Una comisión interministerial vigilará y coordinará la ejecución de los acuerdos de la Moncloa

Crear una comisión interministerial con el objetivo de vigilar la ejecución de los acuerdos de la Moncloa e informar periódicamente- a la opinión pública sobre el desarrollo de su cumplimiento fue una de las principales decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros, cuyas. sesiones se prolongaron durante doce horas. El Gobierno decidió, por otra parte, remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre despenalización del adulterio y del amancebamiento; convertir el servicio público Radiotelevisión Española en organismo autónomo, y autorizarla emisión de Deuda Pública amortizable por importe de 20.000 millones de pesetas nominales para financiar inversiones que combatan el paro. Entre los nombramientos destacan el del teniente general Liniers como presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y el del teniente general Emilio Villaescusa Quilis como director de la Escuela Superior del Ejército.

Uno de los principales acuerdos del Consejo se refiere a la constitución de una comisión interministerial integrada por los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, señores Fuentes Quintana y Abril Martorell; el ministro de Hacienda, señor Fernández Ordóñez; el subsecretario de Economía y el director general de Política Económica, con la finalidad de dirigir las funciones de seguimiento y coordinación en la ejecución de los acuerdos de la Moncloa, suscritos entre el Gobierno y los grupos políticos parlamentarios. Sobre este tema, el Gobierno ha acordado fijar un calendario de aplicación coordinada de las medidas que se derivan de los acuerdos, así como informar periódicamente a la opinión pública sobre el desarrollo de las diferentes decisiones contenidas en los mismos.Despenalización del adulterio

Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre despenalización del adulterio y del amancebamiento, en base, de una parte, al cambio radical experimentado por la ética social en la valoración de estas conductas y, de otra, al principio de subsidiáridad, ya que se estiman suficientes las sanciones civiles que el adulterio y el amancebamiento llevarán consigo en el derecho de familia y de sucesiones.

La despenalización que se produzca producirá efectos similares a los de la amnistía, con la inmediata liberación de cuantos pudieran hallarse cumpliendo condena por tales hechos y la eliminación de los correspondientes antecedentes penales. La reforma que se opere en el Código Penal se acompañará de una paralela reforma del Código Civil, suprimiendo en éste toda referencia a las condenas de adulterio.

Dentro del ámbito de la Justicia, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se restablecen los Cuerpos de Jueces, creados por real orden de 20 de septiembre de 1849. A este respecto se afirma que el restablecimiento de estos cuerpos, que tan saludables frutos produjeron mientras existieron, responde a la necesidad de repartir equitativamente el trabajo y alcanzar la mayor uniformidad y eficacia.

Veinte mil millones para combatir el paro

El Consejo de Ministros autorizó a la Dirección General del Tesoro para que emita, en nombre del Estado, Deuda Pública amortizable, por un importe de 20.000 millones de pesetas nominales, destinadas a financiar las inversiones urgentes para combatir el paro, aprobadas por decreto-ley el 9 de agosto último. El ministro de Hacienda queda autorizado para la ejecución del acuerdo, así como para señalar el tipo de interés, condiciones, exenciones de impuestos y demás características de la Deuda que se emite.

Dentro del capítulo de Hacienda, el Gobierno acordó declarar la urgencia del dictamen del Consejo de Estado sobre tres expedientes de concesión de créditos extraordinarios. El primero, de más de 8.000 millones de pesetas, con destino a la financiación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), transferída al Estado, y de los organismos autónomos durante los meses de noviembre y diciembre de 1977. Los otros dos -de 350 y 978 millones de pesetas, respectivamente-, para el subsidio de desempleo, ayuda a la jubilación anticipada y subvención de los trabajadores y armadores de la flota pesquera del norte y noroeste de España.

Entre los restantes acuerdos destacados en la información oficial facilitada, sobresale el decreto que contiene normas aclaratorias sobre la aplicación de contribuciones especiales de los municipios en las obras incluidas en los planes provinciales de obras y servicios y en el plan de inversión pública adicional.

Otro de los acuerdos de cierta entidad es la constitución de la sociedad de viviendas sociales de Canarias (Visocan), para promocionar viviendas de marcado interés social. El capital social es de ochocientos millones de pesetas, en los que participa el Instituto Nacional de la Vivienda con un 60%; el Instituto Nacional de Urbanismo, con un 10%; la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, con otro 10%, y con igual porcentaje la Caja General de Ahorro de Santa Cruz de Tenerife; la Caja insular de Ahorro de La Palma, con un 1 %, y, finalmente, la Sociedad para el Desarrollo de Canarias (Sodican), con el 9% restante.

