Las Cámaras de Comercio españolas rechazan el mandato negociador de la CEE

El mandato comunitario de negociación con España para extender a los nueve países miembros de la CEE el acuerdo comercial hispano-comunitario de 1970 denota una postura comunitaria de carácter regresivo y en contradicción con el espíritu del mencionado acuerdo, según fuentes allegadas al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (CSC).Pese a esta realidad -agregan las mencionadas fuentes-, la parte española no puede demorar el inicio de conversaciones con los representantes de la CEE, no ya a través de unos procedimientos cuyo horizonte esté basado en el acuerdo de 1970, sino en la perspectiva de España como futuro país miembro de las Comunidades Europeas.

El CSC considera que, ante este ambicioso y necesario proyecto, la parte española debe movilizar y conjuntar las aportaciones que esten en condiciones de ofrecer los medios económicos y sociales del país.

Independientemente, el CSC se muestra partidario de que el Gobierno español adopte cuantas medidas de protección y salvaguardia sean necesarias para apoyar a la economía española frente al radical proteccionismo comunitario que trata de restringir las exportaciones españolas de productos metalúrgicos, siderúrgicos y textiles. Este proteccionismo, al tiempo que causa graves perjuicios a nuestra economía, contribuye a dificultar el necesario clima de diálogo para que ambas partes asuman los derechos y obligaciones que se derivan de la adhesión española.

Por su parte, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona ha hecho pública una declaración en la que se muestra totalmente contraria al mandato aprobado por el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea (CEE) el pasado 20 de diciembre y dado a la Comisión Europea para recomenzar las negociaciones con España con vistas a completar el acuerdo actualmente vigente, según nuestro corresponsal en Barcelona .

La Cámara de Comercio barcelonesa considera el mandato como « totalmente insatisfactorio y lesivo para las empresas españolas, tanto por el desequilibrio de las concesiones arancelarias que la Comunidad trata de obtener de España a cambio de mínimas concesiones por su parte, cuanto por la filosofia proteccionista que incorpora en relación a una serie de productos que -en clara violación al espíritu del acuerdo de 1970- serían sometidos a contingentes y a sistemas de vigilancia estrictos».

Más adelante, la Cámara estima oportuno «llamar la atención sobre la necesidad de no negociar la mera extensión del acuerdo de 1970 en la forma propuesta por la Comunidad en su mandato, sino de iniciar de inmediato conversaciones bajo la perspectiva global de adhesiones de España a la Comunidad como miembro pleno, de acuerdo con lo que el Gobierno solicitó en Bruselas el pasado 28 de julio».