El capitán Domínguez pide la nulidad de su proceso

El teniente coronel Juan Barja de Quiroga, defensor del capitán de Aviación José Ignacio Domínguez, presentó ayer, ante el capitán general de la Primera Región Militar, su escrito de alegaciones contra la sentencia del consejo de guerra que condenó a su defendido a la pena de siete años de prisión y a otras accesorias, entre ellas la separación del servicio activo del Ejército.En el escrito presentado se solicita, o bien la nulidad de actuaciones, o bien el disentimiento de la autoridad judicial militar de la sentencia dictada por el consejo de guerra. Se basa la primera petición en el hecho, según alega el defensor, de que existen decretos en la causa que han sido firmados por personas distintas de la autoridad judicial militar, toda vez que ésta lo es únicamente el capitán general de la Región, siendo indelegable la misión de administrar justicia. Es evidente -dice el defensor- la nulidad de todo lo actuado desde el momento en el que aparecen decretos firmados como de la autoridad judicial por persona que no tenga tal carácter.

En cuanto al disentimiento, el defensor lo solicita en base a que los hechos que se declaran probados en la sentencia parten de un concepto político de ruptura en discordancia con el comúnmente aceptado e incluso mantenido por grupos y personalidades políticas que forman hoy parte del Gobierno, situándose, por tanto, el tribunal, en un concepto político opuesto y, según la defensa, no reuniendo los requisitos de imparcialidad que exige el pacto de los Derechos Humanos.

Según el defensor, la sentencia considera que la Unión Militar Democrática (UMD) pretendió la ruptura, en el sentido de revolución violenta, cuando su auténtica posición -precisa el defensor- fue la de apoyar el paso específico de un régimen autoritario a uno democrático.

Finalmente, el defensor alega que la sentencia contra su defendido no analiza las actuaciones posteriores a la sentencia de 10 de marzo pasado contra un jefe y ocho oficiales de la extinguida UMD. «Ello ha llevado -dice el defensor- a imputar a mi defendido hechos que nada tienen que ver por su fecha con el delito que se le imputa, desconociendo que los dos testigos del ministerio fiscal afirmaron categóricamente que los militares de la UMD en modo alguno se propusieron alzarse en armas contra el Jefe del Estado, Gobiernos e instituciones fundamentales de la nación.»