Dos tercios de la población española, a favor de la despenalización de los anticonceptivos

El dato de que sólo el 50% de los españoles es favorable a la despenalización de los delitos de adulterio y amancebamiento parece bajo, ya que el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes el pasado 10 de noviembre, en el que se planteaba la despenalización de los citados delitos, justificaba dicha intención en la escasa trascendencia social que tienen actualmente, según recordaba ayer en este periódico el jurista Pedro Luis Yáñez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Al margen de los subterfugios empleados por el Gobierno -pretende despenalizar el adulterio y el amancebamiento pero remite los casos verdaderamente intolerables a otros lugares del Código Penal, donde pueden ser sancionados como delitos de escándalo público y abandono de familia- el Gobierno fundamentaba también su propuesta «en la reducida cifra de intervención de los órganos jurisdiccionales penales en delitos que, como éstos, son perseguibles tan sólo en virtud de querella del cónyuge agraviado» y «por motivos que no dejan en muchas ocasiones bien parada la imagen de la justicia», según señalaba el profesor Yáñez.La encuesta de Efe apunta también que, tanto en la liberalización del uso de anticonceptivos como en la despenalización del adulterio y del amancebamiento, las mujeres se muestran más reacias a estas medidas: un 60,7% de las mujeres está a favor de la primera de las cuestiones, mientras que el porcentaje favorable a despenalizar el adulterio y amancebamiento baja entre ellas a un 49,5%. Las cifras entre los hombres son de un 52,8% y un 46,3 % a favor de ambas cuestiones, respectivamente.

En ambos casos, las respuestas afirmativas crecen a medida que disminuye la edad. Atendiendo al habitat -sigue la agencia-, el mayor número de respuestas favorables a la liberalización del uso de anticonceptivos se produce en ciudades con una población comprendida entre treinta y 50.000 habitantes. Por el contrario, son las ciudades de más de 100.000 habitantes las que registran un mayor porcentaje de respuestas afirmativas con respecto a la despenalización del adulterio y del amancebamiento.

Los anticonceptivos y el nivel moral

También en cuestiones de tipo moral las mujeres se muestran más tradicionales que los hombres. A la pregunta de si el uso de anticonceptivos rebaja el nivel moral de la sociedad, un 40,5% de los encuestados cree que sí -un 43,7% de las mujeres y un 51,8% de los hombres. En este caso, las ciudades entre veinte y 30.000 habitantes son las más moralistas, ya que el 51,8% de sus habitantes considera que el uso de anticonceptivos rebaja la moral.La encuesta trata también de sondear a quién se considera que debe permitirse el uso de anticonceptivos. Un 15,5% cree que sólo a las mujeres casadas; un 38% a casadas y solteras y un 40,5% piensa que debe permitirse su uso sólo en casos especiales y bajo prescripción médica. Con respecto a la posibilidad de vender los anticonceptivos con receta médica o libremente, el 65,4% de los encuestados se inclina a favor de la primera posibilidad, mientras que un 28,5% es partidario de la venta libre.

El pasado mes de junio se hacían públicos los datos de una encuesta subvencionada por la Seguridad Social según la cual más del 70% de la población femenina española usa algún método anticonceptivo. La encuesta fue realizada entre 1.350 mujeres por tres médicos de Zaragoza, quienes pidieron que en la preparación de un Plan Nacional de Planificación Familiar intervinieran todos los estamentos afectados. De su encuesta y de otras similares se desprendía que la planificación familiar es ya una realidad social en España y que, como consecuencia, deben abolirse los artículos del Código Penal que condenan la difusión y venta de anticonceptivos e iniciar una amplia campaña de educación e información sexual. Este es un tema reivindicado constantemente por todos los grupos feministas y por muchos movimientos sociales y ciudadanos y llegó a ser presentado el pasado mes de septiembre ante el Congreso por el grupo socialista, junto con las propuestas, precisamente, de la derogación de los artículos 449 a 452 del Código Penal, que tratan sobre adulterio y amancebamiento.

Las feministas han venido también reivindicando que los anticonceptivos sean libres y gratuitos, costeados por la Seguridad Social. A este respecto, once grupos feministas integrados en la Plataforma de Mujeres de Madrid criticaron duramente una carta enviada por el doctor Manuel Castresana, director del Instituto Nacional de Previsión, a los médicos de la Seguridad Social, el pasado mes de marzo, diciéndoles que «las consultas de ginecología no están autorizadas por la ley ni por la superioridad» -los subrayados eran suyos- para solucionar problemas sobre planificación familiar, por lo que no podían remitir a los especialistas a mujeres que quisieran sólo controlar su posible gestación. El Instituto Nacional de Previsión, ante diversas protestas, entre ellas la de la Plataforma de Mujeres, hizo pública una nota diciendo que el doctor Castresana era sólo director del ambulatorio de la avenida de Portugal, en Madrid, y que el acuerdo anterior lo había tomado la junta facultativa de dicho ambulatorio. La Federación de Trabajadores de la Sanidad de la UGT de Madrid denunciaba cómo el INP atentaba contra la libertad de la mujer trabajadora, que contribuye a financiar al citado organismo, obligándola a acudir a la medicina privada para conseguir anticonceptivos.