El Gobierno aprobará la reforma administrativa, a pesar de los funcionarios

Después de muchas vacilaciones, el Gobierno parece que concluirá su mandato con la aprobación -que se producirá el próximo lunes en el Consejo de Ministros que por fin fue convocado ayer- de la medida quizá más trascendente de las dictadas por el actual Gabinete: la reforma administrativa. Adolfo Suárez, tras haber acallado las críticas de la Oposición por el procedimiento empleado para hacer lo que él denomina reestructuración interna, se esfuerza ahora por asegurar a los funcionarios el respeto a su situación.

La agencia Cifra recogía ayer de fuentes que no citaba que la reforma administrativa garantizará con toda seguridad el status y los derechos adquiridos de todos los funcionarios que integran la Administración Pública del Estado.Sin embargo, las protestas de los funcíonarios de diversos departamentos -de las que hemos venido informando en estas páginas- estuvieron a punto de dar al traste, junto a,los escrúpulos políticos de algunos sectores del propio Gobierno, con la reforma administrativa que coronará el año escaso de gestión del actual Gabinete.

Por lo que se refiere a los escrúpulos políticos citados, fuentes solventes nos manifestaron que en altas esferas de la Administración se entendía y, en cierto modo, se compartía la preocupación expresada por el líder del partido Socialista Obrero español, Felipe González, ante el propósito gubernamental de no pasar por las nuevas Cortes la medida en proyecto. Otras fuentes, éstas de Unión de Centro Democrático, nos hicieron ver la inconveniencia de un debate parlamentario sobre un terna tan arduo como la estructura de la Administración, así como pusieron de manifiesto que en algunos países democráticos, corresponde al Gobierno la decisión sobre la organización del Gabinete.

En estas últimas fuentes se estimó demasiado rígida la exigencia franquista, establecida en el artículo tercero de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de,que «toda variación en el número, denominación y competencia de los diversos departamentos ministeriales, y la creación, supresión o reforma sustancial de los mismos se establecerá por Ley ».

Para obviar esta exigencia de una ley, el Gobierno Suárez intentó, desde su constitución, instrumentar alguna fórmula viable para deslegalizar -es decir, dejar de exigir una ley votada en Cortes- la reforma administrativa. El decreto-ley de 8 de octubre de 1976 sobre medidas económicas incluyó en su artículo 26 lo siguiente: «Con objeto de obtener una mayor economía en los gastos públicos y una mayor eficacia en la gestión de los servicios, el Gobierno, a propuesta de su presidente, podrá acordar la supresión, refundición o reestructuración de los departamentos ministeriales y de los organismos y servicios de la Administración del Estado e institucional, cualquiera que sea el rango de la disposición por la que fueron creados o están regulados.»

Reforma por decreto

Con todo, subsisten en algunos sectores de la propia Administración los escrúpulos ante esta habilidad del Gobierno, que se considera de recibo para hurtar la consideración sobre la reforma administrativa a las Cortes franquistas, pero no a las Cortes democráticas.Por otra parte, frente a lo que se ha declarado de que la reforma citada se ría realizada por decreto-ley, será suficiente el decreto, siempre que el Gobierno se remita al decreto-ley de 8 de octubre, y con el único requisito de que la nueva ,estructura de la Administración suponga economía en los gastos públicos.

Sobre la fórmula concreta de: reforma que adoptará el lunes el Gobierno Suárez, no existían ayer datos fidedignos, por cuanto las filtraciones de los diversos borradores manejados por el Gabinete eran en algunos puntos contradictorias.

Entre los puntos que parecen. seguros figura la creación de un solo departamento de Defensa aunque su figura todavía no es seguroque sea el Ministerio o la permanencia de la vicepresidencia para Asuntos de la Defensa, constituyéndose en secretarías de Estado los actuales Ministerios del Ejército, Marina y Aire.

Asimismo, parece corrfirmarse la existencia de una única vicepresidencia -política o económica, ése extremo no está decidido- y las carteras de Asuntos Exteriores, Gobernación, Educación, Justicia, Obras Públicas y Comunicaciones, Sanidad y Seguridad Social, Comercio y Turismo, Bienestar Social, Cultura, Empleo y Hacienda. Las atribuciones de este último Departamento dependerán de la creación o no de un superministerio -o vicepresidencia- para laEconomía.

En muchos aspectos, la reforma administrativa, cuya formulación jurídica ya está concluida, variará de acuerdo con las personas que Adolfo Suárez está todavía barajando para los diferentes cargos. Concretamente, las características profesionales y políticas de Enrique-Fuentes Quintana y de Francisco Fernández Ordóñez -dos de los hombres que parecen seguros para regir la política económica- podrían modificar el contenido de la reforma administrativa, en cuanto a las carteras económicas, para adaptarlo al rendimiento más óptimo de ambos.

En cuanto a la continuidad de algunos de los actuales miembros del Gobierno, un rumor que corrió ayer fue de signo contrario a los que habían circulado en días anteriores: Alfonso Osorio ocuparía una cartora en el nuevo Gobierno y cesaría, en canibio, Marcelino Oreja. Tales rumores no pudieron confirmarse anoche, y en círculos políticos solventes, tanto gubernamentales como de UCD, se dudaba de su verosimilitud.