Los policías procesados rechazan la acusación
Dos puntos de vista, reiteradamente expuestos a lo largo del interrogatorio de los procesados y de los testigos, así como de los informes finales del fiscal militar y de los defensores, han constituido el tema central del consejo de guerra celebrado en el día de ayer en el Gobierno Militar de Madrid, en el que comparecieron, acusados de sedición por su participación en la manifestación del 17 de diciembre pasado, cuatro policías armados y cuatro guardias civiles, a saber, el de la acusación que pretendió demostrar que la referida manifestación fue organizada de antemano al menos por algunos de los procesados y que tuvo como finalidad quebrantar la disciplina militar, y el de los defensores, que mantuvieron que la manifestación no fue preparada por ninguno de los encausados, que éstos acudieron a la misma individualmente y que, en última instancia, fue consentida por los mandos que tuvieron previo conocimiento de que iba a producirse.El consejo de guerra comenzó a primeras horas de la mañana y finalizó, tras un breve descanso para comer, a últimas horas de la tarde. El tribunal estaba formado por el presidente, coronel de la Policía Armada Rafael Patero; vocal ponente, comandante auditor Jesús Valenciano Alomyna, que en su día fue juez instructor de la causa
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Los policías procesados niegan carácter sedicioso a la manifestación del 17 de diciembre
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seguida contra un jefe y nueve oficiales de la Unión Militar Democrática (UMD) y los capitanes José Santiago Manzanares, Saturnino Moreno y Antonio Marcos.
Actuó como fiscal el teniente coronel de Artillería David Méndez Mercado, mientras que la defensa corrió a cargo del teniente coronel Barja de Quiroga, los comandantes Miguel Delgado Daza y José Monge Hugarte, y las capitanes Bernardo Vidal, Juan Pérez de la Lastra, Enrique Bobis, Francisco Alvarez y Miguel Caballero. Los cuatro últimos, defensores de los guardias civiles procesados, pertenecen a la Guardia Civil y los restantes a diversas Armas del Ejército de Tierra. Al consejo de guerra asistieron, además de varios periodistas nacionales y algunos extranjeros, un centenar de personas, la mayor parte de ellas familiares de los procesados.
Una gran parte de la sesión de la mañana fue empleada en la lectura del apuntamiento de la causa por parte del juez instructor, así como en la de numerosos folios de la misma, a petición del fiscal y de los defensores.
El apuntamiento consiste en una breve enumeración de los documentos de que consta la causa, dando un breve resumen de los mismos. Por su parte, la lectura de ciertos folios de la causa tiene por objeto exponer detalladamente hechos, datos u opiniones recogidos en el sumario, y que el fiscal o los defensores creen importante exponer a la consideración del tribunal con vistas a montar la tesis acusatoria o de defensa.
Tras la lectura del apuntamiento y de los folios señalados por el fiscal y los defensores, se pasó al interrogatorio de lo! procesados, que se prolongó hasta el final de la sesión de la mañana.
Vestidos de uniforme, los ocho procesados, siete de los cuales se encuentran en libertad provisional desde hace algunas semanas, mientras que uno de ellos se encuentra en prisión desde la fecha de los hechos, hace siete meses, fueron exponiendo al fiscal, al ponente y a los defensores su versión de los hechos. Uno de ellos, Manuel de la Fuente, policía armado, para el que el fiscal pide dos años, por sedición, está también procesado por insulto a superior en otra de las causas a que dio lugar la manifestación del 17 de diciembre, en la cual se depuran responsabilidades por la agresión de que fue objeto en el curso de la misma el entonces general subinspector de la Policía Armada, señor Chicharro. En esta causa, cuya vista no ha sido todavía señalada, a dicho procesado se le piden veinte años de reclusión menor. Los otros procesados juzgados ayer son los siguientes: Severino Escudero, policía armado, al que el fiscal acusa de un protagonismo especial en la manifestación y para el que pide diez años; José García Graña, guardia civil, para el que pide seis años; José Pérez Pérez, Francisco García Hidalgo, Diego Artero y Manuel Rodríguez, los tres primeros guardias civiles y el cuarto policía armado, para los que pide sendas penas de cuatro años, y Cándido García Graña, policía armado, para el que pide un año y medio de prisión.
En resumen, los procesados declararon que el objeto de la manifestación fue entregar al ministro de, la Gobernación (ahora del Interior) un documento con varias reivindicaciones laborales y profesionales que ellos consideraban básicas: subida lineal del sueldo en 10.000 pesetas; ser incluidos en la Seguridad Social; igualdad en la base de los trienios; jubilación al cien por cien y abono de las horas trabajadas fuera de servicio. Los procesados, según manifestaron, tuvieron conocimiento de la manifestación que se preparaba a través de los rumores que corrían en sus unidades y por medio de la radio de los coches-patrulla, que de vez en cuando convocaban a la misma. Dos de los procesados, concretamente José García Macías y Severino Escudero, asistieron el día 12 con unos sesenta o setenta compañeros a la plaza de Oriente, pero finalmente decidieron reunirse en la Casa de Campo para tratar de sus reivindicaciones. Estos dos procesados se refirieron a dos personas que, según ellos, llevaron la voz cantante en la reunión y parecían ser los autores de la convocatoria, pero, de los que no supieron dar ningún dato sobre su personalidad. Cuando el ponente preguntó, al procesado José García Macías quiénes eran estos personajes desconocidos, aquél contestó: «No lo sé, pero iban bien vestidos. Supuse que eran mandos de la Policía Armada y de la Guardia Civil.» Por su parte, a Severino Escudero tampoco le pasó inadvertida la vestimenta elegante de los señores desconocidos, a los que ninguno de los procesados volvió a ver ni en la plaza de Oriente ni frente al entonces Ministerio de la Gobernación. Otro de los puntos que se tocó en el interrogatorio de los procesados fue el de la intervención en la concentración de la plaza de Oriente del secretario del Partido Agrario, que, según la tesis mantenida por el fiscal en el informe final, pasaba circunstancialmente por la zona y dirigió unas palabras a los concentrados. La intervención del citado secretario fue interrumpida por algunos de los presentes, entre ellos por el procesado Manuel Rodríguez Martínez, quien le recriminó su actitud, diciéndole que «ellos eran apolíticos y que sólo planteaban reivindicaciones profesionales».
