Cuando se cierran las puertas tras el proyecto de Constitución

Secretario general del Partido Comunista Obrero Español

El proyecto de texto constitucional traspasó el umbral del Congreso. Expiró el plazo para que los partidos parlamentarios presentaran Sus enmiendas. Podríamos decir que es el final del comienzo de la elaboración del proyecto. Pero el hombre de la calle se ha quedado boquiabierto de asombro ante las mil y pico enmiendas hechas por las mismas fuerzas que han intervenido en su confección.

La prensa sensacionalista ha anunciado a grandes titulares que se ha roto el consenso.

La verdad sea dicha, las enmiendas no modifican en lo esencial el texto que leímos en el Boletín de las Cortes. El consenso entre la derecha y la izquierda con representación parlamentaria continúa. Algunas enmiendas están destinadas al escaparate de la publicidad; las más, con vistas a las próximas elecciones municipales; las menos -puramente oportunistas-, manifestando de antemano apatía en su defensa y pocas esperanzas de verlas plasmadas en la realidad. Y, en conclusión, todas las enmiendas son el exponente claro de los desvelos de los partidos parlamentarios por dorar la píldora para que el pueblo trague mejor el proyecto de Constitución.

Si miramos de cara a la realidad, no podemos por menos de constatar que el proyecto de texto constitucional produce una insatisfacción general, no goza de audiencia popular, no satisface ni a tirios ni a troyanos. Y se trata, nada más y nada menos, que de la ley fundamental que ha de fijar el régimen socioeconómico y estatal del país, determinar las estructuras de los órganos de poder y de la Administración y regular su actividad, establecer el sistema electoral y señalar los derechos y deberes de los ciudadanos. ¡Ahí es nada la cuestión!

Por lo visto, ni el Gobierno del señor Suárez ni los partidos con representación parlamentaria están interesados en que los ciudadanos tomemos directamente la palabra, demos nuestra opinión y hagamos las objeciones que suscita el proyecto de Constitución.

El problema no estriba, a nuestro juicio, en que los ciudadanos digamos «si» o «no» al proyecto de texto constitucional; estriba en interesar en él al país entero, en ponerlo a debate público para que todo el mundo pueda exponer, sin cortapisas, sus respectivos puntos de vista, y, sobre todo, para saber en qué medida ese proyecto responde a lo que quiere la inmensa mayoría de la población y recoge sus inquietudes y anhelos más sentidos.

Creemos que esa es la vía más democrática para elaborar un texto constitucional y conseguir un auténtico consenso popular.

Justamente por ello he tomado la pluma para dar la opinión que merece a mi partido, y a mí personalmente, el proyecto de Constitución. No es mi propósito adentrarme en el frondoso bosque del Derecho constitucional. Por las páginas de EL PAIS desfilan prestigiosos especialistas en Derecho, jurisconsultos y juristas, que ofrecen con maestría ideas y reflexiones de diversa índole. Mi objetivo es más modesto y limitado.

El Derecho de una época determinada ha de ser expresión -si no fiel, aproximada- de la realidad de esa misma época. De lo contrario, puede ser cualquier cosa menos Derecho. Pero ¿acaso el proyecto de Constitución es el reflejo de la actual realidad española, de la sociedad democrática y avanzada que necesitamos hoy, y acorde con los tiempos que corren? Naturalmente que no.

Por eso, el X Congreso del PCOE, celebrado recientemente, ha declarado sin equívocos que ésa no es nuestra Constitución, la Constitución de los comunistas, que no hemos renunciado ni al marxismo ni al leninismo, para la presente etapa democrática, dentro del acontecer histórico del mundo y de nuestro país. A nuestro modo de ver, el proyecto de Constitución es de hechura francamente burguesa occidentalista, dirigido a mantener en lo fundamental el modelo de sociedad que ha venido salvaguardando los «sacrosantos» intereses de un puñado de oligarcas que tienen en sus manos el poder económico real de España.

No pretende avanzar

Es un proyecto de Constitución timorato, exponente del «conservadurismo» de sus progenitores, que no pretende avanzar por la senda del progreso social. En suma, manifestación del compromiso político contraído con la derecha española por los partidos de izquierda con representación parlamentaria, a espaldas de los trabajadores y de las masas populares en general.

