Proyecto de reactivación antiinflaccionista para España

Al incrementar los precios, la inflación, esencialmente, reduce el valor del capital acumulado en el país. Es decir, el país va gastando sus ahorros. La causa suele ser la suma de dos hechos: inversiones excesivas en actividades no productivas (como pueden ser gastos mal aprovechados por la Administración) y créditos excesivos basados en la supervaloración de los medios de producción (verbigracia, subida artificial de valores mobiliarios e inmobiliarios).El sistema clásico para corregir este proceso consiste en reducir los créditos, y los gastos e inversiones del Estado. La devaluación de la moneda es un aspecto indirecto de esta medida. Esto suele conseguir que la cantidad de bienes y de dinero que salen al mercado tiendan a equilibrarse, a precio constante.

Pero este sistema tiene una gravísima desventaja. El reducir los créditos, y los gastos de la Administración, reduce la actividad económica del país. Es decir, origina un empobrecimiento real, que no se corrige sino lentamente gracias al continuo progreso tecnológico del mundo (que puede cifrarse, muy a groso modo, en un 2% por año en un país como España) y a una menor, pero sostenida, inflación. Conviene indicar que una cierta ventaja de aplicar este sistema antiinflacionista es que tanto las empresas como los individuos, y también el Estado, se ven obligados a mejorar su eficacia y a eliminar las formas de actividad menos rentables. Por ello, en el proceso de recuperación hay que contar no sólo con la mejora tecnológica media (verbigracia, 2% p.a.), sino además con un factor, por ejemplo de 5%, debido a la depuración del sistema gracias a una competencia más dura. Este coeficiente tiende a reducirse a medida que mejoran las cosas.

De todos modos el recurso al ahorro y a la contracción de actividad económica como medio de corregir la inflación es evidentemente torpe, y para los sectores más débiles de la sociedad, brutal. Empobrece esencialmente, puesto que paraliza parcialmente la capacidad productora del país, desequilibra los proyectos y programas económicos e implica inestabilidad política. Además, su eficacia correctora depende de que rija economía de mercado pero de hecho, sobre todo en el sector de la propiedad inmobiliaria, el mecanismo oferta-demanda opera sólo parcial y lentamente, en muchos casos.

La verdadera solución a una situación inflacionaria es restringir la cantidad de dinero en el mercado de bienes de consumo y de ciertos servicios, sin detener el aprovechamiento máximo de la capacidad creadora y productora del país. Aunque a primera vista esto parezca contradictorio, pensamos que existe posibilidad de conseguirlo de una manera relativamente fácil; sin necesidad de interferir en la estructuración económico-financiera de la nación.

Método del «dinero aplazado»

Sí parte del dinero de que cada individuo y cada empresa y organismo del país dispone para adquirir bienes, sobre todo bienes de consumo, es retenido por el Estado, y es dedicado por éste a producir bienes de equipo, mejoras en la eficacia funcional del país y la revalorización de bienes ya existentes, el Estado podrá posteriormente devolver ese dinero retenido como producto de la venta de esa riqueza creada (es decir, los bienes de equipo, las mejoras estructurales, y las revalorizaciones).

Aplicando el anterior principio a una situación inflacionaria se podría proceder del modo siguiente. El Estado retendría una proporción de todos los sueldos y beneficios, por ejemplo el 10% durante un período de tiempo que podría ser uno o dos años. Con ese dinero el Estado llevaría a cabo un programa de mejoras en la infraestructura, préstamos y ayudas a industrias nuevas cuyos productos puedan sustituir sobre todo mercancías que ahora se importan, préstamos para construcción de viviendas a precios limitados, mejoras urbanas, corrección del medio ambiente, etcétera. Por consiguiente el potencial humano del país se mantendría ocupado. Pero en cambio el dinero disponible en el mercado libre quedaría reducido, obligando a una progresiva corrección de los precios. Naturalmente los medios productores también tenderían a reducir la producción, intentando mantener o aumentar los precios. Pero en la práctica esta maniobra no tiene demasiado alcance: en parte por aumentar así los gastos generales de la empresa, en parte porque surge un endurecimiento en la competencia, y en parte porque hay grandes sectores de la economía, como son los servicios, que no pueden recurrir a esa estratagema fácilmente.

Queda el problema de la devolución por el Estado de ese dinero retenido, y de evitar que ese aumento del dinero, al ser devuelto, origine una inflación posterior. Esta posibilidad parece fácil de evitar. Parte de dinero retenido no se devolvería en forma de dinero, sino en forma de revalorización de propiedades y servicios. Por ejemplo, la construcción de un parque revaloriza la zona urbana colindante. Parte del dinero se devolvería a plazos, más intereses. Por ejemplo, el dinero que haya sido invertido en la construcción de viviendas, o en la mejora de bienes de equipo de ciertas empresas. Además es de suponer que las inversiones realizadas por el Estado con el dinero retenido tendrán un efecto positivo en la capacidad productora del país. Por ello, al volver parte de ese dinero al mercado, encontrará una contrapartida en la mejor situación industrial y económica del país.

