Consenso sobre la necesidad de las autonomías y la descentralización

El tema más polémico de la jornada de ayer del ciclo «La Constitución a debate» estuvo dedicado a «La organización territorial del Estado», y tuvo por moderador al senador de designación real Justino Azcárate.Juan Ferrando Badía abordó el tema «Nación, nacionalidades y regiones». Criticó «la ceremonia de la confusión» de la proliferación de estos términos y recordó que los siete diputados constituyentes utilizaron los dos términos en el anteproyecto.

Ante el artículo segundo, que alude al derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España, se preguntó si con ello se quiere estructurar federalmente al Estado o crear un Estado regional, ya que, según la doctrina clásica, toda nación tiene derecho a convertirse en Estado.

El ponente se pronunció a favor del Estado regional como intermedio entre el unitario y el federal. Defendió un enriquecimiento político de la región, que lleva consigo -en opinión del señor Ferrando- la descentralización legislativa, el autogobierno y la autonomía.

Gumersindo Trujillo habló sobre «La regionalización del Estado». Partió de admitir el concepto de nacionalidad y de región. Se mostró contrario a los temores que en algunos sectores habían despertado supuestos peligros disgregadores del proyecto constitucional. Afirmó que lo que ha puesto en peligro la unidad del Estado ha sido un régimen autocrático empeñado en negar los factores diferenciales.

Definió la nacionalidad como el deseo de un pueblo que no está organizado como nación y aspira a tener personalidad política. No hay que rasgarse las vestiduras -dijo- por la posibilidad de que se creen auténticas nacionalidades, y terminó criticando aspectos técnicos de la Constitución en el sentido de que al proyecto le faltan cautelas jurídicas ante posibles intentos separatistas.

Arzallus: "El término nacionalidades es acertado"

Javier Arzallus abordó el tema «La autonomía como derecho de las nacionalidades y regiones, Estado regional y Estado regionalizable». Arrancó su disertación afirmando que la expresión nacionalidades que recoge el anteproyecto le parece acertada y progresiva.Hizo un interesante estudio histórico de las libertades vascas y afirmó que si en un momento los vascos defendieron su libertad junto a los absolutistas, en las guerras carlistas fue porque siempre habían pactado esas libertades con monarcas absolutos, mientras que los liberales centralistas de entonces se las negaban.

Recordó que los pueblos tienen derechos al autogobierno, y que el derecho histórico del pueblo vasco no ha prescrito ni se ha perdido la memoria histórica de ese derecho. El pueblo vasco -añadió- reclama la renovación del pacto foral.

Se preguntó luego si ha de ser igual el tratamiento constitucional para los distintos pueblos de España, y aseguró que es cada pueblo quien ha de ahondar en hacerse a sí mismo.

Rafael Calvo Ortega trató el tema «La financiación de las autonomías». Fue una intervención breve y esquemática, y analizó las cinco fórmulas posibles de financiación de los entes autonómicos: subvención, concierto, participación en los ingresos estatales, recargos tributarios y sistema tributario propio. Expuso los inconvenientes que, a su juicio, ofrecen las cuatro primeras fórmulas, y se inclinó decididamente por la última de ellas, es decir, por el sistema tributario propio, que será -dijo- el único que permita cumplir las finalidades de las autonomías.

González Casanova: "Hay que redistribuir el poder político y económico"

El último ponente fue José Antonio González Casanova, que habló sobre «Socialismo y autonomías». Justificó históricamente las posiciones socialistas respecto al problema, y afirmó que esa ideología trata, en definitiva, de redistribuir el poder político y económico entre todos los miembros de la comunidad frente a la oligarquía que trata de concentrar esos mismos poderes. Las autonomías son así, instrumento necesario de esa redistribución.La alternativa de poder-afirmó-, consiste no sólo en hacerse con un Gobierno centralista, sino en acercar el poder al pueblo, precisamente a través de las autonomías.

Afirmó que los socialistas no estaban de acuerdo con el anteproyecto en esta materia, porque fija, exclusivamente, las competencias indeclinables del Estado, pero no se fija la constitucionafidad de los futuros estatutos. «No hay -dijo- una lista de competencias de las autonomías, y ello se presta al forcejeo, a la disputa y a la controversia.»

Los socialistas piensan también combatir parlamentariamente el veto del poder central a las normas de los parlamentos regionales, ya que con ello se niega, en su opinión, la autonomía política.

Se trata, en definitiva -dijo-, de crear un Estado nacional español, pero para que esto no sea sólo retórica hay que distribuir el poder político y económico. «No hablo de redistribución, en sentido comunista, utópico -afirmó-, sino en profundidad.»

Caciquismo y autonomías

Un debate sobre el peligro del caciquismo como fantasma que puede rondar las autonomías cerró la segunda jornada de «La Constitución, a debate», y, concretamente, el tema de la organización territorial del Estado.En el coloquio sobre las autonomías, moderado por Justino de Azcárate, el profesor Pedro de Vega planteó la alternativa de la regionalización como posibilidad de funcionamiento de todos los servicios de las regiones y consolidación de la democracia o, por el contrario, como medio para la continuidad de las oligarquías.

González Casanova le contestó que la regionalización favorece la democracia y no interesa a la derecha, porque el caciquismo perderá poder. En cambio, Juan Ferrando, recordando la experiencia italiana, aceptó el peligro de que la regionalización sea capitalizada por las oligarquías.

Xabier Arzallus aseguró que las autonomías serán un factor de democratización por cuanto es una fórmula de control del pueblo. En cuanto al peligro de aprovechamiento por parte de los poderes caciquiles, recordó que lo que es cierto es que la oligarquía se aprovechó del centralismo durante los últimos cuarenta años.

El señor Martínez Bande, recordando la Constitución de 1931, defendió que la que ahora se elabora aluda a la nación española y se suprima la expresión cultura ibérica, así como pidió que en el Senado no estén representados sólo los españoles de, los territorios autónomos. Justino de Azcárate, antes de dar por concluida la sesión, tranquilizó al citado señor sobre los dos últimos extremos de su inquietud.