La UCD de Las Palmas pide la expulsión de cinco militantes y la impugnación de la Junta
El comité político de UCD de Las Palmas ha decidido, tras permanecer reunido hasta la madrugada de ayer, iniciar los oportunos expedientes para expulsar a cinco miembros del partido, todos ellos pertenecientes a la corriente liberal de la UCD canaria.
La decisión es especialmente grave si se tiene en cuenta, tal y como informó el comité político de UCD a la agencia Efe, que los miembros identificados con el ala socialdemócrata abandonarán el partido en el caso de no prosperar el expediente de expulsión para las siguientes personas: los senadores Diego Cambreleng y Nicolás Díez Saavedra y los afiliados Juan Cambreleng y los hermanos Rafael y Luis Bitti, todos ellos integrantes del comité político del partido. Asimismo, estas personas serán suspendidas de sus funciones y derechos dentro de UCD, mientras se resuelven los expedientes de expulsión.Por su parte, la agencia Europa Press informa que el comité ejecutivo de UCD permaneció reunido durante varias horas en la tarde del lunes (antes de la reunión de sus compañeros canarios), para estudiar la situación creada en el interior del partido en Castellón y Canarias. Respecto a este último lugar, resulta sorprendente la declaración facilitada al término de la reunión, en la que el ejecutivo reduce toda la polémica a «tensiones vividas en el ámbito provincial y que serán tratadas como tales».
Sin embargo, la crisis que atraviesan actualmente UCD de Canarias y su órgano preautonómico está muy lejos de ser una cuestión de rivalidades interprovinciales. Lo que hoy está en juego es antes que nada la lucha por el poder regional entre las dos familias políticas que integran UCD de Canarias: los liberales de Joaquín Garrigues y los socialdemócratas. Estos han denunciado la «maniobra» de los liberales para conseguir los puestos en la Junta que ellos no pudieron conseguir y califican su acción de «incumplimiento de los pactos internos del partido centrista».
El comité provincial canario de UCD tomó también el acuerdo de apoyar la propuesta de los parlamentarios Bergasa, Bravo de Laguna, Giménez Navarro y Martín Hernández, para impugnar judicialmente la constitución de la junta de Canarias, al tiempo que solicita la nulidad de todo lo efectuado con posterioridad por dicha Junta.
Por su parte, los partidos de izquierda del archipiélago ya han hecho públicas sus primeras impresiones con respecto a la constitución de la Junta. El Partido Comunista de Canarias, que cuenta con una cartera en el Gobierno autónomo, insiste en conseguir una política de consenso, mientras que el Partido del Trabajo se refiere a las dos fracciones de UCD diciendo que su pugna «responde al carácter más dinámico del desarrollo capitalista en Canarias propugnado por Lorenzo Olarte y Fernando Bergasa, frente al caciquismo mucho más reaccionario de Alfonso Soriano, marqués de Celada, y uno de los mayores terratenientes del archipiélago canario».
El PTE hace suya una frase del secretario provincial de UCD de Las Palmas, Antonio Marquez, para resumir la situación. «Esta Junta representa el nacimiento de nuevo del caciquismo en las islas Canarias. »