Para hacer una calificación breve del proyecto de texto constitucional, digamos que éste representa un retroceso respecto a la Constitución de la Segunda República, y desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes.

El proyecto de Constitución se parece más a un programa, a un decálogo de propósitos e intenciones, que a una Constitución. Un programa formula lo que todavía no existe, lo que debe alcanzarse en lo porvenir; es decir, se refiere al futuro; en tanto que una Constitución es todo lo contrario: ha de recoger lo que ya existe, lo que se ha conseguido; o sea, el presente.

El proyecto no va más allá del reconocimiento formal de derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que se hayan establecido previamente las condiciones, las posibilidades y los medios para su ejercicio pleno. Pero, incluso, sin que existan aún, el texto debería ser explícito en cuanto a las medidas efectivas que se prevén para el ejercicio de los derechos y libertades que reconoce el proyecto.

Pongamos un ejemplo: el proyecto proclama el derecho al trabajo y a la cultura, cuando hoy existen más de un millón de parados, cuando -según cifras oficiales- más de 200.000 jóvenes no han trabajado nunca por falta de colocación, cuando millares de muchachos y muchachas no pueden ejercer sus carreras -a las que han dedicado años de esfuerzo y en las que han puesto sus ilusiones-, viéndose obligados, en el mejor de los casos, a aceptar puestos de trabajo que no tienen nada que ver con su profesión, ni con sus gustos y aspiraciones.

¿Y qué podemos decir en cuanto a la proclamación del derecho a la cultura, que choca brutalmente con la realidad de nuestros días? Decenas de millares de niños carecen de escuelas, y los que las frecuentan lo hacen en muchas que son inadecuadas y carentes de posibilidades para impartir una enseñanza moderna. Sólo un número ínfimo de hijos de trabajadores tiene acceso a la enseñanza superior, e, incluso, a la enseñanza media; las familias modestas necesitan ineludibiemente la aportación de salarios y sueldos de sus miembros jóvenes para cubrir agujeros en sus presupuestos domésticos. Y ante este panorama pavoroso, el debate sobre la cultura se desplaza a una «libertad de enseñanza» sui generis. Nosotros somos, por supuesto, partidarios de la libertad de enseñanza, libertad para que los padres puedan determinar si sus hijos deben recibir o no enseñanza religiosa, sin menoscabo de los estudios generales.

Hasta el «derecho a la propiedad privada», proclamado en el proyecto de Constitución, no está asegurado para todos los ciudadanos. El proceso de concentración de la producción y de centralización del capital -fenómenos que contemplamos en estos momentos con la fusión de bancos- acelera la expropiación de medianos y pequeños empresarios o les hace vivir en constante mutación, ora aurruinados o absorbidos por el gran capital, los monopolios, y las multinacionales; ora redivivos para satisfacer necesidades de las propias grandes empresas, pero siempre con una tendencia a convertirlos, cada vez más, en apéndices de éstas.

Estos son sólo botones de muestra que permiten preguntar: ¿dónde está la tan cacareada igualdad de oportunidades? Unos lo poseen todo, otros no tienen nada o casi nada. Estos sufren la inseguridad; aquéllos gozan de la seguridad. ¿Cómo puede establecerse una verdadera convivencia entre quienes pueden ejercer los derechos y los que carecen de esa posibilidad?

Los artículos del proyecto de Constitución que se refieren a las libertades democráticas están llenos de reservas y restricciones, que, en muchos casos, las minimizan por temor a que se deteriore el «orden social establecido» y la integridad del régimen socioeconómico capitalista. Aunque durante años se ha querido negar la lucha de clases, es una realidad tan incontrovertible que no podía pasar inadvertida a los autores del proyecto.

