"Recortes" a la actuación y fuero de la policía

Varias proposiciones de ley, presentadas por el PSOE, afectan directamente a la policía y fuerzas de orden público. Una de ellas solicita la reforma del reglamento orgánico de la policía gubernativa, que fue promulgado -según el texto del PSOE- «con el fin de institucionalizar de derecho algunas irregularidades e intromisiones en competencias de otras esferas oficiales y en los derechos ciudadanos, que se venían produciendo de hecho».La reforma, muy extensa y pormenorizada, responde a los principios de devolver a los tribunales la integridad de las funciones que les compete, respecto a la restauración del orden jurídico violado y a la investigación y descubrimiento de delitos, así como a evitar -«salvo lo indispensable»- el secreto en la actividad policial, y a suprimir las facultades sancionadoras de los jefes superiores de policía, entre otras.

El grupo socialista del Congreso propone también la supresión de fueros personales y el sometimiento de las fuerzas de orden público a los tribunales ordinarios. El texto correspondiente considera que n o debe ser mantenido el fuero de la policía -por el cual sólo determinadas autoridades judiciales pueden abrir sumarios a funcionarios de policía-, entre otras disposiciones; en cuanto al enjuiciamiento de miembros de fuerzas de orden público, se propone una pequeña modificación del Código de Justicia Militar, añadiéndole un párrafo al artículo 16, donde se establezca que los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por miembros de la Guardia Civil, Policía Armada o cualquier otro que realice las mismas funciones, sean enjuiciados por tribunales ordinarios.

En otro orden de cosas, se propone la derogación de algunos artículos y modificación de otros de la vigente ley de Orden Público, que sería ésta: «El libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas, el funcionamiento democrático de las instituciones y el manenimiento de la paz interna, constituyen el fundamento del orden público. »

Otra proposición de ley plantea la derogación de una parte del decreto de 23 de diciembre de 1971, que regula la expedición de pasaportes. Se trata de suprimir las facultades del ministro de Gobernación -hoy del Interior- para retirar o retener pasaportes, o para suspender la salida del territorio español de los súbditos nacionales y atribuir dichas facultades, en ex clusiva, a los tribunales de justicia.

Partidos políticos

En lo que sé refiere a los partidos políticos, la correspondiente proposición del PSOE plantea el reconocimiento del derecho de los españoles a asociarse libremente para fines políticos, y la simplificación de requisitos necesarios para ello, de forma que se conviertan en una simple, comunicación previa. Asimismo, se especifica que los Presupuestos Generales del Estado consignarán subvenciones para los partidos, proporcionalmente a su representación parlamentaria.

Otras proposiciones de ley afectan a modificaciones de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que se refiere al mantenimiento de la libertad del procesado y sólo como excepción la prisión provisional; a un decreto de 10 de octubre de 1958, sobre procedimientos de pase de fronteras, entre otros asuntos, y al régimen de concurso de los jueces y magistrados, en este último caso para restablecer el principio de la antigüedad en la provisión de cargos, en tanto se aprueba la Constitución que posibilite una ley de poder judicial.