Posible solución del conflicto de funcionarios de prisiones

Los encierros de funcionarios de prisiones son mínimos y no afectan al normal desarrollo de los servicios en los centros, declaró el director general de Instituciones Penitenciarias a EL PAIS. El problema de este personal quedó prácticamente resuelto, según el director general, con la ley de 23 de mayo último que supuso la desaparición del Cuerpo de Auxiliares de Instituciones Penitenciarias y su integración en un Cuerpo de Ayudantes de Prisiones de nueva creación, al tiempo que se les respeta la titulación y derechos adquiridos.El nuevo cuerpo supone la exigencia de mayor titulación para quienes ingresen, y, en consecuencia, un mayor coeficiente para las retribuciones salariales. Este coeficiente, según el director general, se va a establecer de forma inmediata en Consejo de Ministros, el decreto está prácticamente ultimado en Hacienda. La dirección general pide a los funcionarios que tengan un poco de paciencia ya que la aprobación del coeficiente es cuestión de días, y tendrá efectos retroactivos a primero de enero.

La Dirección General, según manifestó su titular, ha encomendado a grupos de trabajo el estudio de un nuevo reglamento laboral, que se consultará a los funcionarios. En cuanto al reglamento de servicios, que afecta a los internados, «ha sido preocupación de esta dirección general desde que yo llegué, se ha consultado a eminentes catedráticos de derecho penal, y puedo asegurar que ya está prácticamente ultimada su modificación parcial».

Se han producido encierros de funcionarios, según datos facilitados por la Dirección General, en Barcelona, Murcia, Burgos, Córdoba, Jerez y Cartagena.

El subsecretario del Ministerio de Justicia, que recibió a un grupo de representantes de los auxiliares de prisiones de la zona centro, que habían acudido infructuosamente a entrevistarse con el director general de Prisiones, les aseguró que el ministro de Justicia tenía intención de que el próximo Consejo de Ministros, que tendrá lugar el martes, apruebe un coeficiente del 2,9 para este personal. El grupo de funcionarios manifestó a EL PAIS que a la vista de las promesas del subsecretario no tomarían, en la zona centro, ninguna medida de presión hasta después del martes.

En España hay 2.800 funcionarios de prisiones que están cubriendo jornadas laborales de 56 horas semanales y que reivindican, además de una reducción del horario, unas nuevas normas sobre peligrosidad y nocturnidad en el desempeño de sus funciones.