El año que se va

EL AÑO que hoy termina marca el comienzo de la reconstrucción democrática de la sociedad española. El referéndum del 15 de diciembre de 1976 aprobó la ley para la Reforma Política, cuya realización se ha llevado a la práctica a lo largo de 1977. La legalización de todos los partidos políticos (con la excepción de los grupos independentistas vascos, decisión cargada de consecuencias negativas), la amnistía total (con lamentables limitaciones en lo que se refiere a los oficiales republicanos y de la UMD) y la celebración de las elecciones generales a Cortes fueron tres importantes pasos en el camino de convertir a nuestro país en una comunidad libre. Aunque con mayor timidez y menos prisas, también otras parcelas de vida democrática entran en vías de normalización. El Gobierno ha dictado normas para la celebración de elecciones sindicales, que tendrán lugar a comienzos del próximo año, y ha enviado a las Cortes un proyecto de ley para las elecciones municipales. El restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña, pese a la hipoteca que implica el pacto de intereses entre el señor Tarradellas y el partido del Gobierno, significa el reconocimiento de los derechos de esa vieja comunidad histórica a las instituciones de autogobierno y al estatuto de autonomía. En cuanto al País Vasco, el año se cierra con la interrogante de si los intereses nacionales terminarán por sobreponerse a los de la UCD. Si la respuesta es afirmativa, el régimen de preautonomía, que incluiría a las tres provincias vascas y mantendría abiertas las puertas para el ingreso de Navarra, será establecido por decreto-ley en los primeros días de enero.El último trimestre de 1977 ha sido el escenario temporal de los pactos de la Moncloa, que revisten una gran importancia para la solución de la grave crisis que sacude los cimientos de la economía española.

Conviene resaltar, sin embargo, que los pactos de la Moncloa no significan tan sólo un acuerdo para contener las alzas salariales al ritmo de los aumentos de los precios. Las contrapartidas políticas aceptadas por el Gobierno son de vital importancia para el definitivo desmantela miento del antiguo régimen. La reforma del Código Penal ordinario y del Código de Justicia Militar, las modifica ciones en la normativa de reunión y asociación, la dero gación de las limitaciones a la libertad de expresión y la reorganización de las fuerzas de orden público y de sus atribuciones son algunos de los compromisos adquiridos por el presidente Suárez en nombre de su partido, que queda emplazado así para convertirlos en leyes en las Cortes. Los grandes lineamientos de la política educativa son igualmente prometedores para la elevación de la calidad de la vida de nuestro país y para una mayor igualación de los ciudadanos en la distribución de opor tunidades. Finalmente, la reforma de la Seguridad Social no sólo permitirá mejorar la calidad de las prestaciones, sino que, además, pondrá bajo control democrático ese gigantesco tinglado de intereses.

La negociación de los pactos de la Moncloa y la sujeción de los partidos -de todos los partidos- a la disciplina de sus direcciones han relegado a las Cortes a un modesto lugar en el escenario político. Las sesiones plenarias han sido escasas y no demasiado ejemplares. El error de establecer un sistema bicameral, en el que los dos cuerpos deliberantes tienen similares competencias, fuerza al Senado a elegir entre dos opciones igualmente penosas: secundar obedientemente las decisiones del Congreso, o discutir enfadosamente las mismas cuestiones con iguales resultados. De todas formas, las comisiones han comenzado sus trabajos y sus deficiencias y retrasos son una lógica consecuencia de la necesaria etapa de rodaje. La ponencia encargada del anteproyecto constitucional ha terminado su cometido en plazos aceptables; el paso de comedia de su confidencialidad es ya sólo una anécdota de la que hay que aprender la inutilidad de tales procedimientos.

La democracia no es una medicina milagrosa que elimine los conflictos. Tampoco puede lograr que, de la noche a la mañana, los terroristas abandonen sus métodos o los agitadores retuncien a aprovechar el descon tento ciudadano. Ni está en sus manos conseguir, en el plazo de pocos meses, que las fuerzas de orden público tomen conciencia, desde quienes dan las órdenes hasta quienes las ejecutan, de que el orden de una sociedad democrática se mantiene mediante procedimientos diametralmente distintos a los que utilizaba la derecha. Los atentados terroristas y los muertos y heridos en las manifestaciones a lo largo de 1977 son un triste recordatorio de que el legado del autoritarismo todavía no ha sido enterrado.