El procedimiento para llevar a cabo este «préstamo obligado» sería sencillo. El Estado abriría cuentas congeladas en el Banco de España a favor de cada uno de los implicados en el préstamo. El 10% más interés sobre todas las nóminas y otros beneficios se pagarían a cada interesado en forma de ingreso a estas cuentas en el Banco de España.

El Estado se comprometería a devolver estos ingresos al cabo de un cierto período de tiempo, verbigracia, uno o dos años. Como decíamos antes, el Estado encontraría el dinero para ello, cobrando las revalorizaciones realizadas en propiedades y servicios, cobrando la devolución de préstamos a empresas y a compradores de viviendas, etcétera. De todos modos, quedaría una cantidad remanente, que el Estado tendría que ir recuperando mucho más despacio. Esta cantidad se cubriría por medio de un empréstito. Por consiguiente la devolución de estas cuentas congeladas no pondría en circulación súbitamente una cantidad correspondiente de dinero, ya que el Estado recuperaría si multáneamente esa misma cantidad al cobrarse los anteriores préstamos, mejoras, ayudas, etcétera, y al enjugar el saldo por medio de un empréstito.

Aplicación concreta del método «dinero aplazado» a la situación actual de España

El éxito o fracaso del «dinero aplazado» como medio de corregir radicalmente el proceso inflacionario de una economía dependerá de cómo invierta el Estado, el dinero aplazado. En la situación actual de España, dentro de varias posibles combinaciones, vamos a proponer una que nos parece equilibrada, muy factible, y con una excelente repercusión en el bienestar y economía del país. Además la solución que proponemos tenderá a aprovechar sobre todo las industrias del país que ahora tienen menos ocupación, es decir, la construcción y la agricultura.

Se supone un producto nacional bruto del orden de seis billones de pesetas. Se adopta un coeficiente de dinero aplazado del 10%, pero se estima que en la práctica no se podría recuperar más de 330 a 350.000 millones de pesetas, ya que hay muchas formas de ingresos particulares sobre todo en las profesiones liberales y en los negocios con una contabilidad impresica, donde es difícil determinar los verdaderos beneficios.

Hemos escogido diez partidas en las que distribuir el dinero aplazado de un año. En la realidad, sin duda se haría una distribución más afinada y compleja, apoyándose en un conocimiento más detallado de las situaciones y necesidades del país. Sin embargo, la distribución que se propone aquí debe servir para dar una idea concreta de cómo con vendría invertir este dinero, para que su repercusión positiva sobre la economía y el bienestar social sea claro y eficaz. Las diez partidas y el dinero dedicado a cada una de ellas son como sigue:

1. Construcción de nuevas escuelas e institutos: 30.000 millones.

2. Ampliación y mejora de la infraestructura urbana en las zonas periféricas de las ciudades, para mejorar su crecimiento racional: 20.000 millones.

3. Compras y expropiaciones (pagadas a su verdadero valor en el mercado) de unos 10 millones de metros cuadrados alrededor de Madrid, Barcelona y otras capitales, para la creación de grandes parques y zonas de recreo (parte del dinero se dedicaría a comprar manzanas menores, dentro del casco urbano, para descongestionarlo): 50.000 millones.

4. Préstamos a cooperativas de casas baratas, que se venderán o alquilarán sin beneficio a familias con ingresos bajos. Esta medida tenderá a reducir la enorme inflación en el actual valor de las viviendas. Esta, cantidad permitiría poner en el mercado a precio de coste de 50 a 70.000 viviendas en un año, además de las que normalmente se construyen: 50.000 millones.

5. Apoyo al desarrollo de la industria electrónica y maquinaria e instrumentos muy avanzados: 40.000 millones.

6. Apoyo a nuevas cooperativas agrícolo-pecuarias dotadas de sus propios sistemas intermediarios de distribución a los detallistas. El desarrollo de un sistema de distribución independiente de productos del campo, en forma de cooperativas, directamente a los detallistas y consumidores, sin duda sería un gran estímulo a los pequeños agricultores, que podrían organizarse en cooperativas, y disfrutar de una mayor participación del precio de venta final: 30.000 millones.

7. Apoyo a las industrias pesqueras y conserveras del país, sobre todo en el sentido de ayudarles a mejorar la calidad, presentación y comercialización de sus productos.

España, al ser una gran productora de frutas y tener un suficiente desarrollo industrial, y mano de obra relativamente baja, debería ser capaz de fabricar y exportar dulces, mermeladas y zumos en grandes cantidades. Pero para ello es necesario que la calidad sea inmejorable: 30.000 millones.

