En defensa del Parlamento

LA CONSOLIDACION en España del sistema democrático necesita, además de un apropiado marco jurídico, la asunción por la sociedad de los valores, pautas de comportamiento y hábitos mentales propios de esa forma de convivencia. La comprensión de las funciones que desempeñan los órganos elegidos por la voluntad popular y el respeto por las personas que los componen afectan al fundamento mismo de la democracia. Por esa misma razón, una de las principales tareas a las que dedican sus esfuerzos los enemigos del pluralismo es el desprestigio yel menosprecio de las instituciones. parlamentarias y de sus miembros. Y ello tanto desde la extrema izquierda como desde la derecha golpista y autoritaria. Para citar ejemplos inmediatos, baste con recordar los intentos de la izquierda abertzale, que tan modestos resultados obtuvo en las elecciones, para vaciar de contenido el mandato concedido por el pueblo vasco a los congresistas y senadores del PNV y del PSOE mediante movilizaciones de activistas, que recabarían para sí la condición de vanguardia (consciente y metafísicamente representativa) frente a los ciudadanos de segunda, que depositaron sus sufragios en las urnas. No sólo los fascistas piensan que el mejor destino para las urnas es el de ser rotas. En el otro extremo del espectro, los incidentes que han protagonizádo en Santander un diputado del PSOE y algunos miembros de las fuerzas de orden público son expuestos e interpretados de forma tal que ahora resulta que lo que hay que averiguar es no si el diputado fue injuriado por los guardias, sino si acaso no fue él el delincuente. Vaya invento. Desgraciadamente, el menosprecio de las instituciones representativas recibe insospechados refuerzos desde el interior mismo del campo democrático. Las insólitas reticencias y matizaciones expuestas, a propósito de los sucesos de Santander, por el propio ministro de Relaciones con las Cortes así nos lo hacen temer. Y hasta un veterano militante contra la dictadura como el señor Tarradellas se ha permitido aportar su grano de arena a esta inicial ofensiva contra los resultados de la voluntad popular con ese delito de lesa democracia que consiste en destituir de un órgano colegiado, designado por la Asamblea de Parlamentarios catalanes, al senador que más votos obtuvo en las elecciones del pasado 15 de junio. Los parlamentarios deben ser conscientes de que, desde distintos ángulos, van a ser hostilizados y menospreciados en tanto que representantes de la voluntad popular. Por esa razón, tienen el deber de reducir al mínimo los pretextos que puedan servir para desencadenar campañas de desprestigio contra la institución a la que dan vida. No parece que la grave crisis económica por la que atraviesa el país sea el marco adecuado para una revisión al alza de sus retribuciones, amenos que impliquen una verdadera plena dedicación a sus tareas. Ni tampoco el secreto y las sesiones a puerta cerrada son el mejor procedimiento para que los electores se sientan verdaderamente representados por sus diputados y genadores. Para no hablar de los negativos efectos que pudieran producir en el futuro la ineficacia de la actividad parlamentaria o la transformación de los debates en incomprensibles pugnas bizantinas para los iniciados. La defensa de las libertades y la consolidación de la democracia precisa un Parlamento no sólo plenamente representativo, sino también operativo, ejemplar y transparente.

De esta forma, las tentativas extremistas de desplazar la vida política fuera de los rnarcos legales y electorales carecerán del necesario campo de maniobra. Y los esfuerzos del poder ejecutivo por invadir el territorio del poder legislativo, despojarle de funciones y socavar su prestigio encontrarán la firme resistencia de la opinión pública.