Ochocientos millones ha concedido la Diputación a los pueblos de la sierra residencial

Casi un 40% de los 2.000 millones empleados por la Diputación favorecerá a los pueblos más desarrollados económicamente y los más densamente poblados de urbanizaciones residenciales, que, por la mala gestión municipal y las facilidades dadas a las empresas promotoras, se han ido cargando de problemas que ahora quieren solucionar con urgencia. Al fondo de todo este asunto, poniendo en entredicho la misma estructura de la Diputación, late una dicotomía política, la de autonomía municipal o la dependencia de un organismo centralista.La Diputación Provincial tiene como objetivo fundamental ayudar a mantener la vida precaria de los pueblos de Madrid y, de paso, tapar los huecos que la mala gestión de la Administración central no ha sido capaz de llenar. Se han invertido varios miles de millones en construir grandes residencias de ancianos que tienen cabida para quinientas personas cada una. Sin embargo, ahora mismo más de 16.000 solicitudes esperan. Hay otra alternativa que nunca se llegó a plantear, la de construir pequeños centros que no requirieran demasiada atención burocrática en sí mismos, repartidos por cada pueblo, que además no desarraigarían al anciano del ambiente familiar.

Mientras esa cantidad ingente de dinero se invertía en residencias que ahora se han revelado antieconómicas y que plantean graves problemas de relaciones humanas entre sus ocupantes, los pueblos de la provincia quedaban desatendidos y se forzaba a sus habitantes a la inmigración a Madrid u otros centros industriales y residenciales. Es desde hace dos años, cuando José Martínez Emperador tomó el relevo al hasta entonces presidente del organismo, Carlos González Bueno, cuando se comenzó a reconocer desde la propia Diputación el fracaso de esa política, y se volcó la ayuda económica en un plan bienal de cooperación que pretende arreglar en dos años los aspectos más desatendidos durante toda la trayectoria anterior. En Madrid queda aún un pueblo (Puebla de la Sierra) que toma su energía eléctrica de un pequeño generador, y la inmensa mayoría de los otros 170 no tienen aún alcantarillado, calles asfaltadas, médicos o escuelas.

A las Cortes, por los pueblos

A José Martínez Emperador se le acusó en su día de plantear esta táctica de ayuda real a los pueblos con fines electoralistas, aunque él lo desmintió siempre. Lo cierto es que, aunque en un principio afirmó no presentarse a las elecciones, cambió luego de opinión, y actualmente es diputada en Cortes por Alianza Popular. La idea de la utilización de esas necesidades con fines electorales se sustenta en la falta de análisis con que se concedieron las ayudas. El 40% del total unos setecientos millones, se han destinado a obras de infraestructura, asfaltado de calles, mejoras en el abastecimiento de agua, colectores y demás necesidades de pueblos que han tenido un crecimiento humano muy importante, y que debería haberse planeado de la forma menos onerosa posible para el resto de los contribuyentes.La táctica de los ayuntamientos fue la contraria. Grandes facilidades a las empresas constructoras, e inhibición ante los problemas sanitarios, educativos o de medio ambiente. La Diputación siempre tuvo un crédito o una subvención especial. Sin embargo, la propia Diputación adeudaba ya al Estado unos 7.000 millones de pesetas a fines de 1976, y prácticamente está llegando al límite de su techo crediticio.

La Diputación Provincial ha argumentado que su misión no es juzgar la actuación de cada Ayuntamiento, ni dar premios y castigos, sino solventar las necesidades reales. Sin embargo se nota la falta de un análisis mínimo de por qué se producen esas situaciones de deficiencia, y sí los recursos limitados de la Diputación no podrían aplicarse en otros campos o en otros municipios. Es, cuando menos, preocupante que un Municipio como el de San Martín de Valdeiglesias, donde se han perdido 570 hectáreas situadas en las riberas del pantano de San Juan sin obtener beneficio alguno, a cambio pueda luego ser subvencionado con veinticinco millones de pesetas. Tampoco parece lógico, y esto es sólo un ejemplo, que se concedan veinte millones a la Corporación de Ciempozuelos para que construyan una lujosa casa consistorial que valdrá cuarenta. Mientras, los servicios generales y de infraestructura están profundamente desatendidos.

Autonomía o dependencia

En esta polémica existe por otra parte un hecho cierto, y es que los ayuntamientos no cuentan con recursos propios suficientes para procurarse un desarrollo armónico, lo que a veces se presenta como excusa para ocultar esos fallos administrativos.Hay, pues, dos aspectos superpuestos en esta situación. Primero, que la Diputación reparta o no sus fondos de acuerdo con unas pautas acertadas. Y segundo, que la función de este organismo en una etapa democrática siga siendo o no la de amparar bajo un manto protector a los ayuntamientos sin recursos. Es decir, el dilema entre un organismo paternalista y centralista o la autonomía municipal. Si se eligiera esta última fórmula, la Diputación tendría todavía mucho que hacer en la realización de obras, de ámbito comarcal o provincial, que los ayuntamientos por separado nunca podrían abordar.

En cualquier caso, este es un tema con profundas, implicaciones políticas sobre el que los partidos aún no se han pronunciado públicamente.