El Gobierno de Portugal se enfrenta a los intermediarios mayoristas
El Gobierno portugués ha decidido fijar precios máximos para la venta al consumidor de las frutas más corrientes, como naranjas, melones, uvas, peras y manzanas, y limitar los márgenes de beneficios de los intermediarios y mayoristas.
La Dirección General de Abastecimientos y Precios ha reconocido que, unos días después de la entrada en vigor de los precios obligatorios, éstos no son respetados. La uva de mesa, cuyo precio oficial es de unas cuarenta pesetas el kilo, escasea o aparece a precio doble o triple. El pequeño comercio se justifica acusando a los mayoristas.Las autoridades amenazan con multas y con ventas directas al consumidor y los comerciantes de Oporto acaban de anunciar que, en tales circunstancias, no tienen más remedio que decretar el boicot a la venta de frutas.
Para las amas de casa que asisten impotentes, pero no calladas al alza vertiginosa de los precios alimentarios, esto no es más que un nuevo episodio de la guerra sorda, pero sin cuartel, iniciada hace años, por el poderoso clan de los intermediarios y distribuidores.
Con el turismo y la concentración, sobre las playas del Sur, de centenares de miles de veraneantes nacionales y extranjeros, el comercio interno portugués ve agravarse todas sus debilidades estructurales. Atomizado, mal equipado y servido por una red de transportes y distribución dominada por una auténtica mafia, cuyos poderes parecen haber crecido y multiplicado después del 74, es una auténtica selva propicia a todas las guerras de guerrilla: guerra de la leche, guerra del pescado, guerra de la carne, y ahora, guerra de la fruta.
Los resultados económicos están a la vista: el consumidor paga cada vez más caro, sin tener nunca la seguridad de un abastecimiento regular. Los pequeños productores ven sus ingresos menguar en razón de crisis cíclicas de sobreproducción, artificialmente creadas.
Pero no es únicamente el afán de lucro lo que dicta la conducta de los «tiburones» del comercio y de la distribución. El descontento de los consumidores y productores produce abundantes dividendos políticos. Es, sin duda, el argumento más contundente de todos aquellos que atacan al Gobierno por incapaz y demagógico. Ya se habla inclusive de corrupción.
El Gobierno, consciente del peligro de la situación, intenta evitar que los sindicatos, por un lado, y los gremios, por el otro, capitalicen a favor de las oposiciones de izquierda y derecha, respectivamente, el descalabro del comercio interno. Trata de estimular las cooperativas de productores y consumidores e intenta echar mano de una de las estructuras heredadas del régimen corporativo: las juntas nacionales (de la fruta, de los productores pecuarios, del vino, etcétera), organismos creados por Salazar para regular y controlar el mercado,
Pero, de facto, estos organismos, lejos de trabar la actividad de los intermediarios, hace decenas de años que se han convertido en poderosos instrumentos de los mismos. Antonio Barreto, en la toma de posesión de los nuevos presidentes de la Junta Nacional de Frutas, ha prometido medidas drásticas para acabar con los parásitos, moralizar al sector y potenciar la venta directa.
