La juventud, ante la nueva Constitución

Secretario general de la Federación de Juventudes Liberales

Desde el último 15 de junio una sociedad distinta parece que se vive en España. Se han sentado las bases de un sistema de gobierno democrático y respiramos toda esa amplia gama de libertades que hacen posible el difícil pero irreversible camino de nuestro país a la democracia.

Estamos viviendo un amplio proceso de cambio, en el que los motores principales son hombres cuyas fechas de nacimiento se encuentran al final o por encima de ese triste trienio que enfrentó a una parte de España con la otra.

Son jóvenes los hombres que han hecho posible la transformación y somos los jóvenes quienes desprovistos de esa carga emocional que movió a los participantes en la última contienda civil, vamos a continuar siendo los protagonistas de la vida pública española.

Por razón del acelerado ritmo de cambio, la sociedad necesita iniciativa, creatividad, alto grado de adaptabilidad, y en definitiva, valores jóvenes. Es por ello por lo que el peso de los «ancianos» en las sociedades tradicionales queda hoy desvirtuado. Porque la sociedad no va adelante sólo por la fuerza de la experiencia, sino combinada ésta con el impulso de la juventud.

Los jóvenes de hoy nos enfrentamos a la sociedad con un bagaje de madurez intelectual y un conocimiento sensiblemente más alto que los que sustentaban los jóvenes de otras épocas.

La prolongada y masiva escolarización, los desplazamientos geográficos, etcétera, dotan al joven de una capacidad incluso mayor a la de la generalidad de la población adulta actual.

Los jóvenes producen

Pero la juventud española, y más en concreto la comprendida entre los dieciocho y veinte años, no sólo se enfrenta con la sociedad con una relevante preparación intelectual y cultural, sino que, además en proporciones, superiores al 60%, participa plenamente en el desarrollo de la riqueza nacional a través de su trabajo, y frecuentemente en puestos de mayor esfuerzo y peor remunerados.

Toda esta participación en las responsabilidades, incluso tributarias, no tiene, en cambio, una contrapartida en el reconocimiento de los plenos derechos políticos.

Las últimas elecciones legislativas han dejado fuera de la posibilidad de cumplir con el derecho al voto a esa gran parte de la población comprendida entre los dieciocho y veintiún años, que no sólo están presentes en la sociedad en una situación de capacidad personal sensiblemente más desarrollada que en otras épocas, sino que, además, por su peculiar socialización desenvuelve orientaciones sociales más ajustadas al momento de evolución social y técnico, y por tanto, más funcionales que las contrastadas en las generaciones mayores.

Quienes han impedido la ampliación de los derechos políticos a los jóvenes de dieciocho años, en virtud de miedos electorales, y viendo la posibilidad de una radicalización del voto han atendido sólo a criterios paternalistas y a esquemas electorales más acordes con el anterior régimen que con un sistema democrático occidental.

Se pide constantemente «adhesión» a la juventud, pero se impide al mismo tiempo su participación en la vida política activa. Un pequeño análisis de nuestra legislación vigente nos descubre que el nivel político decisorio es un campo vetado a la juventud.

Edad-madurez como anacronismo

Todo el ordenamiento. jurídico vigente está basado en una clara interdependencia «edad-madurez». Esta suposición implícita en nuestras leyes de que existe una relación entre la edad del joven y su madurez es un anacronismo que no se corresponde con un estado moderno occidental. Europa ha asumido recogiendo en sus distintos ordenamientos todos los derechos políticos de la juventud, Francia en 1974, Italia en 1976, Holanda en 1972, Gran Bretaña en 1969, Portugal a partir de la revolución del 25 de abril, Suecia en 1976 y así sucesivamente hasta completar toda la lista de naciones europeas con la excepción del ciudadano belga, que requiere tener cumplidos veinticinco años para acceder al Parlamento.

Todo lo anterior nos lleva a exigir que la nueva Constitución que próximamente se debátirá en las Cámaras, reconozca el ejercicio de los derechos políticos a los dieciocho años, extendiendo, por otra parte, este reconocimiento en la mayoría de edad civil y penal. Cerca de dos millones de españoles que trabajan, estudian y aportan un considerable esfuerzo al engrandecimiento de nuestra Patria aguardan con confianza.