Alfa y omega de la vida del hombre

Teóricamente, la libertad es el alfa y el omega de la vida del hombre; pero en el proceso real de la práctica histórica, la libertad de unos supone la limitación de la libertad de otros: por ejemplo, la libertad de los trabajadores, obreros, campesinos, empleados, intelectuales, es la limitación de la de los capitalistas, banqueros, grandes industriales y terratenientes. Los problemas de la libertad del individuo y de la democracia separados de los problemas de las clases sociales, llevan inevitablemente a una contradicción indisoluble. Y es paradójico que no se ha aprobado aún la Constitución y se habla ya de recortar todavía más las libertades que el proyecto reconoce con leyes «antiterroristas» y de «excepción». Para ello se esgrimen como argumento los actos de violencia que se producen hoy en España, exagerados de modo exorbitante por determinados círculos de la derecha, cuando no es ella misma quien, en algunos casos, los protagoniza para atizar una campaña de descrédito de la democracia.

En realidad, el clima de violencia y delincuencia en España es inferior al existente, por ejemplo, en EEUU y en algunos países de Europa occidental. Las causas que han creado ese clima son, como es sabido, de orden general y de orden particular. Entre las primeras figuran la profunda crisis política, económica, social y moral que sufre el mundo capitalista, graves problemas demográficos, el paro -especialmente el de la juventud-, que origina una verdadera miseria moral, las escandalosas desigualdades sociales y, no en pequeña medida, la exaltación de la violencia que, en los medios de comunicación, adquiere tales dimensiones que constituye un atentado a la libertad y la sensibilidad de las personas.

Esas causas generales se dejan sentir en España y se unen a las particulares del proceso político de democratización del país, pero en modo alguno los actos terroristas -que todos condenamos- pueden achacarse a la inseguridad que «crea» la libertad, a la amnistía, a los jueces, a la política autonómica de nacionalidades y regiones y a otros absurdos por el estilo.

La seguridad nace de la libertad; cuanto mayores son los derechos y las posibilidades de ejercerlos, más sólida es la seguridad, y por eso, en opinión de nuestro partido y en opinión personal mía, es preciso acelerar el proceso de democratización del país, ahondando en él hasta el máximo, modificando aspectos esenciales del actual «orden social establecido», y no en la medida que lo hace el proyecto de Constitución.

Sí: los comunistas, los leninistas, vamos hacia el socialismo a través de la democracia; es decir, en un proceso de unidad dialéctica de las transformaciones democráticas y socialistas. De ahí que resulta muy extraño que se nos exijan pruebas de convicción democrática por gentes de dudosas concepciones liberales, que nunca levantaron un dedo contra la tiranía y la ferocidad del fascismo. Los comunistas tenemos una hoja de servicios limpia, heroica y consecuente en defensa, de las libertades democráticas.

Las soluciones a nuestros problemas no pueden provenir, a nuestro entender, de una «economía social de mercado», de un «modelo de sociedad de inspiración personalista», de una presunta conjunción de «economía social de mercado-democracia», que propugnan determinados sectores de la derecha, ni tampoco del inmovilismo.

El X Congreso del Partido Comunista Obrero Español ha presentado soluciones serias a través de la estructuración de un modelo de sociedad democrática, antimonopolista en lo económico y popular en lo político, y una forma de Estado en congruencia con ese modelo. Como es sabido, nuestra opción en cuanto a la forma de Estado es republicana y federalista, y no por enemiga contra determinadas personas, dignas de respeto, sino por nuestro convencimiento de que es la forma estatal más idónea y conveniente.

La reactivación depende de las inversiones

El modelo de sociedad que ha trazado nuestro X Congreso puede crear las condiciones para salir del círculo vicioso en que se encuentra nuestra economía nacional: la reactivación depende de las inversiones; éstas, de la confianza, y para crear esa confianza, el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria no se atreven a aplicar un tratamiento eficaz para curar los males que aquejan hoy a nuestra economía. Nuestro partido, dentro de la legalidad a que nos hemos acogido, hará los mayores esfuerzos por propagar el modelo de sociedad democrática antimonopolista y popular, que entraña profundos cambios estructurales en lo político, lo económico, lo social y lo cultural; cambios que encontrarán, no nos cabe duda, su sanción jurídica en una futura Constitución, muy distinta al actual proyecto de texto constitucional que pasa a discusión en las Cortes. Ni que decir tiene que el PCOE, su dirección, sus organizaciones y militantes apoyarán todo aquello que contribuya al desarrollo de la democracia y pueda acercar la perspectiva socialista en España.