La prensa inglesa, amenazada por intereses comerciales

No es verdad que los británicos se dejen el periódico en el «metro». Lo guardan, porque en él les viene el programa de televisión. También lo conservan porque desde 1973 los diarios de este país ya no son productos baratos que se pueden tirar al final del trayecto.Los británicos no se dejan en tan alta proporción los periódicos en los medios de transporte porque, además, ahora leen menos La televisión y la radio satisfacen su curiosidad informativa y les proporcionan un entretenimiento del que disfruta al menos el 95% de la población. La radio está en el 99 % de los hogares.

Los efectos de la crisis energética de 1973 sobre la prensa inglesa se notan ya en Fleet Street. Imperios periodísticos como el de Beaverbrook, ex propietarios del Daily Express, tuvieron que vender su producto a la compañía que salvó los barcos de Cunard. El costo del material de impresión, la subida de los salarlos y la desilusión del personal que vio descender la tirada de los cuatro millones en 1960 al millón escaso este año, acabó con una de las empresas típicas del periodismo inglés.

Lo mismo ocurrió meses antes con el Observer, que fue adquirido por un magnate norteamericano del petróleo, interesado en tener un órgano de opinión cerca del mar del Norte escocés. No es el primer magnate del petróleo que es dueño del Times, del Sunday Times y de una cadena de periódicos provinciales; también tiene acciones en compañías que operan en los pozos del mar del Norte.

La llegada a Fleet Street de empresas ajenas al imperio de la prensa escrita ha levantado sospechas entre los defensores de la independencia del medio. Se considera que la proliferación de magnates que quieren convertir sus nuevas adquisiciones en portavoces de otros intereses comerciales resulta una amenaza a la libertad del periodista para informar según su propio criterio. El sucesor de Beaverbrook en el Daily Express cambió al director del diario nada más hacerse cargo de la compañía. De la noche a la mañana ha querido hacer que una pul5licación destinada al ciudadano medio conservador se dirija a las clases más populares, también de índole conservadora.

Una comisión oficial que ha estudiado en los últimos años el papel de la prensa en Gran Bretaña ha criticado este tipo de decisión y ha pedido una mayor independencia de los directores, un entendimiento democrático entre éstos y sus redactores y salvaguardas de su libertad de acción frente a los caprichos de las empresas para las que trabajen. Un contrato mínimo de un año es el que se sugiere para los directores.

En otras ocasiones el Gobierno ha intentado defender a la prensa de los monopolios. En 1965, se aprobó una ley que pone freno a la monopolización. Sin embargo, el 80 % de los diarios y semanarios nacionales está en manos de tres corporaciones únicas. Ante esta situación, los sindicatos han sugerido, en más de una ocasión, algo que horroriza a los periodistas británicos; convertir el medio en una institución de servicio público, financiada por el Estado, de modo que se impida que «las consideraciones comerciales estén por encima de los niveles puramente periodísticos, como ha ocurrido en los últimos años».

Independencia frente al Estado

En Gran Bretaña existe un horror común frente a las posibles implicaciones del Estado en los asuntos de la prensa y de hecho los folletos de propaganda proclaman con mucho orgullo que en la cuna de la democracia europea no hay censura de prensa. Tampoco hay leyes o convenciones constitucionales que defiendan de manera tácita la libertad de expresión.

De hecho, hay varias normas que limitan el ejercicio de esa libertad. Además de la ley del libelo, que figura como una espada de Damocles sobre la cabeza de los directores, existe la ley de los Secretos Oficiales, cuyo artículo dos puede convertir cualquier cuestión en materia reservada sujeta a embargo indefinido. Los jueces también pueden imponer restricciones sobre la información de la violencia y, en especial, la provocación de enfrentamientos de origen racial son ahora objeto de persecución judicial. De cualquier delito cometido a través de la prensa pueden ser responsables no sólo el director de la publicación, sino su distribuidor, el propietario, el impresor y el autor del artículo en cuestión.

