Seguridad y democracia

HAY CONSTANTES en la Historia que permiten ciertas simplificaciones. Por ejemplo, que el asalto a las democracias poco estables o en período de consolidación se hace, por la izquierda, en nombre de una nueva sociedad que se pretende construir y, por la derecha, invocando el deterioro del orden público, la falta de disciplina social y la inseguridad de las personas y los bienes. Obviamente la tarea es fácil para los enemigos de las libertades formales y la democracia parlamentaria que ventean su ocasión desde planteamientos derechistas. Nada es más miedoso que un millón de dólares, y nada más fácil de entender que los robos, los asesinatos, los incendios, las violaciones o cualquier desorden violento de la sociedad. No en balde la más moderna sociología tiene al miedo por el primer condicionante de la conducta humana. Miedo a la enfermedad, al desempleo, a la pobreza, a la soledad, la destrucción del matrimonio, la agresión fisica o moral.Nada tiene, por tanto, de extraño la propaganda subliminal o abierta que desde sectores demócrata-orgánicos, añorantes de la autocracia, simplemente fascistas, se está llevando a cabo sobre la inseguridad de la sociedad española, asociándola con la restauración de la democracia como el efecto a la causa. Manipulando informaciones y silenciando convenientemente. otros datos, la mercancía del orden público es fácil de vender. Obviamente nadie deja de comprar seguridad, tranquilidad, paz.

No le puede satisfacer a la sociedad el estado de amotinamiento crónico de los presos comunes (que ayer deparó dos muertos en la cárcel zaragozana de Torrero), los asesinatos (como el brutal del matrimonio Viola), o la mera delincuencia al por menor y sin violencia fisica. Pero no puede revolverse todo en la misma cazuela y servirlo a la opinión pública, sin más comentarios, como amargo y cotidiano desayuno de la democracia.

La democracia tiene su precio, pero ese costo no es, en absoluto, el de la inseguridad de los ciudadanos. Es una falacia pretender que la democracia genera violencia o desorden en las conductas. Lo que la democracia genera es publicidad para muchos de los actos delictivos que antes quedaban ocultos, discusión abierta de los problemas y, entre otras libertades, la libertad de afirmar que la democracia es el disolvente de la sociedad. Como es otra falacia tener las dictaduras o los regímenes autoritarios por garantes de la paz social.

Sin embargo, parece que a este país no sólo se le quiere vender la idea de la paz y el orden (legítima y unánime aspiración), sino la creencia de que en el régimen anterior estas cosas no pasaban.

Para algunos, a lo que parece, de 1939 a 1975 quedaron hibernados los más primarios instintos de los españoles: ni había prostitutas, ni homosexuales, ni ladrones, ni incendiarios, ni asesinos, ni terroristas. Por lo visto no existieron las guerrillas comunistas, socialistas y anarquistas, cuyos últimos muertos alcanzan la década de los sesenta; no germinó bajo la torpeza política de aquel régimen el nacionalismo vasco en versión armada; no hubo matanza en la calle del Correo ni asesinaron al primer presidente de un Gobierno franquista dentro de su coche blindado. Pues, no sólo eso, sino que hasta en los primeros y más duros años del franquismo le tiraban bombas de mano ni más ni menos que al general Varela, que era el ministro del Ejército.

Las dictaduras no aportan tranquilidad o seguridad ciudadanas. Propician la ignorancia de los sucesos o el tratamiento de Cercenar el cuello a quien le duele la cabeza. En las democracias, por el contrario, no se escamotean los problemas a la opinión pública, y el terror no se combate con otro terror, sino con policía y justicia; métodos que acaso parezcan lentos, pero que terminan por resolver muchas cosas a largo plazo.

Ahora mismo las ciudades españolas no son más inseguras que otras grandes capitales occidentales, el terrorismo es notablemente inferior al del resto de Europa y el amotinamiento carcelario -de trágica actualidad hoy mismo-es la letra vencida de un sistema penitenciario obsoleto -prácticamente en todo el mundo- por el que teníamos que pagar antes o después; los gravísimos motines de presos comunes en Estados Unidos, Francia o Italia han alcanzado a España con algunos años de retraso, pero no son -como se induce a creer- el precio de la amnistía política, sí son el precio del estado posmedieval de nuestras instituciones penitenciarias.

Los actuales niveles de seguridad pública, en suma. deben ocuparnos, pero no pre-ocuparnos. Que sepamos. ni los magistramdos ni las fuerzas de orden público han dejado de trabajar un 20 de noviembre, ni nadie puede demostrar seriamente que las libertades públicas desarrollen por sí mismas la indefensión de los ciudadanos.