Preocupación ante la posibilidad de aplamiento de las elecciones municipales

La posibilidad de que los partidos políticos no pongan reparos al aplazamiento en la celebración de elecciones municipales ha comenzado a suscitar reacciones en distintos sectores, preocupados por el hecho de que la Administración local no puede seguir por más tiempo en la actual situación de transitoriedad. Esas reacciones son particularmente duras en el País Vasco, según nos comunica nuestro corresponsal en San Sebastián, José Ramón Beloqui.

Medios políticos vinculados a varios de los partidos que participaron en la negociación de la Moncloa han precisado que no puede hablarse de cláusula secreta sobre el retraso de la celebración de elecciones municipales hasta después de aprobada la Constitución, entendiendo el término cláusula en su sentido literal, es decir, como acuerdo expresado por escrito.Sin embargo, está plenamente confirmado que el problema de las municipales ha sido objeto de conversaciones, y lo que se ha producido es una falta de consenso en torno a la soltición que debe darse al mismo, por lo que no fue mencionada en la relación de acuerdos de la Moncloa. Esta misma omisión, unida al hecho de que tanto el Gobierno como distintos partidos habían proclamado en el verano la necesidad de realizar elecciones municipales antes del final de este año, confirman la existencia de problemas de fondo en dicho tema.

Las dificultades se plantean en distintas vertientes. Una de ellas obedece al hecho de que la aprobación de un nuevo ordenamiento jurídico-constitucional, en el plazo de unos meses -si eso llegara a ser verdad- condicionaría la futura estructura de la Administración local; otro problema se refiere a la pérdida de popularidad de los partidos más importantes, muy acusada en UCD y más discreta en el caso del PSOE. Pero la razón quizá más importante para que el problema municipal no sea considerado prioritario, se debe a la pugna que actualmente se desarrolla en torno a la estructuración de las elecciones sindicales, donde socialistas y comunistas mantienen posiciones claramente antagónicas, mientras UCD -aparentemente menos interesada en el tema sindical, pero de ningún modo ausente del mismo- participa indirectamente en la contienda soterrada.

Hay que indicar que fuentes del PSOE nos manifestaron ayer el deseo de su partido de que la celebración de elecciones municipales no esté condicionada a la aprobación de la Constitución -cuestión en la que aventurar una fecha es muy arriesgado-, aunque tampoco hicieron hincapié en la necesidad de llevarlas a cabo con gran rapidez, dada la mayor urgencia del problema sindical.

Por su parte, fuentes de UCD consideran conveniente no acumular una gran cantidad de consultas al electorado en muy corto plazo de tiempo, como ocurriría en el caso de que las elecciones sindicales y las municipales, más un probable referéndum para la aprobación de la Constitución, fueran realizados en cuestión de meses.

País Vasco

Como apuntábamos al comienzo de esta información, la posibilidad de que se retrasen las elecciones municipales ha merecido duros calificativos por parte de varias figuras políticas del País Vasco. Ese retraso sería una «auténtica barbaridad» para José Luis del Coro, alcalde de Vergara, y uno de los miembros más destacados del llamado grupo de alcaldes vascos, mientras Xavier Arzallus, dirigente del PNV, dijo que «de ser verdad la noticia, es un crimen muy grave», en declaraciones a nuestro corresponsal en San Sebastián. Para el senador Juan María Bandrés, la existencia de una cláusula secreta sería una decisión «de escándalo».El grupo de alcaldes vascos ha manifestado que tiene convocada para la próxima semana una reunión en la que «con toda preocupación y seriedad se estudiará el tema, y se tomará la postura que se estime conveniente». También, el PNV hará próximamente una declaración «clara y rotunda» sobre el tema.

Existe en Guipúzcoa la sensación de que la inoperancia de los actuales ayuntamientos ha alcanzado un punto tan crítico que están éstos a punto de volverse ingobernables. Las dimisiones de municipios habidas el año 76 por no disponer de capacidad de control de la Fuerza Pública (Rentería, Fuenterrabía, Tolosa), y las habidas posteriormente en enero-febrero del presente año por el lado contrario a causa de la legalización de la ikurriña (Zarauz, Irún), crearon ya en Guipúzcoa una situación de alta inestabilidad y desasosiego, del que los ayuntamientos no se han recuperado.

A todo ello colaboró asimismo, la propuesta lanzada tras el 15 de junio por los partidos victoriosos en las elecciones de aquella fecha, PNV y PSOE, de sustitución de los actuales ayuntamientos no democráticos por comisiones gestoras elegidas de acuerdo con los resultados de aquellos comicios. Aunque esta propuesta ha sido abandonada incluso por los propios partidos que la hicieron, lo cierto es que las acusaciones de falta de representatividad y las exigencias de control de la gestión municipal que han venido lanzándose continuamente, han hecho mella en los ayuntamientos. Todo ello ha derivado en que los ayuntamientos actuales no van mucho más allá de cumplir con las puras tramitaciones de asuntos.

Hay signos de que la convivencia se deteriora. Recientemente, en un barrio de Zumárraga, los vecinos se han negado a pagar los impuestos municipales y han constituido caja aparte para ir resolviendo por si mismos el caos urbanístico al que habían llegado por falta de actuación municipal.