Educación y Constitución

Diputado del PSOE por Vadadolid Miembro de la ponencia constitucional

Uno de los problemas más importantes y más controvertidos en la Constitución española va a ser el tema del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, que comprenden diversas perspectivas respecto de las cuales, el análisis conjunto de todas, con referencias al Derecho Comparado en la materia, es indispensable. No quiero incurrir en la parcialidad con que trata el tema el doctor Ortiz Díaz en una obra sufragada por el Estado a través del Centro de Estudios Constitucionales, que dirige el jesuita padre Prieto. Unos estudios sobre el proyecto de Constitución no pueden ponerse, en este tema, al servicio del grupo de presión de los colegios religiosos, muy respetable, pero que en todo caso debe tener el contraste de otras posiciones. Por emplear un calificativo suave, es por lo menos curioso que se insista por el doctor Ortiz en las mismas tesis empleadas por el padre Martínez Fuertes, y que se desee ampliar la libertad de creación de centros, a la de dirigírlos y gestionarlos al ente titular de los mismos, mientras que se restringe o se considera terna no constitucional el control de profesores, padres y, en su caso, alumnos a que se refiere el anteproyecto en su número seis.

Es absolutamente esclarecedor el artículo del doctor Ortiz para comprobar lo que ya me temía, y es que cuando se habla de libertad plena para la enseñanza privada se está pensando en los entes titulares de la propiedad de los centros y no en la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos). En definitiva, se están defendiendo, principalmente, intereses económicos y no pedagógicos. Lo que se pretende es mantener la situación del régimen franquista, donde los hombres como el doctor Ortiz, el padre Martínez Fuertes y otros, no consideraban que la enseñanza obligatoria en las escuelas de una asignatura totalitaria fuese un atentado a la libertad de enseñanza. Y tenían razón, tal como ellos conciben la libertad de enseñanza, en tanto en cuanto, esa asignatura se hacía compatible con el mantenimiento de sus privilegios.

Parece increíble los prejuicios que en esta materia persisten, y cómo algunas asociaciones de padres de inspiración confesional se dejan todavía engañar por una, propaganda que nos presenta a los socialistas corno estatalistas y como enemigos de la libertad de enseñanza. No se dan cuenta que son instrurnentalizados por intereses ajenos a los suyos propios y que en estos momentos la posición socialista, al defender el control de la comunidad escolar sobre los centros defiende sus intereses.

Por otra parte, el reconocimiento del derecho a la libre creación de centros docentes y el reconocimiento constitucional de las subvenciones son la prueba de que los socialistas no queremos un modelo estatalista, sino pluralista de enseñanza. Pero querer apurar casi reglamentariamente un texto que en la Constitución debe quedar en perspectivas más de principio, es no saber lo que es una Constitución y querer abusar del deseo de paz y de consenso que tenemos en esta materia.

Por otra parte, el reconocimiento, propuesto por nosotros en la ponencia, y que no estaba en el primer borrador, de que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en los centros docentes la en señanza religiosa y moral acorde con sus convicciones, y se entiende que tanto en centros públicos como privados, es un reconocimiento a la libertad religiosa impensable hace unos años. A este esfuerzo de los socialistas, que se expresó de una manera magistral en el último pleno del Congreso por Luis Gómez Llorente, en una brillante intervención, conciliadora y llena de matices, y que se ha manifestado, día a día, en mi propio trabajo en la ponencia constitucional, se ha contestado con una campaña desvirtuando y queriéndonos situar en los años treinta en esa ma, teria. El último botón de muestra de esa deformación de nuestro pensamiento está en la crónica política del señor López de Pablos, en Ya (16-IV-78) cuando dice, refiriéndose a Qórnez Llorente, que se desprendió nuestro deseo de dar prioridad a «la escuela laica» -por el contrarío, Gómez Llorente anunció la posibilidad de enseñanza religiosa en centros estatales y no estatales- y cuando catastróficamente valora el tema con la pretensión de acabar, por nuestra parte, con «la sociedad cristiana occídental». Es lamentable.

De una vez conviene, por consiguiente, dejar claro, aunque me terno que los corifeos del mantenimiento de la confusión continuarán su tarea que, a nivel constitucional, el PSOE pretende lo siguiente:

a) El reconocimiento de la enseñanza corno derecho de todos, respecto del cual a los poderes públicos corresponde una función prioritaria para atenderlo.

b) El reconocimiento de una enseñanza obligatoria y gratuita cuyo límite no se puede fijar en la Constitución para poder elevarlo, sin necesidad de una reforma Constitucional, cuando sea posible.

c) La delimitación de un objetivo central de la educación como pleno desarrollo de la personalidad en el marco de los principios democráticos y de los derechos y deberes fundamentales.

d) El derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, tanto en los centros públicos como privados.

e) El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes.

f) El derecho de los centros; docentes que reúnan las condiciones fijadas por la ley a recibir ayuda de la Administración.

g) El derecho de los padres, de los profesores y, en su caso, los alumnos, a intervenir en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración pública para que la comunidad escolar particípe en el proyecto educativo del centro.

En este marco de derechos, el deber central del Estado y de los demás poderes públicos de atender ese servicio de la educación exige una programación general de la enseñanza y de la creación de centros; el derecho a la inspección de todos los centros; la homologación del sistema educativo; la expedición de títulos, y, la extensión progresiva de la enseñanza gratuita y obligatoria.

Además, el marco constitucional debe establecer las competencias en esa materia de las comunidades autónomas, cuidando especialmente de la promoción de sus culturas y de sus lenguas, en el marco de la cultura española y con respeto y promoción de la lengua castellana, oficial en todo el Estado, y con especial preocupación por la integración de las comunidades que en ellas viven, sin ghettos ni discriminaciones, con un estatuto jurídico que favorezca la solidaridad.

Hoy es posible una paz escolar en base a estos principios. Para algunos, sin embargo, la desestabilización de la democracia pasa or crear conflictos donde no los hay y por mantener el foso de las dos Españas. Esa es una grave responsabilidad y una mezquindad interesada. Con toda serenidad, tenemos que decir a todos los hombres de buena voluntad que estoy seguro que son la mayoría de nuestros ciudadanos, que no caigan en esa trampa y que, en base a unos planteamientos racionales como los que aquí se apuntan, es, sin duda, posible restablecer el consenso constitucional en materia de educación y de enseñanza.