Gobierno y banca negocian alternativas a la crisis siderúrgica

Anoche se reunieron en cena de trabajo en un importante restaurante de Madrid el equipo directivo del Ministerio de Industria y los máximos representantes de las entidades de crédito que son accionistas y financieros del grupo siderúrgico de Altos Hornos (AH de Vizcaya y AH del Mediterráneo). El tema de discusión fue el programa que el Gobierno ha elaborado para afrontar la crisis del sector siderúrgico.

El plan propuesto por Industria se basa en el criterio (véase EL PAIS del 1 de abril) de que todas las partes implicadas en el sector (accionistas, administración, acreedores, financieros y trabajadores) deben colaborar a la solución del problema. El plan del Gobierno contiene tres partes diferenciadas: una económica, otra industrial y una tercera financiera.En el aspecto económico se plantea una actualización de precios, Ya se han aprobado dos aumentos del 5% y previsiblemente se hará otro del 10 % en breve plazo. También se han planteado medidas de ordenación del comercio interior (precios mínimos) y del exterior. A nivel laboral se plantean reducciones de plantilla en base a jubilaciones anticipadas y otras alternativas. En el plano industrial se trata de eliminar instalaciones obsoletas

La parte más sustantiva del programa es la referente al tema financiero. El Estado correrá con el coste de la crisis en el caso de Ensidesa, al ser ésta empresa pública con una participación del INI del 89%. En Altos Hornos (Vizcaya y Mediterráneo) la propuesta inicial de los intereses privados fue la incautación de Sagunto por parte del Estado con pago de la deuda de esta empresa (casi 9.000 millones) a Altos Hornos de Vizcaya. El Gobierno no ha estimado favorable esta alternativa por razones jurídicas y de filosofía y ha decidido negociar otra en base al mantenimiento de las dos empresas como privadas aceptando una posible participación del Estado en Mediterráneo. El Estado apoyaría con financiación en buenas condiciones al sector siempre que los privados y los trabajadores se hicieran cargo de una parte del coste de reestructuración.

La reunión de anoche, sentó a la mesa a los accionistas de Mediterráneo (en general, accionistas o financieros de AH de Vizcaya) y al Gobierno (Ministerio de Industria) para discutir formalmente las alternativas.

El Gobierno ha pedido a la banca un apoyo del orden de 20.000 millones de pesetas en base a consolidación de créditos en capital y a nuevas aportaciones. Paralelamente el Gobierno concedería ayudas financieras a todo el sector, por similar cuantía.

La posición de la banca es desigual, según el grado de compromiso que tiene con la siderurgia integral. Mientras algunos estiman que no hay más remedio, por razones de imagen y de solidaridad, que aportar una contribución importante, otros estiman que el Estado es quien debe hacerse cargo del problema, ya que es en parte responsable del mismo por la política de precios. Estos últimos estiman que la crisis es general y que en otros países el Estado ha ayudado al sector o le ha nacionalizado.

En el transcurso de los próximos días quedarán claras las posiciones de ambas partes y se podrá ver la filosofía de banca y Gobierno a la hora de aplicar en la vida real el nuevo modelo de economía social de mercado que todos dicen defender.

Los comensales en la reunión de anoche fueron, por parte de los accionistas de Altos Hornos, los presidentes de Vizcaya y Mediterráneo, señores Boada e Hidalgo de Cisneros, junto al colaborador del primero, señor Amusátegui. El director general de la Confederación de Cajas de Ahorro (hay siete cajas accionistas de AHM), Miguel Allúe. E. consejero delegado de Banesto Pablo Garnica; los presidente: del Central, Alfonso Escámez Hispano, Luis Usera; Urquijo Juan Lladó; Bilbao, José Angel Sánchez Asiaín, y Vizcaya, Angel Galíndez.

Por parte de la Administración asistieron el ministro de Industria y cinco de sus colaboradores.