Tenerife y Las Palmas recobran la normalidad

Después de tres jornadas de continua violencia, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Las Palmas recobraron ayer la normalidad, sólo interrumpida por pequeños «saltos» de manifestantes. En esta distensión han colaborado las fuerzas políticas canarias y los propios padres del estudiante muerto por un disparo de la Guardia Civil, que pidieron el cese de toda violencia. Las capitales de las dos islas seguían fuertemente vigiladas si bien está previsto para hoy el repliegue a la Península de fuerzas antidisturbios. Su actuación está siendo calificada de inusitadamente dura. Informa nuestro enviado especial a Tenerife, Juan Cruz.

EL PAIS detectó ayer un profundo malestar en el seno del Cuerpo General de Policía de Santa Cruz de Tenerife, a causa de una esquela, a la que hacía referencia ayer EL PAIS, que miembros del cuerpo no identificados publicaron en el diario El Día en memoria del joven estudiante muerto. Se han recogido más de noventa firmas del total de los 120 policías que componen la plantilla tinerfeña. «Repudiamos -manifestó uno de los firmantes- esta acción individual que nos implica a todos en algo que podría poner en entredicho a un cuerpo hermano. »

Dureza de las fuerzas de orden público

Las brigadas antidisturbios de Toledo que actuaron en los últimos días en Tenerife para reprimir manifestaciones de estudiantes y de otros grupos de jóvenes en la Ciudad Universitaria de La Laguna volverán mañana a sus bases. En la isla su actuación ha sido descrita por los partidos parlamentarios y extraparlamentarios como «excesivamente dura de acuerdo con la envergadura de las protestas, protagonizadas a veces sólo por cincuenta personas», como resumió ayer a EL PAIS el senador del PSOE Alberto de Armas.Tanto este parlamentario socialista como representantes de otras fuerzas políticas insulares han pedido una investigación conjunta del Senado y del Congreso para esclarecer las circunstancias en que las fuerzas del orden han actuado estos días y sobre todo acerca de la muerte del joven Javier Fernández Quesada, alcanzado el lunes en el hall de la Universidad de La Laguna por balas disparadas por la Guardia Civil. Aparte de la investigación judicial que se sigue, la citada institución ha desplazado a Tenerife al general inspector de zona de la Guardia Civil, Guillermo Gutiérrez García, que ya ha iniciado investigaciones sobre este último hecho.

Los crespones, distintivo peligroso

La actuación de las fuerzas antidisturbios en La Laguna fue explicada ayer para EL PAIS por el delegado especial de Seguridad en Canarias, Claudio Ramos Tejedor: «Por supuesto, los grupos antidisturbios pudieron haber causado molestias en la población al llevar a cabo su misión de reprimir de inmediato cualquier actitud que suponga una violación del orden. Las sicologías son diversas y la de la gente antidisturbio asume que cuando hay un crespón negro en un automóvil, desde ese automóvil puede venirle un ataque y por eso se muestra más duro con tal objetivo.» El señor Ramos Tejedor alude a las diferentes denuncias presentadas, sobre todo en la prensa insular, contra los maltratos por parte de la fuerza pública a transeúntes o automovilistas que exhibían símbolos de luto o que simplemente pasaban durante estos últimos días por las zonas donde era más estrecha su vigilancia.Según el delegado especial de Seguridad, «a veces se previene con inteligencia, pero cuando no hay tiempo para llevar a cabo tal prevención es necesaria la fuerza racional, y ésa es la que hemos aplicado para evitar batallas universitarias que finalmente no se han producido, con la gravedad temida».

La raíz del conflicto sigue latente

Estos incidentes se produjeron a raíz de la convocatoria de una huelga general pedida por las asambleas de los trabajadores del transporte, el tabaco y el frío, que se hallaban en huelga.¿Cómo está actualmente la situación laboral? Los trabajado res del tabaco aceptaron ayer un laudo de la Delegación de Trabajo y vuelven a sus puestos aunque temen despidos por sus actuaciones recientes. Los de la industria del frío están pendientes del reinicio de negociaciones con las empresas.

Los trabajadores de transportes, por su parte, llevan dos meses en huelga, piden el pago de sus atrasos y exigen de la Administración que cumpla sus promesas con respecto a la situación de la empresa concesionaria, que presentó suspensión de pagos.

El MPAIAC reivindica atentados

Antonio Cubillo, líder del MPAIAC, reivindicó ayer, desde Argel, varios atentados recientes cometidos en las islas, entre ellos el tiroteo contra dos policías armados en la madrugada del miércoles en Santa Cruz de Tenerife. Ambos agentes se recuperan normalmente de sus heridas. El señor Cubillo manifestó que «no tiramos a matar» y que el MPAIAC está dispuesto a conceder una tregua si, el Gobierno accede a negociar con la organización.José Antonio Martín domiciliado en Santa Cruz de Tenerife, podría haber sido detenido en relación con el atentado contra dos policías armados en aquella capital que fueron tiroteados desde un coche.

Aunque no pudo confirmarse oficialmente, la noticia de la detención, era un rumor muy extendido en la capital de la isla, así como el referente a que se había localizado al propietario del arma con la que se efectuaron los disparos.

Comunicado de los padres de la víctima

Los padres de Javier Fernández Quesada, informa el corresponsal en Las Palmas de EL PAIS, Diego Talavera, han hecho llegar hasta los medios de comunicación gran canarios una nota en la que expresan que cese toda la violencia que se está produciendo en Canarias como consecuencia de las protestas por la muerte de su hijo.En la misma, los familiares agradecen emocionados a los amigos, compañeros, estudiantes y a todo el pueblo canario las innumerables muestras de pesar recibidas en los últimos días y ruegan que para conllevar el dolor con la mayor fuerza y serenidad se eviten toda clase de manifestaciones que puedan originar más violencia.

De todas formas, a mediodía de ayer volvieron a producirse en Las Palmas algunos incidentes.

Se ha observado también en Las Palmas un reforzamiento de la vigilancia de algunos edificios públicos para evitar posibles intentos de provocaciones por parte de los manifestantes.