Comienza la reestructuración de las fuerzas de Orden Público

El Gobierno aprobó ayer un decreto sobre demarcación territorial y funcional de las fuerzas de orden público, así como estudió varios proyectos de normas que afectan a la policía gubernativa. Otros de los acuerdos más destacados del Consejo de Ministros que presidió Adolfo Suárez en el palacio de la Moncloa, se refieren a la creación del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, y a facilitar la plena operatividad de la libertad de asociación sindical, poniendo fin a la sindicación y a la cuota sindical obligatoria.

Al comienzo de la reunión gubernamental -de excepcional duración, casi once horas, con algunas interrupciones-, se acordó expresar el agradecimiento a Torcuato Fernández-Miranda por su labor como presidente de las Cortes, así como felicitarle por las distinciones de que ha sido objeto.La demarcación territorial y funcional de las fuerzas de orden público tiene como consecuencia -según la información oficial facilitada- que la policía gubernativa actuará en las capitales de provincia y en aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes. Se fijan las funciones de vigilancia y protección asignadas a cada uno de los cuerpos, y se prevé la modificación del Reglamento de Armas y Explosivos. La Policía Armada y la Guardia Civil prestarán sus servicios de uniforme, como regla general, con excepciones previstas reglamentariamente.

Sobre el tema de la excarcelación de presos políticos -que se esperaba con gran interés en la opinión pública-, la ampliación de la referencia no aclara el alcance de los «expedientes de extradición, indulto y libertad condicional».

Entre los demás acuerdos, de contenido administrativo y económico-social, destaca también la aprobación de un decreto-ley para la plena operatividad de la libertad de asociación sindical, cuyo alcance tampoco se detalla, si bien se especifica que, con esta norma, el Gobierno adapta su legislación interna a los convenios internacionales.

La norma citada pone fin a la sindicación obligatoria y a la cuota sindical, y asimismo aborda la reconversión del organismo autónorno de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), y la transferencia de servicios al Estado, así como el régimen jurídico de los funcionarios sindicales, con garantía de sus derechos profesionales y la autorización al Gobierno para la reforma de las estructuras sindicales.

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