Los partidos no cobrarán las subvenciones electorales hasta octubre

Se cuenta que cuando Fernández Ordóñez tomó posesión del Ministerio de Hacienda se llevó las manos a la cabeza al comprobar que las arcas del Presupuesto del Estado para 1977 estaban prácticamente vacías. Y los veintidós créditos extraordinarios que el Gobierno ha arbitrado en los últimos meses parecen avalar la suposición anterior. Lo cierto, en cualquier caso, es que el Gobierno, en su última reunión, envió a las Cortes un proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario por valor de 2.357 millones de pesetas (que es lo que considera que tiene que revertir a los partidos políticos que obtuvieron votos y escaños en las pasadas elecciones) y que el citado proyecto de ley, que ha tenido entrada en el Parlamento, tendrá que estar congelado por lo menos un mes, antes de que sea debatido por la Comisión de Economía y Hacienda, que preside el ucedista García Añoveros.La razón estriba en que el proyecto de ley para el pago a los partidos tendrá que guardar cola, porque -a pesar de que tanto el PSOE como UCD, AP y PCE consideran urgente el tema- por un acuerdo entre todos los partidos se ha considerado prioritario el debate del proyecto de ley de Reforma Fiscal presentado recientemente por el ministro de Hacienda. Según Fernando Alvarez de Miranda, presidente del Congreso de los Diputados, el retraso en la constitución de las Cortes, que no se le puede achacar a nadie en particular, hará que, en el mejor de los casos, la comisión correspondiente no pueda debatir el tema del pago a los partidos a mediados del mes de septiembre, con lo que éstos no podrán empezar a cobrar las subvenciones oficiales antes del mes de octubre, cuatro meses después de la celebración de las elecciones.

Lo que corresponde a cada partido

Según la tabla elaborada de acuerdo con el decreto-ley de Convocatoria Electoral (un millón de pesetas por escaño conseguido tanto en el Congreso como en el Senado, y 45 y quince pesetas por voto, respectivamente, en cada una de las Cámaras), a la UCD, que se gastó en la campaña alrededor de ochocientos millones de pesetas, le corresponden 656 millones de subvención; el PSOE recibirá.460 millones de los 470 gastados; el PCE, unos cien de los 150 invertidos en la campaña; que superó los mil millones de pesetas de gastos, se reembolsará algo más del 10%, unos 110 millones de pesetas, el PSP recibirá unos cincuenta y la Democracia Cristiana, algo más de veinte millones de pesetas.

No obstante, es deseo, tanto del Congreso de los Diputados como del Ministerio de Hacienda (y en este sentido se manifestaron a EL PAIS los titulares de ambos organismos, señores Alvarez de Miran da y_Fernández Ordóñez, en la mañana de ayer) acelerar en lo posible la tramitación por las Cortes de los créditos especiales. De hecho, Alvarez de Miranda ha convocado para el próximo día 29 a los grupos parlamentarios del Congreso para darles cuenta de una serie de créditos urgentes que tendrán que debatir en las próximas semanas. A esta reunión se espera que asista el ministro de Hacienda o, en su lugar, el subsecretario de Presupuestos del Departamento, señor Barea. «El retraso en la constitución de las Cortes -explicó a EL PAIS el señor Fernández Ordóñez- está perjudicando notablemente el funcionamiento del Ministerio de Hacienda. Por haber sido disparatadamente bajo el presupuesto de este año -ni siquiera se previó que habría elecciones generales y que se darían subvenciones a los partidos, dijo el ministro- el Ministerio de Hacienda se encuentra bloqueado en la actualidad y está funcionando a base de créditos extraordinarios. Por tanto, no me atrevo a dar una fecha, ni siquiera aproximada, de cuándo se les podría revertir a los partidos políticos las subvenciones oficiales.» Por otra parte, el ministro señaló que existe cierta confusión constitucional, al desconocerse hasta el momento si el Senado debatirá asimismo el citado proyecto de ley. En opinión de Fernández Ordóñez debería ser éste un tema exclusivo de la Cámara Baja.

El sueldo de los parlamentarios

Alvarez de Miranda señaló que desde ayer lunes se había intensificado el trabajo de las distintas comisiones del Congreso con las reuniones de las de Economía y Hacienda y Constitución y que para el próximo jueves está prevista la reunión de la comisión de Gobierno Interior de las Cortes, en cuyo orden del día está previsto el estudio del sueldo de los parlamentarios. Aunque el artículo 18 del proyecto de Reglamento no especifica ninguna cantidad, y se limita a decir que los diputados tendrán derecho a «la asignación irrenunciable e irretenible (exenta o no fiscalmente) que se consigne en el Presupuesto del Congreso, así como a pase de libre circulación dentro del territorio nacional», en medios políticos y periodísticos se está barajando la cifra de 80.000 pesetas como sueldo único con un plus para aquellos parlamentarios que tengan acreditada su residencia oficial fuera de la capital de España, con lo que se suprimiría el sistema franquista de dietas.

Hasta ahora los parlamentarios de las Cortes franquistas cobraban 40.000 pesetas como asignación mensual, más un sistema de dietas (mil para los procuradores residentes en Madrid y 1.800 para los residentes en provincias), lo que se prestaba a las más diversas corruptelas y lo que hacía que en aquellos meses en que se amontonaban las sesiones los sueldos de algunos parlamentarios superasen las 70.000 pesetas, como pusieron de manifiesto algunos funcionarios de las Cortes consultados por EL PAIS. En las Cortes anteriores bastaba con firmar una enmienda (aunque no se perteneciese a la comisión) para tener derecho a la asistencia a los debates con el consiguiente abono de las dietas. Las corruptelas consistían en que los procuradores firmaban en el libro de asistencia a las sesiones y no estaban presentes en los debates, con lo que en más de una ocasión hubo de suspenderse las sesiones al solicitar quórum y no estar presentes muchos de los procuradores que habían firmado el libro de asistencias. Otros procuradores que vivían en Madrid tenían fijada su residencia oficial en otra provincia. Además, los procuradores sindicales percibían dieta especial de Sindicatos y la mayoría de los miembros de las Cortes cobraban sueldo del Estado. En razón del cargo que ostentaban ocupaban un puesto en las Cortes. Incluso entre los procuradores familiares había cargos oficiales, tales como ministro o director general. Es evidente pues que estaban bien retribuidos.

Aunque ninguno de los partidos se ha manifestado sobre el tema de la subida de sueldo de los parlamentarios (por considerarlo todos una medida impopular) parece que todos estarían de acuerdo en un principio en revisar el sueldo de los parlamentarios con relación al coste de la vida, manteniendo el sistema de dietas, sin posibilidad de caer en las corruptelas de las Cortes anteriores. De esta forma, diputados y senadores cobrarían la cantidad de 50.000 pesetas mensuales y las dietas serían de alrededor de 1.500 pesetas las más bajas.

Se cree saber que ha habido contactos entre el PSOE y la UCD, para que sea esta última quien lleve la voz cantante en lo que respecta a los nuevos sueldos, por ser impopular por parte de los socialistas la revisión de los mismos. UCD ha manifestado, no obstante, de una manera no oficial que sus parlamentarios estarían dispuestos a no cobrar, mientras que el PSP verían con buenos ojos una asignación anual de cinco millones de pesetas por grupo parlamentario más una subvención de acuerdo con el número de diputados y senadores de cada uno. PSOE y PCE se han adelantado a declarar que, en cualquier caso, el sueldo de sus representantes iría directamente a los partidos y que a éstos se les asignaría un sueldo independientemente de lo que cobren en el Parlamento.