La Bolsa y los bancos

EN LA sesión de ayer martes, 2 de agosto, el índice general de cotizaciones de la Bolsa de Madrid descendió casi dos puntos. Al concluir, dicho índice reflejaba una baja de casi veinticinco enteros desde comienzos de año. Descenso tan pronunciado ha originado pérdidas de capital muy importantes entre los millones de españoles que, por una u otra razón, han invertido en Bolsa, y justifica la preocupación con que las autoridades económicas observan la situación. Una pregunta está, sin embargo, en la mente de todos, especialistas y profanos, ¿semejante descenso está justificado en base a los datos puramente económicos, o cabe aceptar otro tipo de interpretación? La interrogante no es artificiosa si se relaciona con las noticias de que algunos bancos están comenzando a aplicar una política crediticia muy dura.Ante todo, lo que salta a la vista es que desde el día siguiente al que el Gobierno dio a conocer su declaración programática y anunció las líneas generales de su actuación económica, el índice de la Bolsa de Madrid ha bajado casi nueve puntos. Antes había necesitado prácticamente cuatro meses para alcanzar un descenso equivalente. No faltan razones económicas que expliquen el desánimo de los inversores. La situación sigue siendo mala y no cabe esperar que las empresas consigan realizar este año beneficios suficientes para asegurar saneados dividendos el próximo ejercicio, el descenso ininterrumpido es causa de pérdidas de capital y, además, la subida de los tipos de interés, recientemente decretada, no podía por menos que influir de forma negativa en las cotizaciones.

Pero cabe preguntarse si, además de estas causas estrictamente económicas, no están empezando a hacer su aparición fenómenos y actitudes extraeconómicos. Hay que desechar, desde luego, las teorías conspiratorias, pero sí cabe admitir que grupos importantes de presión, en función de la defensa de unos intereses muy legítimos en principio, estén planteando lo que pudiéramos denominar un «reto» al Gobierno. Para entenderesta hipótesis habría que tener presente cuáles son las medidas adoptadas por éste y cuáles las contrapartidas a obtener en esa pugna: impuesto sobre el patrimonio, creación del delito fiscal, levantamiento del secreto bancario.

Este último punto enlaza con otra de las zonas más delicadas de la actual coyuntura financiera: la situación de liquidez de los bancos y los rumores de restricciones crediticias que algunos de ellos parecen estar aplicando.

Con anterioridad a las elecciones generales del pasado 15 de junio, algunos bancos, grandes y medianos, adop taron una actitud de prudente espera que se tradujo en un cierto grado de racionamiento de créditos. Esos bancos querían saber hacia dónde se decantaban las preferencias políticas de los españoles, y prefirieron no comprometer se demasiado. Los resultados electorales, que dieron una composición de las Cortes propia de un país política mente muy maduro, hizo pensar que la amenaza de las restricciones crediticias se disiparía. Parece que no ha sido así. ¿Razones?

En su declaración programática, el Gobierno reconoció la necesidad de desacelerar el ritmo de crecimiento del dinero como medio de luchar contra las tensiones inflacionistas. Días después, el gobernador del Banco de España se reunía con los banqueros, a los que, presumiblemente, explicaba con cifras los planes del Gobierno en ese campo. Sin embargo, hace escasas fechas, un diario madrileño de la manana publicaba un artículo en el cual se aventuraba la afirmación de que la política de liquidez del Gobierno y del Banco de España podría acarrear el cierre de numerosas empresas. Aun cuando la tesis del artículo se basaba en una interpretación equivocada de una medida legislativa -la descongelación de la contrapartida de los incrementos en los depósitos en pesetas convertibles- hizo sensación en la Bolsa y aquella mañana numerosos bancos no conseguían cotizar.

Por otro lado, a pesar de momentos ocasionales de tensión -menos frecuentes y menos agudos que en las mismas fechas del año pasado- el mercado monetario no parece reflejar una situación angustiosa de liquidez que justifique por parte de los bancos una revisión brusca de su política crediticia. Los rumores dedificultades crecientes por parte de empresas que se encuentran con una rotunda negativa a descontar efectos crecen, sin que se vea, sin embargo, una razón muy clara para ello.

La situación exige, creemos, una clarificación rápida y completa. Cierto que los bancos son empresas privadas como cualquier otra, pero la existencia de una legislación especial les otorga unos priviregios que les obligan a ser especialmente claras y consecuentes en su política crediticia. Esa claridad debe manifestarse en la exposición pública de sus opiniones sobre la situación y sobre la política económica del Gobierno, discrepando cuanto sea preciso, perci renunciando a cualquier otra forma de actuación. El Gobierno, por su parte, está obligado a informar a la opinión pública sobre la situación económica y social -en ese sentido son urgentes las intervenciones del ministro de Hacienda ante las Cortes y del vicepresidente para Asuntos Económicos ante las cámaras de RTVE- y a dar cuenta de cuáles van a ser las líneas de actuación en esos temas que hoy preocupan al país -política monetaria, política fiscal, medidas contra el paro-; éste tiene derecho a sentirse confiado y a saber qué le reserva el futuro.