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Desacuerdo entre los empresarios sobre la política económica del Gobierno

La primera jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre el crédito y la política monetaria ha servido para que dos empresarios -Claudio Boada y Antonio Enrich- ofreciesen dos posturas bastante diferenciadas sobre el pacto de la Moncloa y que definen claramente la división que sobre este tema puede existir entre la clase empresarial.

El presidente de Altamira Rotopress y vicepresidente de la APD, si bien recalcó que hablaba desde una perspectiva puramente personal, enjuició duramente las medidas gubernamentales y el abandono en que se encuentra la empresa y la clase empresarial.Tras interrogarse sobre la bondad de unas medidas que rebajan la oferta monetaria a un 17 % con un índice del coste de la vida próximo al 30 % y un incremento salarial del 22%, señaló que para «terminar de hacer más ilíquida la falta de liquidez de las personas físicas y jurídicas se ha escogido este, momento para poner en marcha una reforma fiscal recaudatoria o único y agresiva, que lo único qué contiene de justicia social es que, en lugar de repartir mejor las rentas, nos va a convertir a todos en pobres».

Para el señor Enrích, las graves contradicciones de las medidas economicas consisten: en dejar libre el tipo de interés sin que la oferta monetaria se ofrezca en medida suficiente para conseguir la confianza del empresario y es timularlo a invertir y crear puestos de trabajo; en una falta de credibilidad del Gabinete Suárez, ya que aniquila por completo la base de la economía de mercado, y en crear un pacto económico sin contar con los protagonistas del mismo.

El señor Enrich, que resaltó la única virtud del pacto de la Moncloa consistente en crear una conciencia a nivel nacional, señaló que le parecía una frivolidad que se comente y se admita como mal menor que, a consecuencia del plan de medidas económicas, van a caer miles de empresas y tendrán que acogerse al subsidio de paro decenas o centenares de miles de obreros. «Como lenitivo social a esta tragedia, se instaura la caridad pública sufragada por el Tesoro y financiada por los ingresos de una reforma fiscal agresiva que acabará por hundir la economía del país. Nada más triste, denigrante y peligroso que mantener una masa ociosa, que en este momento cuesta ya la cifra de 150.000 millones de pesetas.

Claudio Boada, presidente de Ford España, fue más sereno en sus planteamientos y ofreció un análisis más moderado sobre la política económica del actual Gobierno, aunque no exento de críticas.El señor Boada, que se mostró a favor de la modernización y liberalización de nuestro sistema financiero, puso de relieve que hacia esa meta se dirigen el pacto de la Moncloa y las últimas disposiciones que, a su juicio, son coherentes y adecuadas.

Tras criticar todos los defectos existentes en nuestro sistema financiero, desde los circuitos privilegiados hasta los tipos de interés, el señor Boada mostró su extrañeza ante el hecho de que las empresas españolas hayan podido invertir tanto como lo han hecho en la década de los 60 con tan escasa financiación a medio y largo plazo. «Con ello, muchas empresas, y más medianas y pequeñas, tienen mala estructura financiera.»

Sobre las nuevas fórmulas a adoptar, el señor Boada puso de relieve que la reforma del sistema financiero ha de hacerse resolviendo los problemas de adaptación., «No se puede pasar de una estructura que sin duda es ineficiente-, pero que existe, a otra nueva sin estudiar los regímenes transitorios y las consecuencias de la precipitación, que pueden ser graves.» Para el señor Boada una gran brusquedad en la liberalización, una supresión excesivamente rápida de ciertos circuitos privilegiados, etcétera, conducen inexorablemente a nacionalizaciones o suspensiones de pagos, que utilizando una mayor prudencia no hubieran sido necesarias y que naturalmente cuando se producen son irreversibles.

Recordó, por último, que una liberalización del sistema financiero no sólo comporta, sino que obliga a la libertad de precios de los productos transformados y de los servicios. El señor Boada terminó con un razonamiento convincente: «Debemos reconocer que el pacto de la Moncloa es sumamente coherente y que no existe otro mejor.»

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