El Consejo General Vasco urge la convocatoria de las municipales
El Consejo General vasco acordó ayer, en el transcurso de su primera reunión celebrada en Bilbao, solicitar al Gobierno la urgente convocatoria de elecciones municipales y solicitar una entrevista con el presidente Suárez para tratar sobre los problemas técnicos del País Vasco. Al mismo tiempo, se asignaron definitivamente las carteras de acuerdo con el reparto que se había decidido anteriormente, con la salvedad de que Juan Ajuriaguerra ha quedado como ministro sin cartera y no se crea el departamento de Ordenación Territorial.
Antes de iniciarse la reunión, Unión de Centro Democrático de Vizcaya presentó un escrito en el que solicita que el Consejo se pronuncie en favor de la inmediata disolución del Gobierno vasco en el exilio.Tras unas palabras del presidente de la Diputación de Vizcaya, Francisco Amorrortu, en las que deseó al Consejo muchos éxitos, el presidente del organismo preautonómico, el socialista Ramón Rubial, rogó a los periodistas que desalojasen la sala, ya que las reuniones del Consejo tendrán carácter secreto. Para dar cuenta a la opinión pública de los temas que se traten se nombrará un portavoz.
Uno de los temas que ocupó varias horas de discusión fue el concerniente a la capitalidad del Consejo. El PNV propugnó que provisionalmente se fije la sede en Vitoria, mientras que el PSOE defendió la capital vizcaína por ser el lugar de residencia del presidente Rubial. Se decidió ayer que las sedes de las distintas carteras estén en los lugares donde residen sus distintos titulares. También se acordó que el pleno del Consejo se reúna siguiendo un orden rotativo.
Otros acuerdos adoptados contemplan la creación de una ponencia para que elabore el reglamento interno y la formación de un equipo que solicite un crédito extraordinario al Gobierno. Se fijó también el propósito de crear una comisión que estudie la aplicación de la energía nuclear en el País Vasco. Finalmente, se acordó también dotar al Consejo de un boletín oficial bilingüe que recogerá las actas de las reuniones y los decretos que promueva el Consejo, así como pedir al Gobierno que las medidas que se apliquen a las empresas en crisis se consulten previamente al organismo preautonómico.
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