El martes habrá norma de obligado cumplimiento para la construcción de Asturias

Aplazar la toma de decisiones hasta el martes, en que se dictará definitivamente la norma de obligado cumplimiento para el sector, es el acuerdo al que se llegó ayer en las asambleas de trabajadores de la construcción de Asturias.

Por la mañana, en el último acto de conciliación previo a la promulgación de dicha norma obligatoria, no hubo avenencia entre ambas partes, que rechazaron la propuesta del delegado de Trabajo, consistente en ofrecer el mismo convenio firmado en Zaragoza más del 14 % de aumento. La no aceptación de este convenio por los trabajadores se basa en que parte de su articulado, como las pagas extras, es desfavorable para los obreros asturianos.Si bien el ultimátum de 48 horas dado por los trabajadores de la construcción al delegado de Trabajo para que dictase el laudo para el sector se cumplía ayer, éste solicitó un nuevo margen, hasta el martes a las seis de la tarde, en que dará a conocer dicha norma a los trabajadores y delegados de zona.

Por último y en este compás de espera, ayer se celebró un festival en la plaza de toros de Oviedo. destinado a recaudar fondos para la caja de resistencia de la construcción, que después de tres meses de huega se encuentra muy debilitada.

La Confederación Nacional de Ernpresarios de la Construcción. por su parte. ha remitido telegramas a los ministros de Trabajo, Obras Públicas v Urbanismo, y al vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Economía. en los que dan cuenta de los acuerdos adoptados con relación a este conflicto.

Dichos acuerdos suponen el apoyo incondicional a la patronal asturiana. de la construcción y el requerimiento gubernamental para que intervenga en el conflicto y evite que se impongan condicionamientos económicos sin previo estudio de sus repercusiones en la citada provincia, en el resto del país y en todos los sectores de la producción.

Reclama, asimismo, que la solución que se arbitre tenga en cuenta las declaraciones gubernamentales sobre política económica, así como la consulta por parte del Gobierno a las partes interesadas en el conflicto.