El procesado Cándido García Graña declaró que habló con el teniente coronel Alcalá-Galiano, que tenía bajo su mando la zona de la plaza de Oriente, a requerimiento de éste, manifestándole dicho teniente coronel que los problemas que planteaban en el documento se deberían discutir en otro sitio. El procesado expuso a los concentrados la propuesta del teniente coronel, pero una parte de aquéllos no la aceptó. Los procesados Diego Artero y Manuel Rodríguez fueron elegidos para entregar el documento al ministro de Gobernación, pero declararon que, una vez entregado al teniente coronel Antonio Eletas en el Ministerio de la Gobernación, recomendaron a sus compañeros que se dispersasen. Manuel de la Fuente por su parte, manifestó que en la manifestación hubo oficiales de paisano, que en ningún momento dieron orden de disolución.
Severino Escudero, el procesado al que se piden diez años al ser acusado de preparar el documento y de leerlo en la plaza de Oriente fue ampliamente interrogado por el ponente sobre la preparación dese escrito y sobre los motivos y circunstancias de su lectura. El procesado declaró que resumió en su casa en un papel, que luego rompió, lo tratado en la reunión de la Casa, de Campo, y que leyó el documento en la plaza de Oriente, porque los allí concentrados querían tener conocimiento exacto de su contenido. El procesado precisó que el documento llegó a sus manos a través de un sobre que le entregó allí mismo una persona desconocida.
Declaran los mandos
Tras el interrogatorio de los procesados, se procedió en la sesión de la tarde a interrogar a los testigos, más de veinte, en su gran mayoría jefes y oficiales de la Policía Armada, que tuvieron a su cargo el mando en la jornada de la manifestación. Entre ellos, declararon el capitán José Díaz de Tuesta, con destino en el Ministerio de la Gobernación; el teniente coronel Alcalá Galiano; capitán Saturnino de Miguel; capitán Martín Sánchez Mimosa; teniente-coronel Antonio Eletas, jefe de Estado Mayor de la Inspección General de la Policía Armada, y teniente coronel Leonardo Sevilla.
El capitán Díaz de Tuesta declaró que los dos portavoces de los manifestantes se comportaron con corrección frente al Ministerio de la Gobernación y que, una vez que entregaron el documento, hicieron todo lo posible para que la manifestación se disolviese. El teniente coronel Alcalá-Galiano manifestó, a preguntas de la defensa, que rumores de manifestación de policías los venía habiendo desde hacía tiempo, de la misma forma qu venía apareciendo también desde hacía tiempo una voz misteriosa en la radio de la policía que preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa de las dietas?, o anunciaba «que a tal hora, en tal sitio». Declaró que dio un plazo de diez minutos, para disolverse a los concentrados en la plaza de Oriente para disolverse, pero que no tuvo necesidad porque se marcharon, aunque él no supon que hacia el Ministerio de la Gobernación. Mientras que el testigo teniente coronel Antonio Elet explicó cómo se hizo cargo, en representación del general inspector, del documento que llevaron los manifestantes hasta el Ministerio de la Gobernación, el también testigo teniente coronel Sevilla declaró que el día anterior estuvo reunido con sus oficiales para estudiar las medidas a adoptar ante la posibilidad de llevarse a cabo manifestación anunciada. Según testigo, en dicha reunión se valoró la situación y se decidió adoptar medidas de inteligencia pero no de fuerza, consistentes en que mandos, vestidos de paisano, acercasen hasta los manifestantes para disuadirles de llevar adelante la manifestación. Reconoció que no dio orden concreta de disolución de los manifestantes y que mantuvo a las fuerzas fuera de contacto directo con los manifestantes por razones de prudencia. Otros jefes y oficiales testigos reconocieron, a preguntas de la defensa, que también tuvieron la misión de vigilar e informar sobre lo q pasaba en la manifestación. El fiscal militar, tras la declaración los testigos, leyó su informe fin elevando a definitivas sus conclusiones provisionales. Por su parte, los defensores solicitaron la absolución de los procesados, llamando la atención sobre el hecho de que sólo ocho personas, de varios cientos que se manifestaron se encontraban hoy en el banquillo. Uno de los defensores declaró, por su parte, que la manifestación era conocida por los mandos, no fue reprimida ni disuelta en ningún momento, y que la misma tenía carácter civil, dado el tipo de reivindicaciones que se planteaban.
Hoy se conocerá el fallo que adopte sobre el caso el consejo guerra.
