La amnistía militar
La noticia de que el proyecto de ley de Amnistía alcanza a los oficiales condenados hace dos años por su pertenencia a la Unión Militar Democrática, pero que, sin embargo, se va a impedir a los amnistiados el reingreso en el servicio activo en el Ejército me trae al recuerdo una anécdota de la que fui protagonista pero que rebasa el carácter meramente personal.En noviembre de 1955 ingresé, por oposición, en el Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire. Pocos meses después, en febrero de 1956, fui procesado por actividades políticas. Se me permitió terminarel curso en la Academia del Cuerpo Jurídico del Aire y hacer los meses de campamento preceptivos. Pero mi procesamiento impidió que pudiera incorporarme al servicio activo terminado el curso y ser promovido al grado de teniente; situación que se agravó al ser procesado de nuevo, también por actividades políticas, en enero de 1958. El indulto dado en el otoño de 1958, tras el fallecimiento de Pío XII, dispuso el sobreseimiento de todos los procesados cuya petición fiscal no sobrepasara los dos años. De esta forma, en 1960 me encontré en una situación singular: fui sobreseído en las dos causas pendientes por tener una petición fiscal inferior a dos años, pero no fui declarado ni inocente ni culpable.
A raíz de esos sobreseimientos fui llamado por un alto grado del Cuerpo Jurídico del Aire, que me indicó que, si bien jurídicamente me hallaba en condiciones de ser promovido al grado de teniente, mi incorporación planteaba problemas políticos: «Las Fuerzas Armadas, me vino a decir, acatan la legalidad vigente y la teoría política que la justifica; resultaría incongruente que quien, como usted, es sospechoso de haber infrirígido la primera y públicamente cuestiona la segunda, siga en las filas del Ejército»
Independientemente de su buen fundamento político y jurídico, la argumentación me resultó lo suficientemente persuasiva como para llevarme a pedir de inmediato la baja en el Ejército. Pero ahora, recordando aquella conversación que prejuzgó mi decisión de pedir la baja, me pregunto cómo a un grupo de oficiales, que arriesgaron su carrera por la defensa de los principios democráticos, se les niega el reingreso en unas Fuerzas Armadas cuya misión es proteger y defender unas instituciones que, desde el 15 de diciembre de 1976, descansan precisamente sobre tales principios. Y también me pregunto si el Ejército de un pais democrático puede, en cambio, tolerar dentro de sus filas a quienes cuestionan abiertamente tanto la legalidad vigente como la teoría política que la justifica. Tal vez el razonamiento que me llevó a causar baja en las Fuerzas Armadas bajo el régimen de Franco pudiera resultar igualmente persuasivo para quienes ahora se puedan mostrar hostiles a un Estado constitucional y democrático.
