Los concejales acusaron al alcalde de no apoyarles en la polémica con las asociaciones
Los concejales de Alcalá de Henares Abel Cádiz, miembro de UCD, y Vicente Fernández Huertas, cercano al PCE, acusaron ayer al alcalde, Fernando Sancho, de no apoyarles, en tanto concejales, en la polémica suscitada entre el primero de los partidos citados y las asociaciones de vecinos sobre el tema de las adjudicaciones de viviendas sociales.
El señor Cádiz insistió en que, ya no como miembro de un partido político que en las elecciones generales obtuvo 15.000 votos en Alcalá, sino simplemente como concejal, tiene perfecto derecho a formar parte de la comisión mixta que estudia el tema de las adjudicaciones, y de ahí su sorpresa cuando fue invitado a abandonar la reunión de la comisión de asociaciones, ya que en ella los concejales no tenían por qué estar presentes, según le dijeron en ese momento.El alcalde, señor Sancho, adujo que la comisión mixta asociaciones-Ayuntamiento que se creó en un principio se disolvió inmediatamente después, y que las primeras decidieron seguir trabajando por su cuenta, con su beneplácito y el del delegado provincial, Carlos Tutor. Tanto uno como otro defendieron además la idea de que, en el tema de las adjudicaciones, en concreto, son las asociaciones los organismos más idóneos de colaboración. El señor Sancho insistió a su vez en que UCD puede colaborar como quiera, pero no queriendo integrarse en una comisión formada por las asociaciones y en la que sólo participan ellas mismas, junto con asistentes sociales y miembros de Cáritas provincial.
El concejal Abel Cádiz reiteró que había sido expulsado de la reunión citada como concejal, y que era por este hecho por lo que pedía explicaciones. El señor Fernández Huerta se unió a la protesta y acusó al alcalde de incitar a los concejales a colaborar para después no apoyarles cuando surgen problemas. El alcalde se defendió de forma un tanto ambigua, exhortándoles a seguir trabajando, pero sin decirles dónde ni de qué manera.
Los problemas de los concejales no acaban aquí. Luis Carrasco Hervás fue apartado de su condición como tal en un pleno extraordinario celebrado la semana pasada por negarse sistemáticamente a acudir a las sesiones, aunque el señor Carrasco estaba la mayoría de las veces entre el público asistente. Por otra parte, la primer teniente de alcalde, Asela Sanz, ha sido trasladada a Teruel -es maestra nacional-, por lo que se le ha abierto expediente para determinar si puede continuar como concejal del Ayuntamiento o no.
En el pleno se dio cuenta de que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, organismo que abastece a Alcalá, ha advertido a la Corporación de que le adeudan cuarenta millones de pesetas. El interventor explicó que el Ayuntamiento debe hoy unos setenta millones a diversos acreedores, pero que, a su vez, otros le adeudan a él unos doscientos millones, por lo que si se consiguieran cobrar las deudas pendientes, la situación económica municipal sería bastante boyante. De todas formas, aseguró que con las recaudaciones de impuestos que se harán en abril se podrá satisfacer lo requerido por la Mancomunidad.
El Ayuntamiento acordó enviar al Area Metropolitana para su aprobación el proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia de un plan parcial del campus universitario por el que se crearán ocho facultades con una capacidad de 25.000 alumnos.
Por último, el pleno acordó no acceder a la petición de la empresa Cubiertas y Tejados (CYT, SA) de prorrogar el plazo de ejecución de las obras de acondicionamiento de la plaza de Cervantes, previstas para el 5 de abril. Si la empresa no cumple el plazo, se le aplicarán las penalizaciones económicas previstas en el contrato. La decisión se tomó después de que el concejal Fernández Huerta defendiera que no hay por qué dar tantas facilidades a unas empresas privadas que sólo buscan su interés.