Los niveles de desempleo conocidos por el Gobierno y contenidos en un informe del Ministerio de Trabajo, relativos a la segunda quincena del septiembre último, son del 4,32% sobre la población efectiva, y la siniestralidad laboral durante el tercer trimestre de 1977 experimentó una reducción del 11,7% respecto a igual período del año anterior. Remedios para los astilleros

Por otra parte, entre las áedidas encaminadas a remediar la situación actual que atraviesa la construcción naval, la ampliación de los acuerdos del Consejo de Ministros no ofrece información sobre dos de las decisiones del Gobierno contenidas en la referencia oficial de lo tratado.

Una de ellas se materializa en un decreto «sobre medidas relativas a una reestructuración de la industria de construcción naval». Según pudo saber EL PAIS, el Gobierno se ha comprometido, a realizar un plan antes de principio del próximo año.

El otro acuerdo se refiere a laconcesión de créditos a la Financiación de la construcción naval -al parecer por un importe del orden de 9.000 millones de pesetas- «bajo condición de cumplimiento de las normas de política de rentas contenidas en el pacto de la Moncloa». No se ofrece información sobre la decisión de¡ Gobierno de transformar en organismo autónomo, de acuerdo con la ley General Presupuestaria-, el servicio público centralizado Radiotelevisión Española.

Programas del Iryda

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se autoriza al Iryda (Instituto de Reforma y, Desarrollo Agrario) a actuar en los programas extraordinarios establecidos para mitigar el paro forzoso, ampliando sus funciones en cuanto a la elaboración de proyectos y zonas de actuación, lo que permitirá coordinar la utilización de fondos de este organismo con otros fondos de carácter local.

Se aprobó un acuerdo por el que se instrumenta una prima adicional para algodón bruto en la presente campaña, por un importe total de 2.500 millones de pesetas, y se autoriza al FORPPA a anticipar a las entidades desmotadoras dicha cantidad a razón de doce pesetas por kilogramo de algodón bruto recogido.

El Gobierno aprobó también una moción del FORPPA por la que se fomenta el consumo de productos nacionales que permitan sustituir importaciones de piensos. Para ello, se autoriza un límite máximo de mil millones de pesetas con cargo al plan financiero del FORPPA; esta intervención supondrá promover el consumo en forma de piensos de 200.000 toneladas de pulpa de remolacha, 125.000 de melaza azucarera, 30.000 de orujo de aceituna y 10.000 de orujo de uva. Asimismo, fue aprobada una moción del FORPPA sobre comercialización de patata, en un intento de equilibrar la oferta y la demanda, que permitirá aminorar los excedentes existentes en el mercado, y se autoriza igualmente al citado organismo para financiar a la industria feculera la absorción de los excedentes de patata que no puedan ser comercializados.

Vigilancia de precios.

A propuesta del ministro de Comercio, el Consejo aprobó un real decreto sobre normativa en materia de precios. En ella se establecen tres listas de productos, la primera está sometida al régimen de precios autorizados, en la que la autorización de alzas de precios corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; la segunda, al régimen de precios comunicados, en la que las alzas deberán ser comunicadas a la Junta Superior de Precios con un mes de antelación, y una tercera lista, en la que las elevaciones serán decididas a nivel provincial. Todos los demás productos tendrán precios libres, aunque la Junta Superior de Precios podrá examinar los que pudieran parecer anormales o injustificados.

En relacion con el mismo tema, el real decreto dispone también la adscripción de la Junta Superior de Precios al Ministerio de Comercio. Las comisiones provinciales de precios estarán presididas por el gobernador civil, y en ellas estarán representadas las amas de casa y consumidores; en cada caso podrán sumarse representantes de la producción y comercialización del sector de que se trate. La ampliación de la referencia del Consejo anuncia también que el Gobierno regulará la participación institucional de los distintos síndicatos, tanto en la Junta Superior de Precios como en las comisiones provinciales.

Metro de Madrid

La ampliación se milita a indicar que el ministro de Transportes y Comunicaciones informó sobre la situación del Metro de Madrid y las alternativas de solución a los distintos problemas que la entidad y el servicio tienen planteados. No menciona ningún acuerdo en concreto.

Reorganización de la Presidencia

Respecto al Ministerio de la Presidencia, el Gobierno aprobó una reorganización que tiende a determinar su función de órgano de apoyo al presidente del Gobierno, así como el principio de reducción del gasto público. Además de las tres Subsecretarías ya suprimidas el 4 dejulio pasado, se suprime el único puesto con categoría de subsecretario que existía en la Presidencia del Gobierno y varias direcciones generales, y se tránsfieren diversos organismos a otros Ministerios. Aunque no se menciona espedíficamente en la referencia, se cree que uno de los organismos que desaparecen es el Servicio Central de Documentación.