Ocupaciones de viviendas, resultado de una crisis permanente / 1

Arquitecto, RAIMUNDO ANDRES, Ingeniero de Caminos, ANGEL CALONGE, EconomistaSegún un informe oficial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del mes pasado existen en España un total de 1.745 viviendas ocupadas ilegalmente. En este informe se reconocen las causas de las ocupaciones de viviendas: el fuerte déficit de las mismas y la existencia de viviendas oficiales vacías o adjudicadas indebidamente. Respecto al déficit, la política del Ministerio está empeorando la situación, pues el Plan de Viviendas Sociales queda fuera de las posibilidades de las familias modestas y, por otro lado, los promotores se han desinteresado por el mismo. En cuanto a la existencia de viviendas oficiales vacías, ya desde el verano del 76 se hablaba en las altas esferas oficiales de expedientes expropiatorios urgentes, de los que no se sabe nada aún.

Hay que decir que si el Ministerio ha hecho rápidamente un censo de las viviendas ocupadas, no ha hecho gran cosa, en cambio, por conocer la situación de las viviendas vacías o mal adjudicadas. Las ocupaciones de viviendas son una reclamación urgente de capas marginadas de un desarrollo en el que el desequilibrio y la injusticia social han sido la norma. Asombra, en esta situación, la postura de la Obra Sindical del Hogar, cuando dice en El Correo de la Construcción del 28 de octubre cosas como esta: «Es posible que algún responsable de otorgarlas haya cometido alguna injusticia, considerando que alguna persona que conocía pudiera estar más necesitada que otra.»

Antes de entrar en el tema de las ocupaciones vamos a tratar las causas más significativas del problema del alojamiento, principalmente en las grandes áreas metropolitanas.

Los movimientos migratorios han convulsionado todo el país, emigrando -sólo en la década 60/70- a las ciudades cuatro millones de personas. La remodelación continua en las grandes ciudades da lugar a una disputa de cada palmo del -espacio por los grupos de capital, lo que supone operaciones de derribo de la edificación y la expulsión de los habitantes de estas áreas, que se puedan, a cambio, sin vivienda. El abandono progresivo de los cascos antiguos convertidos en lugares insalubres o en estado de ruina, cuando no son rentables para el capital privado. La quiebra del modelo de consumo. Después de un período de desarrollo basado en el consumo popular, la aparición de la crisis económica, en la actualidad, cierra la posibilidad del acceso a la propiedad a muchas familias trabajadoras. El precio de una vivienda social de 76 metros cuadrados en Madrid es de 1.854.445 pesetas (BOE; 5 de noviembre). La política del Gobierno actual. Se trata de dejar el problema en manos de los promotores privados, facilitando el Estado la liberalización y comercialización del «producto». Como declaraba al Diario 16 el economista Joan Rafols, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: «Nos encontramos en octubre de 1977 sin que exista una sola vivienda social, ni siquiera una en contrucción.» Pero es que, además, un plan de viviendas sociales que son pequeñas, caras y de dudosa calidad ha sido rechazado en los barrios en que ha sido ofrecido, como Orcasur, Vallecas, barrio Bilbao, etcétera, por calificarlo de viviendas anti-pueblo.

Si tenemos en cuenta que el Ministerio parece haber renunciado expresamente a la promoción directa, es evidente que el déficit está aumentando cada día.

El pacto de la Moncloa es un intento de crear un clima de confianza para facilitar las inversiones del capital en el sector vivienda, confirmando la política de la UCD. Si nos referimos a las contrapartidas o ventajas de que habla la izquierda parlamentaria, como que «el plusvalor pertenece a la colectividad» o que «el sector público debe asumir un papel principal», recordamos aquí que ya en 1956, cuando se aprobó la ley del Suelo, se indicaba que «el suelo necesario para la expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública».

Lo que sí se concreta en el pacto son las desventajas. Si tenemos en cuenta la congelación salarial establecida (22%), por debajo del incremento del coste de la vida (30%) y la subida trimestral del precio de las viviendas, unido a las medidas liberalizadoras de producción y comercialización, podemos decir que las viviendas sociales van a ir a parar a las capas sociales en ascenso y a la crema de la clase obrera, en un intento de recomponer la base social de apoyo a los nuevos grupos del poder político, quedando fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores y población pasiva.

En cuanto a las viviendas oficiales vacías, se habla de adopción de medidas eficaces o la investigación urgente del tema. Pero ¿qué ocurre de la iniciación de expedientes urgentes de expropiación de las viviendas mal adjudicadas de que hablaba el director general en el verano del 76? ¿Y de la ley de Expropiación del 1 de abril de este año, saludada calurosamente en las Cortes? Nada se sabe por ahora.

Los cupos de reserva establecidos en la Obra Sindical del Hogar se repartían de la siguiente forma: 30 % para afiliados a entidades de la CNS, 20% para funcionarios sindicales del Ministerio, 10% para ex combatientes y vieja guardia. Asimismo, tanto el director general de la Vivienda como el propio ministro tenían sus propios cupos de reserva en las promociones del INV, un 10%.

La existencia de viviendas privadas vacía es consecuencia de una demanda de vivienda, en continuo ascenso en las grandes ciudades; las inversiones en el sector han contado con una alta rentabilidad asegurada, lo que ha hecho que propietarios y promotores retengan suelo o vivienda para obtener unos beneficios especulativos. En general, ha ocurrido que, a mayor grado de concentración de población, mayor número de viviendas vacías.

Los antecedentes de la ocupación de viviendas se encuentran en los asentamientos de las familias provenientes del campo en busca de empleo que tuvieron que resolver por sí mismas su problema de alojamiento mediante la ocupación ilegal del suelo, construyendo sus viviendas en función de los recursos de que disponían: chabolas suburbios autoconstruidos.

Aunque en los comienzos se tomaron una serie de medidas para impedir la emigración a las ciudades, llegándose a prohibir en 1957, la necesidad de mano de obra abundante y barata hizo que la administración adoptara una actitud tolerante, si bien reforzó el control policial sobre estos núcleos, cercados y marginados de la ciudad. A sus reiteradas peticiones de realojamiento en nuevas viviendas de promoción pública, se ha hecho oídos sordos.