Aparte de los servicios informativos oficiales que están a disposición de todos los medios que trabajan en el país, el Estado no controla ningún aparato de difusión. Las dos principales agencias, Reuters, de carácter internacional, y Press Association, de cobertura nacional, son propiedad de consorcios informativos que usan los beneficios de ambas agencias para mejorar sus servicios. Reuters, que tiene cerca de 2.000 corresponsales en 183 países, es una propiedad conjunta de la Asociación de Empresarios Periodísticos Británicos y las agencias nacionales de Australia y Nueva Zelanda. La Press Association, fundada dieciocho años después que Reuters, en 1868, sirve a sus dueños: los periódicos del Reino Unido situados fuera de Londres y aquellos que se publican en la República de Irlanda.

Radio y televisión

Donde el Estado sí tiene una participación directa es en el control de la televisión y de la radio. Las tres emisoras de televisión y las veintitrés emisoras de radio que hay en el Reino Unido pueden ser paralizadas por el del ministro del Interior si éste creyera que la seguridad del país iba a sufrir por la emisión de un determinado programa. Aunque eso jamás ha ocurrido, la intervención del Estado es inequívoca desde el nombramiento del presidente de las dos corporaciones que tienen a su cargo las cadenas de televisión y las emisoras de radio.

La BBC, a la que nosotros conocemos como la cadena oficial, nació en 1927 como instrumento radiofónico. En 1936 comenzó su primera emisora de televisión. Desde 1964 tiene otra, la BBC2, que ofrece programas de índole cultural o relativamente minoritarios. La BBC (British Broadcasting Authority) ofrece también cuatro programas de radio de carácter nacional y acoge a un grupo de emisoras que producen sus propios programas regionales. Existe una campaña ahora para separar del control de la BBC la radio local de carácter no comercial.

Aparte de nombrar al presidente de la BBC, el Gobierno aconseja a la reina el nombramiento de los doce «gobernadores» de la corporación, cuyo mandato finaliza a los cinco años de su toma de posesión. Ese grupo es el que designa al director general. La misión del presidente y de los doce gobernadores es la de vigilar los niveles informativos y formativos de la corporación. Una de las preocupaciones principales es la de evitar los prejuicios o los desequilibrios. Ha habido programas que no han salido al aire porque los puntos de vista ofrecidos no estaban suficientemente contrastados con Ios de quienes podían tener opiniones contrarias.

Hay un cuidado especial para evitar que las compañías comerciales caigan en manos de monopolios y por eso, por ejemplo, se limitan las acciones que las empresas periodísticas puedan tener en consorcios televisivos.

El Ministerio del Interior interviene directamente en el nombramiento del director general de la Independent Broadcasting Authority, de la que dependen las cadenas comerciales de televisión y de radio. Esta entidad, al revés que la BBC, no produce programas, sino que alquila sus derechos de emisión a quince compañías privadas que producen programas y los emiten en las catorce regiones británicas cubiertas por la televisión independiente. Bajo el control de la IBA están también las diecinueve emisoras de radio de carácter comercial que hay en el país.

Las emisoras que funcionan bajo el mandato de la IBA viven de los anuncios. La BBC se nutre de las subvenciones gubernamentales obtenidas del cobro de las licencias que pagan los televidentes. Ambas corporaciones viven también de la venta de sus programas a otras empresas del resto del mundo. Hay negocios paralelos -publicaciones, material de- enseñanza, y otros- que ayudan a sufragar gastos de producción.

Aunque la autonomía de los dos organismos es en teoría muy grande, el Parlamento puede pedir responsabilidades al Ministerio del Interior por cualquier programa transmitido tanto en la BBC, como en la televisión independiente. Las compañías que usan los servicios de ésta última, tienen la obligación de consultar con la IBA siobre el contenido de sus transmisiones. Recientemente, un programa sobre el IRA, un tenia altamente sensible en el Reino Unido, se quedó almacenado porque la IBA consideró inconveniente su exhibición. El mismo tipo de control se aplica en el caso de la radio.