La crisis italiana y el "eurocomunismo"

LA DIMISION de Giulio Andreotti como presidente del Gobierno italiano, previsible desde hace unas semanas, se produce pocos días después de que el Departamento de Estado norteamericano hiciera pública su opinión adversa a la única fórmula que podría cerrar la crisis política italiana por un largo período. Ni que decir tiene que la propia Democracia Cristiana italiana también se ha mostrado contraria, en frecuentes declaraciones públicas, a la entrada de ministros comunistas en el Gobierno. Pero la situación italiana es lo suficientemente grave (una crisis económica a la que no se ve inmediata salida, un progresivo deterioro del orden público y de la moral cívica, una pérdida acelerada de autoridad por el Estado) y su clase política es lo bastante experimentada y hábil como para que puedan descartarse las posibilidades, a corto o medio plazo, de un Gobierno de coalición en el que participe, de forma algo más que simbólica, el partido de Enrico Berlinguer. No se trata de que la Democracia Cristiana quiera gobernar con el PCI; lo que ocurre es que no puede hacerlo ya sin su concurso.La convicción de que el acuerdo entre democristianos y comunistas se halla implícito en la marcha de los acontecimientos desde las últimas elecciones generales, y de que líderes como Andreotti y Moro, consciente de que se enfrentan con una necesidad histórica, sólo esperan la maduración de las condiciones dentro de su propio partido para hacerlo explícito, explica suficientemente la brusca y arrogante intervención estadounidense, destinada a hacer abortar una fórmula de consenso que lleva largos meses de gestación y cuyo parto está próximo.

El Partido Comunista ocupa en Italia un espacio político, administrativo, sindical y social de amplias dimensiones y sólidos fundamentos (cuenta con 1.700.000 afiliados). En las últimas elecciones generales obtuvo el 34,4 % de los votos (más de doce millones), frente al 38,7 % de la Democracia Cristiana. Las grandes capitales -Roma, Milán, Turín, Venecia, Nápoles, Génova, Bolonia, Florencia- están administradas por ayuntamientos en los que son hegemónicos los comunistas, que, además, controlan otros 2.000 municipios. La gran fuerza sindical italiana es la CGIL, a la que pertenece la gran mayoría de la fuerza de trabajo sindicada (más de tres millones y medio de afiliados), y que es controlada por el PCI. El fuerte voto comunista en las elecciones de 1976 amenazó con bloquear el funcionamiento mismo del sistema político, ya que resultaría impensable un normal desenvolvimiento de las instituciones parlamentarias y administrativas si los comunistas fueran encerrados en un ghetto y obligados a adoptar una actitud de sistemática oposición. La solución, que mostró la flexibilidad y el talento de unos y de otros, fue la negociación, por todas las fuerzas del arco constitucional, de un programa de Gobierno ejecutado por un Gabinete monocolor democristiano, y el reforzamiento de posiciones en las dos Cámaras de la minoría, con la consecuencia de que Pietro Ingrao preside el Congreso y otros diputados y senadores comunistas, importantes comisiones parlamentarias.

A esa práctica política corresponden planteamientos teóricos y estratégicos bastante congruentes. Tras el golpe militar que derribó al presidente Allende en Chile, Enrico Berlinguer hizo pública la oferta del «compromiso histórico», que resume y articula esa «larga marcha» emprendida por los comunistas italianos desde el viraje de Salerno dado por Palmiro Togliatti, en 1943. El convencimiento de que la toma del poder sin mayoría electoral, o con una mayoría escasa, llevaría a los comunistas a una segura derrota o la remodelación de la sociedad según patrones dictatoriales y policíacos, no deja otra salida que la alianza con la Democracia Cristiana, la otra gran fuerza política del país, que, además, aseguraría alguna forma de acomodo con el Vaticano.

Así pues, a la vez que se hace progresivamente evidente que el sistema político italiano podría Regar al colapso a medio plazo, si se continuara manteniendo fuera del Gobierno a los comunistas, que controlan gran parte de la periferia del poder, la ideología y el programa del partido de Berlinguer descansan nominalmente sobre el respeto a las instituciones democráticas.

A diferencia de sus homólogos españoles, los comunistas italianos tienen un fuerte apoyo electoral (proporcionalmente mayor del que dispone en nuestro país el PSOE), una gran experiencia administrativa en el terreno municipal, una posición claramente hegemónica en el campo sindical, y una prolongada trayectoria de reacomodo a la vida democrática, que les ha permitido madurar orgánicamente su ruptura con las prácticas estalinianas y renovar los cuadros dirigentes con personalidades que no se encuentran marcadas por un pasado comprometido con otras ideas y otros métodos. Si el eurocomunismo tiene su más arrojado y polémico propagandista en la figura de Santiago Carrillo en realidad, los planteamientos teóricos, estratégicos y organizativos que forman su núcleo han surgido, como la generalización de la práctica histórica y política, del partido fundado por Gramsci.

En Italia, pues, es donde se juega una de las más interesantes y arriesgadas partidas de la política contemporánea, cuyo resultado final ayudará a despejar varias importantes incógnitas. Primero, esclarecer si la correlación de fuerzas internacional, basada sobre el equilibrio de los bloques y el acuerdo tácito entre EEUU y la URSS de mantenerlo, permitirá a los eurocomunistas acceder al Gobierno en Italia, no al frente de unas carteras de consolación al estilo de los «Gobiernos de salvación nacional» de la posguerra o del que propone en España el PCE, sino como participantes de pleno derecho. Segundo, si los comunistas, una vez en el interior del aparato del Estado, cumplirán sus compromisos de respetar las leyes y los usos de los sistemas pluralistas de democracia representativa. Tercero, si el desgaste del poder no conducirá a la pérdida de sustanciales apoyos electorales y sindicales del Partido Comunista italiano, en beneficio de los grupos situados en la izquierda extraparlamentaria y de las disgregadoras corrientes neoanarquistas, que comienzan a engrosar sobre el trasfondo de la crisis civilizatoria de las sociedades industriales, de la pérdida de autoridad moral del Estado y del incremento del desempleo y la subocupación entre la juventud universitaria y trabajadora.