Tráfico y transporte provocan la protesta masiva de los madrileños

No se ha llegado a una solución concreta al problema del transporte después de las manifestaciones masivas ocurridas el jueves en Pozuelo, y de que ayer viernes, los autobuses continuaran sin funcionar. Los resultados de la reunión, celebrada el viernes por la mañana en el Gobierno Civil, señalan que la única solución real está en manos de la empresa Llorente, a quien los organismos ofíciales no pueden obligar a aceptar las reivindicaciones de los vecinos.

Ayer, grupos de aproximada mente cien personas impidieron, por sexto día consecutivo, la salida de los autobuses, mientras esperaban las resoluciones de la reunión. Participaron en la misma el gobernador civil, dos re presentantes del Ministerio de Transportes, el alcalde, Manuel García, tres representantes de la asociación de vecinos, llamados por el gobernador y la comisión de vecinos elegida en la concentración del jueves. No asistió nadie de la empresa Llorente, aun que en la misma tarde de ayer sus directivos se reunieron con los delegados del Ministerio.El señor Rosón informó que oficialmente no puede hacer nada, aunque puede gestionar que la línea 84, de la EMT, se alargue hasta el límite con Pozuelo. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento podría crear un servicio provisional de autobuses que enlazara con la línea 84 en el punto donde ésta terminara.

Los delegados del Ministerio apuntaron la posibilidad de adjudicar a otra compañía de transportes una segunda línea de Pozuelo a Madrid, pero eso llevaría tiempo.

Los vecinos, por su parte, expusieron que pueden admitir desde hoy mismo, el aumento de la reducción de tarifas en un 25 y la instalación de marquesinas, esperando que el resto de sus reivindicaciones se negocien en los días siguientes.

Dimisión no

Los representantes de la asamblea expusieron además, que aunque estos días se ha pedido insistentemente la dimisión del señor García por el acaloramiento de los protagonistas, en realidad, no admitirían su dimisión, y exigen que se responsabilice del problema, abandonando su postura inhibicionista. Piden, en cambio, la creación de una comisión de control formada por los partidos políticos, centrales sindicales y entidades ciudadanas que supervisen la actuación municipal hasta las próximas elecciones.El gobernador civil explicó que la petición no puede aprobarse oficialmente, pero que no hay obstáculos a que, extraoficialmente, el Ayuntamiento permita a esa comisión la supervisión de las cuentas municipales, y que el Ayuntamiento actúe de acuerdo con ella. Por su parte, el alcalde dijo que esa había sido su postura siempre, pero no se comprometió claramente a aceptar la petición en sus términos concretos.

En la tarde del jueves, mientras los vecinos estaban concentrados en la plaza, el señor García, reiteró a EL PAIS su posición de incompetencia en todo el asunto del transporte, y se defendió de las acusaciones de inhibición diciendo que todos los días había estado en el Ayuntamiento por la mañana, ya que por la tarde tenía que ocuparse de sus negocios particulares, «que son los que me dan de comer», según sus palabras textuales.

Manifestaciones en Alcorcón y en la M-30

Ayer se produjeron hechos conflictivos relacionados con el tráfico en Madrid y en Alcorcón.En la M-30, el jueves falleció la joven de veinticinco años, Araceli Antón, atropellada cuando intentaba cruzar la autopista a la altura del tramo comprendido entre los puentes de la autopista de Barajas y de la calle Costa Rica. Pocas horas más tarde se formó una manifestación espontánea de personas que pedían puentes para peatones y señalizaciones suficientes. Araceli Antón, es la quinta persona muerta en este verdadero punto negro en el transcurso de un año.

Ayer se repitió la manifestación a las cinco de la tarde, con el consiguiente corte de tráfico.

Por la mañana, las asociaciones del parque de San Juan Bautista se entrevistaron con el director general de Carreteras, señor Diamante, quien reconoció la peligrosidad de la autopista y les informó de los proyectos en marcha.

Estos consisten en la construcción de dos pasos de peatones, a la altura de la avenida de América y Costa Rica, aprobados por el antiguo Ministerio de Obras Públicas en septiembre, y pendientes sólo del informe de Coplaco, que se supone será, sin duda, afirmativo. Se espera que para finales de año estén en funcionamiento.

No hay duda que los accidentes y las protestas de los vecinos han significado la aceleración de los proyectos, ya que el presidente de la junta municipal de Ciudad Lineal informó de sus conversaciones con el Ministerio en marzo de este año, en cuyo momento le prometieron que la pasarela estaría construida en mayo de 1978.

En Alcorcón los acontecimientos han sido similares. Ayer fue atropellada y muerta una niña en la carretera a Leganés, tramo que atraviesa el pueblo y que ha dado origen a numerosos accidentes y actos de protesta por los habitantes de los barrios cercanos. Otra manifestación cortó el tráfico, mientras varios vecinos se dirigían a hablar con, el alcalde de Leganés, Manuel Matheo. Este se limitó a decirles -según nos informan- que no pensaba moverse del Ayuntamiento, y que hasta que no se le conceda un crédito de ochenta millones destinados a mejoras en el tráfico, los problemas de este tipo no tenían solución.

Madrid, una ciudad peligrosa

En los últimos meses se ha observado una creciente sensibilización de los madrileños por la inseguridad de las calles y vías de comunicación de la ciudad. Los accidentes producidos se han contemplado por parte de las autoridades en un sentido fatalista, «como los inconvenientes de habitar una gran ciudad». La opinión de los vecinos no coincide con este aserto, y piensan que en el fondo existe una explicación socio-económica que enmarca estos riesgos. Sería, en último caso, el retraso con que los ayuntamientos acometen obras de me jora de la vida cotidiana, siempre por detrás de las actuaciones de particulares que levantan núcleos de población sin las debidas infraestructuras, dejando las obras de seguridad, como son las carreteras, los pasos a nivel, etcétera, al cuidado de la Administración local y central.