Adaptado el acuerdo España-CEE a la Comunidad ampliada

A partir del 1 de julio, a las cero horas, Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca aplican las rebajas arancelarias previstas en el acuerdo comercial preferente España/CEE, de 1970, a los productos originarios de España.

Por parte española se espera en Bruselas la rápida publicación de un decreto que haga lo mismo para los productos originarios de los tres últimos países integrados en el Mercado Común, a los cuales no se aplicaba todavía el acuerdo en vigor desde octubre de 1970.Las rebajas son arancelarias. No se aplican todavía las concesiones no arancelarias (los cupos) cuyo capítulo queda por ultimar entre españoles y comunitarios. Por tal motivo no hubo aún intercambio de cartas entre Madrid y Bruselas.

La extensión del acuerdo de 1970, que era sólo válido para los seis países originarios de la Comunidad, a la totalidad del territorio de la CEE de los «nueve» se inscribe en una fecha histórica para Europa. El 1 de julio de 1977 aporta la eliminación total de las barreras tarifarías entre los «nueve» de la CEE y los países de la zona europea de libre cambio (EFTA). España, que no está integrada en ninguna de las dos organizaciones, participará sólo parcialmente, a través de su acuerdo con la CEE, en el amplio mercado de libre circulación que rige en toda Europa para los productos industriales.

Volviendo al caso específico de la adaptación del acuerdo España/CEE, la negociación continúa abierta en el capítulo de concesiones no tarifarias. Quedan por aceptar, por parte de la CEE, algunos de los cupos de las 84 partidas arancelarias preferentes que España ofrece a la CEE. Por su parte, España acepta los cupos concedidos por los «nueve», entre los que destacan vinos, productos petrolíferos refinados y productos agrícolas.

Para la agricultura la CEE acepta prolongar el «statu quo» de que se benefician algunos productos agrícolas españoles destinados al mercado británico, irlandés y danés. Sin embargo, se fija la fecha tope del 31 de julio para encontrar una solución.

A lo largo de este mes debería realizarse el intercambio de cartas que suponga la culminación total del proceso de extensión del acuerdo, tanto en lo tarifario, arreglado ya, como en lo no tarifario.

Es evidente que la falta de una política clara por parte de España -debida, en parte, a los problemas derivados de la formación de Gobierno después de las elecciones del 15 de junio- dificultan algo las cosas e impiden a los negociadores españoles en Bruselas obrar desde posición de fuerza, para que los comunitarios aceleren los temas.

La situación debería cambiar con el nuevo Gobierno español, de raíces democráticas, que le permitan plantear las cuestiones a fondo y aportar todo su peso moral en unas negociaciones que han sido imposibles de resolver satisfactoriamente para España, hasta el momento.

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