Toda la oposición vasca contra la extradición de "Apala"

Tres partidos pollíticos vascos -PSOE, ElA (Partido para la Revolución Vasca) y HASI (Partido Popular Socialista Revolucionario)- han comunicado al ahogado donostiarra Miguel Castell su propósito de asistir el próximo martes en Aix-en-Provence a la vista judicial que se va a seguir contra Miguel Angel Apalategui por demanda de extradición del Gobierno español. La presencia de estos observadores políticos pretende oponerse a que las autoridades francesas accedan a la extradición de Apala.

La actitud de los partidos políticos vascos que antes de las elecciones constituyeron la denominada «oposición democrática» aparece en cierto modo dividida en torno al caso Apala, aunque todos ellos, desde el PNV hasta la izquierda más radical, se han manifestado públicamente en contra de la extradición.En este sentido puede citarse el documento hecho público por el Consejo regional de Guipúzcoa del PNV, que ha hecho suya la petición que los parlamentarios vascos formularon al Gobierno francés de que no acceda a la extradición de Apala «en virtud de su condición de preso político».

Pese a suscribir esta postura, el PNV no ha considerado en ningún momento la posibilidad de mandar a ningún observador al juicio y al propio tiempo ha decidido también no apoyar la manifestación en favor de Apala, que numerosas organizaciones políticas han convocado para hoy en San Sebastián. El Partido Nacionalista Vasco señala, sin embargo, que hubiera querido participar en dicha manifestación conjunta en contra de la extradición y que a tal efecto intervino ep n las reuniones preparatorias, pero ha decidido en última irístancia retirarse de su convocatoria porque los asistentes a las citadas reuniones rechazaron sistemáticamente unas mínimas normas de orden, que quisieron arbitrar para evitar «cualquier desviación de sus objetivos y garantizar la seguridad de los manifestantesde toda provocación o manipulación».

Este razonamiento es compartido también en líneas generales por el PSOE y PCE, que también se han retirado de esta convocatoria de manifestación, pero incluso entre ellos existe esa diferencia de que el PSOE ha decidido personarse en el juicio, mientras que PNV y PCE consideran que basta con su posición pública en contra de la extradición.Con todo ello son diez los partidos, políticos que en última instancia siguen sustentando la convocatoria de manifestación. Entre ellos figura prácticamente toda la denominada «oposición democrática», a excepción de los tres partidos citados.

Por lo que respecta al posible desarrollo de la vista judicial, el abogado Miguel Castell nos informó ayer que han solicitado la presencia en calidad de testigos del diputado vasco Francisco Letamendia, de varios alcaldes del llamado «grupo de Vergara», y del abogado catalán Marc Palmés. Los alcaldes de Vergara han hecho pública ya su oposición a que Apala sea entregado a las autoridades españolas.

La presencia de Marc Palmés está motivada porque actuó, como abogado defensor de un preso recientemente amnistiado al que se acusaba de haber participado en el atentado contra un guardia civil hecho que también se imputa '~ Apala. Por esta vía, los abogados defensores pretenden demostrar que aquella acción tuvo un carácter político que las propias autoridades españolas reconocenal haber amnistiado al otro de los implicados en dicha acción.Miguel Castell opina, sin embargo, que esta acusación ha sido presentada simplemente para que se mantenga la detención de Apala, y que en todo caso las autoridades españolas no tienen excesivo interés en que prospere, ya que de forma casi automática esta acusación quedaría incluida en la amnistia para delitos políticos anteriores al 15 de diciembre último. No ocurre así con el secuestro y muerte de Ybarra, hecho en el que, a juicio de Castell, se han volcado las autoridades españolas presentando una voluminosa documentación.

El juicio de extradición dará comienzo el martes, a las nueve y media de la mañana, hora en la que el comité pro-Apala, de Marsella, tiene convocada una manifestación ante la audiencia de Aix-enProvence. Contra un posible acuerdo favorable a la extradición por parte del tribunal competente y una ratificación posterior del Gobierno francés cabe un recurso ante el Consejo de Estado, que prolongará el trámite por espacio mínimo de cinco o seis meses. Es probable, por tanto, que sea cual fuere la decisión judicial, el caso Apala no se resuelva definitivamente antes de finales de año.