8. Apoyo a productos típicamente españoles, como el aceite de oliva, vinos de gran calidad y quesos; pero condicionando el apoyo a que se mantenga la máxima calidad y se promocione y proteja la producción artesana: 15.000 millones.

Nota: Los apartados 6, 7 y 8 podrían coordinarse.

9. Ayuda a la base tecnológica, y a los departamentos de investigación aplicada de las empresas que más lo necesiten y lo puedan aprovechar, para así tender a independizarlas de patentes y moldes extranjeros y ayudarles a mejorar sus productos: 15.000 millones.

10. Creación de centros recreativo-culturales, en los barrios de las ciudades, y sobre todo en los pueblos. Suponiendo un presupuesto de ocho millones por centro se podría instalar uno en la mayoría de los pueblos grandes y barriadas populares: 40.000 millones.

El presupuesto total para este proyecto, para un período de un ano, es de 330.000 millones de pesetas. De los apartados propuestos casi todos serían rentables, y el Estado podría recuperar la inversión en el transcurso de pocos años. Por ejemplo, los apartados 2 y 3 revalorizarán grandemente las zonas afectadas. El Estado reservaría el derecho de cobrar un canon de plusvalía a los propietarios de terrenos y edificaciones beneficiadas por los proyectos 2 y 3. Este canon, en unos cinco años, recuperaría el dinero invertido. Igualmente, en el apartado 4, el Estado recuperaría íntegramente el dinero invertido al vender o alquilarse las viviendas. En cuanto a los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 aparte del beneficio indirecto, resultante de una mayor y mejor industrialización del país, las empresas beneficiadas podrían comprometerse a ir devolviendo lentamente los préstamos recibidos, una vez que las ayudas hubieran surtido los efectos deseados. En el caso de los apartados 1 y 10 también podrían recuperarse a más largo plazo las inversiones, en parte cobrando pequeñas suscripciones a los usuarios (excepto los menos pudientes), y en parte pasándolo a cuenta del presupuesto de los ayuntamientos, y distribuido en varios años.

Comparación de dinero aplazado con el simple aumento de impuestos

El método de dinero aplazado que proponemos podría compararse a un simple aumento de los impuestos por el Estado, para así reducir el dinero disponible en el mercado, y en cambio permitir al Estado invertir ese mayor ingreso en obras y bienes de equipo que beneficiarían a largo plazo a todo el país. Sin embargo, el dinero aplazado y un simple aumento de impuestos son procedimientos muy distintos, con consecuencias y posibilidades también muy dispares. En nuestro sistema, el dinero que se retiene se devuelve íntegramente, en forma de dinero o su equivalente, y dentro de un plazo corto, como pueden ser dos o tres años, aunque para esto el Estado tenga que hacer un empréstito. Por ello hay dos ventajas inmediatas: una es que el contribuyente no resiente tanto el sacrificio; la otra es que la economía general del país sabe que puede anticipar esa entrada de capital al mercado dentro de un plazo limitado. Hay otra ventaja, quizá no menos importante, a la larga. Como el Estado tiene que devolver el diner retenido, se ve obligado a invertirlo en proyectos e iniciativas claramente rentables, a un plazo no demasiado largo.

En la práctica, un aumento radical de los impuestos, para reducir gastos de consumo y de inversión particular, tiene los grandes inconvenientes siguientes. Sobre todo: la clase obrera y todos los que cobran sueldos, quienes en la práctica son los que sufren más inexorablemente los aumentos de impuestos, difícilmente aceptan estos sacrificios. Ello puede llevar a huelgas y problemas políticos. Además tiende a reducir las inversiones en bienes de equipo y en nuevas iniciativas por la industria privada. Finalmente, el Estado suele emplear los incrementos de impuestos en proyectos ad hoc, muchos de los cuales son poco rentables. En cambio, si el dinero que se retira de las nóminas y de los beneficios de empresas es con promesa de devolución, todos los asalariados, e incluso las empresas, saben que no sufren ninguna pérdida. Simplemente se les obliga al ahorro.

Hay otra diferencia importante. Debido a las complejidades e imprecisiones de la contabilidad, tanto de las grandes empresas como de los pequeños industriales, en muchos casos es mucho más difícil cobrar los impuestos a los «capitalistas» que a los asalariados. Ello lleva a injusticias, y a la dificultad de cobrar todo lo que se pretende cobrar. En cambio, adoptando el sistema de dinero aplazado, a las empresas pequeños industriales, y profesionales liberales el Estado puede cobrarles «cantidades aproximadamente evaluadas» por el Estado. Como las cantidades van a devolverse, junto con un interés razonable, no es demasiado importante que las cantidades evaluadas puedan en algún caso pecar de exceso.