La temporada pasada cayeron quince millones de piezas

En España, 983.000 cazadores dieron muerte en la pasada temporada de caza a 150 urogallos, 4.343.000 aves acuáticas, 2.500 corzos, 14.000 jabalíes, 2.500 rebecos, 21.800 ciervos y once millones de piezas de caza menor, epígrafe bajo el cual se incluyen conejos, liebres, perdices y codornices.Todas las piezas fueron, cobradas con la respectiva licencia de Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), tras el correspondiente pago de la cuota asignada a cada animal.

Sin embargo, los cazadores lo que pagan es por la destrucción de un bien común: la fauna española. Pagan por y para, ya que el importe de esas licencias será destinado a mantener floreciente la población de las especies cinegéticas, eliminando a sus competidores, o sea, los depredadores, y de refilón otras especies, como pueden ser las rapaces carroñeras que mueren al ingerir los alimentos envenenados con el fin de exterminar a los lobos, zorros o mustélidos, por ejemplo.

La actuación de los cazadores, sumada a la degradación y reducción de las zonas naturales, a través de la tala de bosques o desecación de zonas húmedas, entre otras actividades humanas, han provocado tales masacres entre las poblaciones de estos animales que la Administración tuvo que establecer una lista de especies protegidas, entre las que se encuentran todas las aves de presa, el oso, el lince, el gato montés, el armiño, el meloncillo y la nutria, además de otras aves y reptiles.

Esta destrucción de la naturaleza solamente puede ser detenida con la creación de espacios naturales protegidos y refugios de caza. Pero que mientras nuestra Administración ha declarado protegidas apenas 100.000 hectáreas de nuestro territorio nacional, y ello sin dotar de medios económicos suficientes al Icona para que este organismo pudiera llevar a la práctica esa pretendida protección, han sido declaradas reservas nacionales de caza millón y medio de hectáreas, a as que se suman veintiocho millones de hectáreas de cotos privados, un millón de cotos locales y medio millón de hectáreas de cotos sociales de caza.

El que la fauna es un bien común no abundante es evidente. Sin embargo, la ley de Caza de abril de 1970 artículo veintidós, aún dice: «El cazador adquiere la propiedad de las piezas de caza mediante la ocupación», es decir, con su muerte o captura. Cualquier ciudadano puede -previa licencia- privar a los demás de un bien común, como puede ser un urogallo, tras previo pago de 10.000 pesetas.

«Este criterio de tierra conquistada aplicado a las actividades cinegéticas tiene que desaparecer», manifiestan un grupo de representantes del Movimiento Ecologista. «La caza como producto espontáneo ha pasado a la historia. Allí donde la naturaleza alcance un grado de virginidad como para albergar una floreciente población de flora y fauna, debe declararse un espacio natural protegido, ya que estas zonas deben considerarse patrimonio de toda la humanidad y, por tanto, deben ser conservadas como tales.»

La caza como explotación agraria

No se puede negar la realidad de la existencia de millares de personas que aún reclaman la caza para divertirse, al igual que otros reclaman el boxeo. Si la Administración acepta las exigencias de esa minoría (en Suiza se ha prohibido la caza tras una consulta popular), se tendrá que llegar a un sistema que prevea la producción y administración de este producto, igual que se organiza cualquier otra explotación agraria.

Los países socialistas, en la vanguardia de la conservación de la naturaleza, han resuelto el problema, incorporando en los planes de producción de las comunas agrícolas, diversas especies de animales salvajes con fines cinegéticos. Esta producción, perfectamente compatible con los otros productos clásicos del campo, es vendida a las asociaciones de cazadores, quienes la pagan de sus propios bolsillos.

Con este sistema los socialistas han logrado resolver diversos problemas. Por un lado, los parques nacionales aseguran la supervivencia de los habitats naturales; por otro, las zonas dedicadas a la agricultura aumentan su rentabilidad incorporando a su producción la cría de especies salvajes para la caza, creando incluso toda una industria de huevos, pieles, trofeos, etcétera, alrededor de esta actividad.

Paralelamente con este sistema de producción, tanto estos países socialistas como la mayoría de los occidentales han establecido una selección de los cazadores a través de la creación de unos estudios previos, de hasta tres años de duración, que finalizan con un examen de cuyo nivel da idea el hecho de que, en la República Federal de Alemania un ministro de Agricultura se quedó sin su licencia para cazar por no haberlo superado.

En los países socialistas, tras superar el examen, se debe esperar turno hasta conseguir la licencia que deje vacante otro cazador, por fallecimiento o retirada de la licencia, ya que el número de cazadores es proporcional al número de piezas producidas por las comunas agrarias.

Proteger la naturaleza

La situación de las 100.000 hectáreas de espacios naturales protegidos en España es desoladora. Los respectivos Gobiernos de los últimos años, declararon varios parques nacionales sobre el papel, pero no se dotó al organismo encargado de defenderlos de los medios económicos y legislativos necesarios. El Icona, blanco de numerosos ataques de los grupos ecologistas, ha sido y es un organismo maniatado desde su creación por falta de presupuesto. Se le encomendó la protección de parques nacionales cuyo territorio no es de la nación -como podría deducirse de su nombre-, sino que pertenece a particulares. Por otro lado, en su área de actividades también intervienen otros organismos, en ocasiones con proyectos contrarios a los de Icona.