de pueblos» y de suprimir la alusión al Estado social y democrático de derecho, que consideraba superflua.Desde otra perspectiva, el señor Ortí Bordás fracasó en su intento de adjetivar al Estado que surja de la Constitución como «unitario».

Entre otras enmiendas de menor entidad, la única que prosperó fue la que, presentada in voce como corrección de estilo por Gonzalo Fernández de la Mora, consistía en uniformizar la ortografía de las palabras social y democrático, referidas al Estado, la primera de las cuales aparecía con mayúscula en el informe de la ponencia. Se decidió que ambas fueran con minúscula. Asimismo, se suprimió la alusión al respeto al pluralismo político, quedando este concepto con la misma redacción que los restantes valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La votación más reñida fue la de una enmienda que originariamente presentó el aliancista Antonio Carro y que, ante la interpretación que el catalán Heribert Barrera. dio de la misma -coincidente por defender la soberanía popular-, el señor Carro se apresuró a retirar. El grupo parlamentario Socialistas de Cataluña quiso hacerla suya y, a través de una enmienda in voce, propugné que «la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado español». Los demás socialistas se unieron a esta propuesta y la enmienda fue finalmente rechazada por diecinueve votos (UCD y AP) frente a dieciséis (socialistas, catalanes y vascos).

El comienzo de los debates sobre el articulado del anteproyecto de Constitución ha mostrado, junto a la existencia de un consenso básico entre los diputados con derecho a voto y una discrepancia fundamental por parte de las fuerzas republicanas e independentistas -ya puesto de manifiesto en el debate general-, una mayor coherencia de la izquierda. Así, mientras que la voz de los socialistas y la defensa de sus enmiendas y posturas la canalizó casi siempre Gregorio Peces-Barba, y por parte comunista Jordi Solé Turá, tanto en UCD como en AP -y especialmente en esta última- fueron defendidas varias posiciones por libre. Así ocurrió con el ya citado señor Carro, Licinio de la Fuente (solicitó la inclusión del «respeto a los derechos humanos» y a que España es «una nación» en el articulo primero) y Gonzalo Fernández de la Mora. Asimismo, el señor Ortí Bordás actuó también en solitario.

Según pudo saber EL PAIS, el Gobierno -y en su nombre el ni¡nistro de Justicia, que asistió a la sesión- es contrario a este tipo de intervenciones, especialmente las que se producen al margen de la actitud común de UCD, y su posición general es restar entidad a tales enmiendas individuales y no perder tiempo en debatirlas, por lo que supone de deterioro del relativo consenso obtenido entre los grupos.