El Gobierno aprueba un proyecto sobre elecciones municipales

(Viene de la primera página)Igualmente se acordó la constitución «con la máxima urgencia» del Consejo Rector de RTVE y se aprobó la relación de los representantes del Gobierno, que no se ha facilidado oficialmente.El ministro del Interior informó al Consejo sobre el proyecto de ley regulador de las elecciones locales, que el Gobierno acordó remitir a las Cortes. Este proyecto -dice el Gobierno- se ajusta a las normas por las que se rigieron las pasadas elecciones generales legislativas, cuyas disposiciones se declaran de aplicación supletoria a las específicamente contenidas en el proyecto.

También por este proyecto de ley se modifica la composición de los distintos órganos de las entidades locales a fin de acomodarlos a los criterios seguidos en la ley para la Reforma Política. Aunque nada se dice en la referencia oficial, se da por seguro que la elección directa recaerá sobre los concejales, los cuales elegirán entre ellos o entre los vecinos al alcalde.Serán elegibles los que, reuniendo la condición de electores, no se hallen incursos en algunas de las causas de inelegibilidad que se mencionan y que son prácticamente las mismas establecidas, para los diputados y senadores en la ley de 18 de marzo de 1977. Como causas de incompatibilidad se fijan, además de las de inelegibilidad las de los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en contiendas judiciales o administrativas contra la corporación y los delegados de servicios, funcionarios o empleados en activo del respectivo ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependiente de él, que podrán quedar en la situación de excedencia especial.

Podrán proponer candidaturas las asociaciones y federaciones inscritas en el registro creado por la ley reguladora del derecho de asociación política; las coaliciones con fines electorales de las asociaciones y federaciones políticas y los electores de cada municipio que estén incluidos en el censo en número no inferior a cincuenta en municipios de hasta 5.000 habitantes, a cien en los de 5.001 a 10.000 habitantes, a doscientos en los de 10.001 a 50.000, y a quinientos en los otros casos.

Los diputados provinciales serán elegidos por y entre los concejales, agrupados según los partidos judiciales de cada provincia. Las diputaciones contarán con un número de diputados correspondiente a la población de residentes de la provincia. El presidente de la diputación provincial será elegido por y entre los diputados. provinciales y en la sesión constitutiva de la corporación, sujetándose a la regla establecida para la elección de alcaldes.

De otro lado, el proyecto señala que la aplicación de la ley en las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcóa y Alava lo será s in perjuicio delrepeto en su integridad a las normas peculiares de cada una de ellas en materia de organización y funcionamiento de sus instituciones provinciales, y que la aplicación en Cataluña lo será sin perjuicio de la preferente aplicación de las normas reguladoras de la Generalitat.

Finalmente, el proyecto de ley respeta el sistema tradicional de cabildos para las provincias de Canarias y establece para Baleares los consejos insulares y el Consejo General Interinsular.

El ministro del Interior informó también al Consejo sobre el proyecto de ley por el que se derogan los preceptos de,la ley de Bases de 1975.

Elecciones sindicalesEl martes se reunirá de nuevo el Consejo de Ministros para aprobar, en una sesión monográfica, un decreto que regule las elecciones sindicales con carácter urgente, provisional y transitorio y, por otra parte, enviará a las Cortes un proyecto de ley que regule con carácter definitivo esta materia.

Libertad de enseñanza

Con relación a la libertad de enseñanza, derechos de los padres y ayuda a los centros privados, el Gobierno recibió un informe del ministro de Educación. La ampliación de la referencia del Consejo, cita los siguientes aspectos:

« 1. En los pactos de la Moncloa se dice, expresamente en el apartado dedicado a la "política educativa" y dentro del epígrafe segundo, que se titula "gratuidad progresiva de la enseñanza", que en lo que se refiere a los centros no estatales se procederá a una revisión profunda del sistema de financiación.

De ello se deriva la clara y manifiesta inclusión de estos centros dentro del ámbito de la gratuidad.

2. Asimismo, se añade que siempre que se considere conveniente se procederá a la definición "de un estatuto de los centros subvencionados en que se prevea la participación de los padres de alumnos y profesorado por la que se atienda a la función, necesidades y condiciones de tales centros". A tal fin se está preparando un proyecto de real decreto por el Ministerio de Educación y Ciencia referido, igualmente, a su aplicación en los centros estatales.

3. En el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1978 figura un esfuerzo importante del Estado destinando más de 34.000 millones de pesetas para "subvenciones a la enseñanza privada", lo que supone un aumento considerable respecto a 1977.

4. El Gobierno, además, se preocupa paralelamente de mejorar la calidad de la enseñanza estatal, en congruencia con sus obligaiciones respecto al preeminente "bien público. " que es la educación, según consta, asimismo, en el punto cuarto, apartado, a) de los pactos de la Moncloa.»